Patricia Ortega Lozano

Expediente 269/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
269/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Patricia Ortega Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos sin mayor trámite el oficio 23, signado por la agente del Ministerio Público adscrita a los juzgados Civil, Familiar y Penal de Huejotzingo, Puebla, con el que realiza diversas manifestaciones en relación con el oficio 607/2019-3 de este índice, cuyo acuse de recibo se le requirió en acuerdo de veintisiete de agosto del año en curso (foja 1374); lo anterior, cuenta habida que la pieza postal atinente a la notificación de dicho comunicado ya obra en autos de este controvertido constitucional (foja 141). Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de julio al dieciséis de agosto del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; en consecuencia, devuélvase el billete de depósito N 685237, debidamente endosado a favor del quejoso, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que envió la autoridad responsable Juez de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en apoyo a su informe justificado, consistente en el duplicado de la causa penal 20/2016 de su índice, devuélvasele la misma. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable en cita, a efecto de que acuse el recibo correspondiente respecto a la recepción del duplicado de la causa penal 20/2016 de su estadística. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DOS DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintinueve de julio al dieciséis de agosto del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; en consecuencia, devuélvase el billete de depósito N 685237, debidamente endosado a favor del quejoso, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que envió la autoridad responsable Juez de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en apoyo a su informe justificado, consistente en el duplicado de la causa penal 20/2016 de su índice, devuélvasele la misma. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable en cita, a efecto de que acuse el recibo correspondiente respecto a la recepción del duplicado de la causa penal 20/2016 de su estadística. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada (autoridad) en proveído de tres de julio de dos mil diecinueve (foja 115), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que desahogaran dicha vista. Por ende, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinte de mayo de dos mil diecinueve (fojas 74 a 86), se concedió el amparo a Patricia Ortega Lozano, en los siguientes términos: ".Efectos de la concesión del amparo. Toda vez que en el considerando octavo de esta resolución, con fundamento en los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se ha concedido el amparo y protección de la justicia federal a Patricia Ortega Lozano, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, la Jueza Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en el proceso penal 20/2016, de su índice: 1. Dejará insubsistente la determinación de veintinueve de enero de dos mil diecinueve. 2. Emitirá una resolución en la que declare su incompetencia para conocer de las peticiones hechas valer por la quejosa y remitirá el escrito de la quejosa presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, al juez de ejecución de sentencia competente para su conocimiento; y 3. Notificará de manera personal dicha determinación a Patricia Ortega Lozano." (Foja 85). En acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 95 a 97), se declaró que tal sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 480/2019, de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la Jueza Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, envió a este órgano de control constitucional, copia certificada de la resolución de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 20/2016 de su índice, y se advirtió que: 1. Dejó insubsistente la determinación de veintinueve de enero de dos mil diecinueve; 2. Dictó una resolución en la que declaró su incompetencia legal para conocer de las peticiones hechas valer por la quejosa en su escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve. 3. Ordenó remitir dicho escrito al Juez de Ejecución de Sentencias en el Estado de Puebla, competente para su conocimiento; y, 4. Notificó de manera personal dicha determinación a la quejosa Patricia Ortega Lozano. (Fojas 103 a 107). En atención a lo señalado por la autoridad responsable, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se le requirió para que dentro del término de veinticuatro horas, remitiera copia certificada del acuse de recibo del oficio que giró al Juez de Ejecución de Sentencias en el Estado de Puebla, competente, del que se advierta que ordenó enviarle el escrito de la quejosa presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 20/2016 de su índice. En cumplimiento a dicho requerimiento, la responsable envió el oficio 502/2019, al que adjuntó copia certificada del acuse de recibo del oficio 494/2019 que giró al Juez de Ejecución de Sentencias en el Estado de Puebla, competente, del que se advierte remitió el original y segundo duplicado del proceso penal 20/2016 de su índice, en el que precisó que se encuentra integrado el escrito de la quejosa presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la referida causa penal. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la Jueza Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla en la causa penal 20/2016 de su índice: 1. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la determinación de veintinueve de enero de dos mil diecinueve (foja 105); 2. Declaró su incompetencia legal para conocer de las peticiones hechas valer por la quejosa en su escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve. 3. Ordenó remitir dicho escrito al Juez de Ejecución de Sentencias en el Estado de Puebla, competente para su conocimiento; y, 4. Notificó de manera personal dicha determinación a la quejosa Patricia Ortega Lozano (foja 106). En tal virtud, es evidente que la mencionada Jueza, acató cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.

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