Patricia Rios Cantu

Expediente 131/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
131/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Patricia Rios Cantu

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 26 y 27), mismo que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por la quejosa Patricia Ríos Cantú; y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, autorizando para recibirlas, a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Hágase saber a la ocursante, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte la inexistencia de los actos reclamados por la quejosa Patricia Ríos Cantú, a las autoridades que fueron señaladas como responsables -como enseguida se evidenciará-, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa, mediante escrito recibido el doce de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, turnado el mismo día a este órgano federal, la quejosa Patricia Ríos Cantú solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos atribuidos al 1. Fiscal General del Estado de Puebla [en su denominación correcta] y, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que hizo consistir en: La orden de presentación y, su ejecución. En ese orden, mediante proveído de trece de febrero del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla [en su denominación correcta] y, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados [fojas 14 y 21]; sin que hasta la data de este proveído, la quejosa haya aportado prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas; por tanto, se tiene por inexistentes los actos reclamados a las citadas autoridades. En consecuencia, al no existir los actos reclamados en esta vía de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro IUS: 1002350; bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En ese sentido, es menester señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resulta notoria, manifiesta e indudable, la causal de sobreseimiento mencionada y la misma no puede desvirtuarse con ningún otro elemento de prueba; de ahí que no exista la necesidad de esperar a la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitara hasta su conclusión, el asunto llegaría a la misma conclusión, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, registro IUS: 184 572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte la inexistencia de los actos reclamados por la quejosa Patricia Ríos Cantú, a las autoridades que fueron señaladas como responsables -como enseguida se evidenciará-, lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa, mediante escrito recibido el doce de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, turnado el mismo día a este órgano federal, la quejosa Patricia Ríos Cantú solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos atribuidos al 1. Fiscal General del Estado de Puebla [en su denominación correcta] y, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, que hizo consistir en: La orden de presentación y, su ejecución. En ese orden, mediante proveído de trece de febrero del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla [en su denominación correcta] y, 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados [fojas 14 y 21]; sin que hasta la data de este proveído, la quejosa haya aportado prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas; por tanto, se tiene por inexistentes los actos reclamados a las citadas autoridades. En consecuencia, al no existir los actos reclamados en esta vía de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro IUS: 1002350; bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En ese sentido, es menester señalar que no impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las nueve horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resulta notoria, manifiesta e indudable, la causal de sobreseimiento mencionada y la misma no puede desvirtuarse con ningún otro elemento de prueba; de ahí que no exista la necesidad de esperar a la audiencia constitucional para resolver el presente sumario, en la medida que aun y cuando se tramitara hasta su conclusión, el asunto llegaría a la misma conclusión, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, registro IUS: 184 572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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