Pascual Trujillo Lopez

Expediente 642/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
642/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Pascual Trujillo Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III Y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional se concedió. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  2. Principal

    se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no atendió el requerimiento de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, lo cual genera un retraso en la administración de justicia de manera trascendente, en atención que el quince de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la junta responsable: ".Emplace a juicio laboral a la parte demandada, en el domicilio proporcionado por el actor, en los autos del juicio 531/2016, de su índice administrativo." Por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requirió a la junta responsable su cumplimiento. Posteriormente, mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, este juzgado federal ordenó reenviar el oficio 5659/2018 para que atendiera el requerimiento ahí formulado. De ahí, que no obstante los requerimientos que se han realizado, denota un total desacato por parte de la autoridad responsable; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho y se impone una multa consistente en cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos, para que haga efectiva la multa impuesta a la autoridad antes señalada, Pascual G. Archundia Becerril, Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad lo que deberá informar a la brevedad posible, remitiendo las constancias respectivas. Atento a lo anterior, a fin de efectuar el cobro de la multa realizada por este Juzgado Federal, se le hace de su conocimiento a la autoridad recaudadora que se cuenta con la siguiente información: Nombre: Pascual G. Archundia Becerril, Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Con domicilio en: Av. Plan de Ayala número 501, local 42, de la Plaza Comercial Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos. Sin que sea óbice proporcional el RFC de la autoridad responsable aludida, en virtud de que este órgano jurisdiccional no cuenta con ese dato, toda vez que el Instituto de Transparencia e Información Pública, resolvió que dicha información es confidencial y solo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, tal como lo refiere el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Independientemente de lo anterior, en términos de los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a Pascual G. Archundia Becerril, presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos antes transcritos; de lo anterior, remita las constancias con las cuales acredite su dicho. Asimismo, toda vez que la concesión del amparo otorgado a la parte quejosa fue precisamente para combatir la dilación u omisión en el juicio laboral, la cual afecta el desarrollo normal y oportuno del juicio de mérito, dígase a la autoridad responsable, que este juzgado federal advierte que no obstante de tener conocimiento de los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no da cabal cumplimiento a lo ordenado por este juzgado, por lo que, a fin de no viciar más el procedimiento.

  4. Principal

    se admite la demanda de amparo. Del incidente de suspensión. Fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que solicita. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, rindan su informe justificado, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale el Código Penal aplicado en materia federal. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación: En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Del tercero interesado: Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, en el presente caso no existe tercero interesado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento: Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Domicilio procesal. En términos del artículo 26, fracción I, de la ley reglamentaria, notifíquese a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Notificaciones al quejoso. Se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el lugar de reclusión de la parte quejosa y le notifique este proveído, mismo que se anexa en copia simple; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. De igual manera, el Actuario le haga del conocimiento al amparista que una vez que consten en autos todos y cada uno de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y, en su caso, de las constancias en las que se hayan basado para la emisión de los actos que se les reclaman, se le notificarán personalmente; en la inteligencia que si previo a que ello suceda, este juzgado federal tuviera que emitir otro tipo de acuerdos o resoluciones que por su naturaleza no le causen perjuicio, se le notificarán hasta que las responsables remitan las constancias referidas en líneas que anteceden, a fin de evitar instruir constantemente a los Actuarios de este Juzgado de Distrito para que efectúen notificaciones personales en ese centro de reclusión. Dicho de otra forma, el fedatario de la adscripción deberá explicar al quejoso, de una manera clara y precisa, que este órgano de control constitucional cuidará en todo momento que el quejoso conozca a suficiencia lo que suceda durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa y que cuente con el término que la ley le confiere para que esté en aptitud de ofrecer las pruebas y alegatos que estime pertinentes. De todo lo cual, el funcionario público deberá dejar razón en autos. De las notificaciones a las partes: Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En la inteligencia de que lo aquí determinado, también se aplicará en las actuaciones del incidente de suspensión, dada su naturaleza accesoria. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.

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