Pascuala Mora Najera

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Pascuala Mora Najera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Pascuala Mora Nájera solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Ayuntamiento, Tesorero, Dirección de Administración y Recursos Humanos, Cabildo, Presidente Municipal, Sindico del Ayuntamiento, Regidor de organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Secretaria Municipal, Comisión de Prestaciones Sociales o Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, todos de Puente de Ixtla, Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NUMERO 5926, 6ª ÉPOCA MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA Y/O ABROGA EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/80/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR EL QUE SE CONCEDIÓ PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. . SE RECLAMA LA PROMULGACIÓN, FIRMA Y PUBLICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NUMERO 5926, 6ª ÉPOCA MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA Y/O ABROGA EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/80/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR EL QUE SE CONCEDIÓ PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. .SE RECLAMAN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NUMERO 5926, 6ª ÉPOCA MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA Y/O ABROGA EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/80/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR EL QUE SE CONCEDIÓ PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. .LA OMISIÓN Y ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES DEL PAGO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA QUE FUE OTORGADA EN EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/80/2018 QUE RESULTÓ DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. .SE RECLAMA LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NÚMERO 02/2019 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019 QUE ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA. .SE RECLAMA EL PROYECTO DE REVOCACIÓN DE ACUERDO PENSIONATORIO.". SEGUNDO. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, se radicó el asunto con el número de expediente 278/2021, luego, esta autoridad desechó la demanda de amparo. TERCERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la quejosa a través de la autorizada, interpusieron recurso de quejosa contra la determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. Mediante oficio signado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta Ciudad, remitió testimonio de ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que resolvió fundado el recurso de queja. QUINTO. Por auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: De las autoridades municipales, el acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, que revocó la pensión concedida por cesantía en edad avanzada que fue otorgada por acuerdo de pensión CPSHAPI/80/2018, que resultó del acta de cabildo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. De las diversas autoridades se reclama la promulgación, firma y publicación del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, los efectos y consecuencias legales del cumplimiento del acta. Cabe precisar que en el caso no sería dable tener como acto reclamado destacado, la omisión o falta de pago de la pensión, ya que ello es consecuencia directa del acta de sesión extraordinaria reclamada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables denominadas Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", y Gobernador, todos del Estado de Morelos, en relación al acto reclamado relativo a la promulgación y publicación del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5926, negaron el mismo, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de dichos actos reclamados, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a (Verónica Torres Rebollar) Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, Integrante del Cabildo Municipal y representante legal, (Mario Ocampo Ocampo) Presidente e Integrante del Cabildo e Integrante de la Comisión Dictaminadora de Pensiones, (Israel Alemán Cárdenas) Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Integrante del Cabildo e Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, (Gilberto Rojas Cárdenas)Regidor de Bienestar Social, asuntos Indigenas, Ciencia y Tecnología e Innovación, Colonias y Poblados e Integrante del Cabildo, (Ramiro Macedo Domínguez) Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo y Protección del Patrimonio Cultural e Integrante del Cabildo, (Cristobal Acevedo Aguirre) Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo Derechos Humanos y Gobernación y Reglamentos e Integrante del Cabildo, (Antonio de Jesús Becerril Vences) Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, (Yesica Salgado Manjarrez) Directora de Administración, de Recursos Humanos y Materiales e Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, (Ángeles Vasquez Reyes) Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, (Arely Olvera Bahena) Tesorera e Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, (Miguel Ángel Deagueros Velasco) Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, (Rubén Morales Ozaeta) Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Civil, Protección Ambiental, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico e Integrante de la Comisión Especial Dictaminadora de Pensiones, y (Noelia Montesinos Pliego) Secretaria Municipal, todos del Ayuntamiento de Puente Ixtla, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitieron como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del acta de cabildo en sesión extraordinaria número 02/2019, de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. También es cierto el acto reclamado consistente en la publicación del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha once de Diciembre del año dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5926, por parte de las denominadas Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", y Gobernador, todos del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En la especie, las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, consideran se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que esta autoridad comparte, dispositivo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" En ese sentido, las autoridades responsables de Puente de Ixtla, Morelos, al rendir su informe justificado indican que la quejosa Pascuala Mora Nájera interpuso juicio de nulidad por los actos reclamados ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, juicio que fue admitido por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, radicado bajo el expediente administrativo TJA/3ªS/56/2021, mismo que se encuentra pendiente de resolver por dicha Sala, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Así, del citado precepto y fracción se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto su modificación, revocación o nulificación. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la causa de improcedencia a que se hace referencia únicamente debe considerarse actualizada cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) El recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, y c) El recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". Establecido lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia en análisis en razón que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5926, 6a Época de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca el acuerdo de pensión CPSHAPI/80/2018 y su omisión de pago, también impugnado por el quejoso mediante juicio de nulidad ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, autoridad que radicó el juicio por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, bajo el expediente administrativo TJA/3ªS/56/2021. Sin que sea obstáculo que no se cuenta con las constancias relativas de dicho juicio de nulidad, toda vez que la página oficial de internet, en particular de las listas publicadas con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se advierte la radicación del asunto que refiere la autoridad señalada como responsable, listado en el número quince bajo la leyenda que lo promueve contra el ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y otras (juicio de nulidad), y por tanto, puede tener por efecto la modificación el acto reclamado, es decir, la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, que revoca el acuerdo de pensión CPSHAPI/77/2018 y su pago, concedido al quejoso. Además, en el caso se aprecian satisfechos los presupuestos definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la actualización de la causa de improcedencia relativa, en los términos siguientes: a) En el caso, se trata de la propia quejosa, Pascuala Mora Nájera, por propio derecho, quien planteó ante la autoridad administrativa en mención el referido juicio de nulidad; con lo cual, se satisfizo el presupuesto consistente en que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo. b) Por cuanto a que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; se actualiza con el propio juicio de nulidad, como lo refieren las autoridades responsables del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, al haber sido admitido por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, radicado bajo el expediente administrativo TCA/3ªS/56/2021; el cual se encuentra en trámite, como fue señalado en líneas precedentes. c) En lo referente a que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad destacan los artículos 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del orden siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." Al respecto, debe decirse que en el numeral 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. En esa tesitura, es claro que mediante el juicio de nulidad puede analizarse el acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5926, 6a época; por el cual revoca el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación; y como consecuencia de lo anterior, la revocación de las responsables al pago de pensión por jubilación otorgada en el referido acuerdo; ya que al tratarse de actos atribuidos a autoridades administrativas municipales, pueden ser combatidos a través de ese juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Aunado a ello, los actos reclamados sí tienen la naturaleza de administrativos por provenir de autoridades de esa característica, como son el Ayuntamiento, Tesorería, Presidente Municipal y otros, del municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Es así, pues a través del juicio de nulidad se pueden controvertir los actos reclamados a las autoridades responsables, al constituirse en dependencias de la administración pública municipal. En suma, al encontrarse en trámite un medio de defensa legal promovido por la propia parte quejosa que puede tener por efecto la modificación del acto reclamado en esta instancia constitucional, debe concluirse que el juicio de amparo resulta improcedente. Además, el juicio de nulidad promovido ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos -TCA/3ªS/56/2021- es idóneo para modificar, revocar o confirmar la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el periódico tierra y libertad, número 5926, 6a época, por el cual revoca el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación con sus consecuencias, otorgada en el acuerdo CPSHAPI/80/2018, que impugna de ilegal, que además constituye el acto reclamado. Robustece lo anterior la tesis 1a.XXII/98, Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." Por consiguiente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Finalmente, con independencia de las razones expuestas en el análisis de la causal desarrollada en la presente resolución, el quejoso estaba obligado a agotar el juicio de nulidad previo a la promoción del juicio de amparo, tal y como lo hizo, conforme lo dispone el ordinal 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy siete de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Secretaria del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito la prueba documental que anexa, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. De igual forma y como lo solicita, se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto, sin embargo, no es posible su celebración, toda vez que la Secretaria Municipal del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, no ha remitido las documentales requeridas en proveído de dos del mes y año en curso, ni obra el acuse de recibo del oficio por el cual le fueron solicitadas; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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