Pascual Muñoz Clavel

Expediente 314/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
314/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Pascual Muñoz Clavel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de febrero de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de diez de febrero de dos mil veinte, mediante el que se determinó dar inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11 en contra del quejoso, y 2. De manera fundada y motivada, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, determine si ha lugar iniciar procedimiento administrativo en contra del quejoso, para lo cual debe precisar las razones por las cuales considera que la conducta desplegada por el ahora quejoso actualiza de manera probable, pero con exactitud, la descripción típica de las faltas administrativas que sirvieron de fundamento para iniciar el referido procedimiento, así como indicar, de manera concreta, el tipo administrativo que considera que cobra vigencia. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio CES/DGJ/21225/2021-L de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, copia debidamente certificada del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y determinación de veinticinco del mes y año antes mencionado, respectivamente, dejó sin efectos la determinación reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11, y posteriormente procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y determinación de veinticinco del mes y año antes mencionado, respectivamente, dejó sin efectos la determinación reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11, y posteriormente procedió a dictar una nueva determinación siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos contenidos en la queja que se formula en su contra que se relaciona ahora únicamente con el artículo 159 fracción I, VIII, XXVIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Publica; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de diez de febrero de dos mil veinte, mediante el que se determinó dar inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11 en contra del quejoso, y de manera fundada y motivada, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, determine si ha lugar iniciar procedimiento administrativo en contra del quejoso, para lo cual debe precisar las razones por las cuales considera que la conducta desplegada por el ahora quejoso actualiza de manera probable, pero con exactitud, la descripción típica de las faltas administrativas que sirvieron de fundamento para iniciar el referido procedimiento, así como indicar, de manera concreta, el tipo administrativo que considera que cobra vigencia. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y determinación de veinticinco del mes y año antes mencionado, respectivamente, dejó sin efectos la determinación reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11, y posteriormente procedió a dictar una nueva determinación siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos contenidos en la queja que se formula en su contra que se relaciona ahora únicamente con el artículo 159 fracción I, VIII, XXVIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Publica; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, uno de febrero de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de diez de febrero de dos mil veinte, mediante el que se determinó dar inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11 en contra del quejoso, y 2. De manera fundada y motivada, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, determine si ha lugar iniciar procedimiento administrativo en contra del quejoso, para lo cual debe precisar las razones por las cuales considera que la conducta desplegada por el ahora quejoso actualiza de manera probable, pero con exactitud, la descripción típica de las faltas administrativas que sirvieron de fundamento para iniciar el referido procedimiento, así como indicar, de manera concreta, el tipo administrativo que considera que cobra vigencia. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio CES/DGJ/21225/2021-L de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, copia debidamente certificada del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y determinación de veinticinco del mes y año antes mencionado, respectivamente, dejó sin efectos la determinación reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11, y posteriormente procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y determinación de veinticinco del mes y año antes mencionado, respectivamente, dejó sin efectos la determinación reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11, y posteriormente procedió a dictar una nueva determinación siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos contenidos en la queja que se formula en su contra que se relaciona ahora únicamente con el artículo 159 fracción I, VIII, XXVIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Publica; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de diez de febrero de dos mil veinte, mediante el que se determinó dar inicio al procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11 en contra del quejoso, y de manera fundada y motivada, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, determine si ha lugar iniciar procedimiento administrativo en contra del quejoso, para lo cual debe precisar las razones por las cuales considera que la conducta desplegada por el ahora quejoso actualiza de manera probable, pero con exactitud, la descripción típica de las faltas administrativas que sirvieron de fundamento para iniciar el referido procedimiento, así como indicar, de manera concreta, el tipo administrativo que considera que cobra vigencia. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2; se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno y determinación de veinticinco del mes y año antes mencionado, respectivamente, dejó sin efectos la determinación reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento administrativo DGUAI/PA/117/2018-11, y posteriormente procedió a dictar una nueva determinación siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos contenidos en la queja que se formula en su contra que se relaciona ahora únicamente con el artículo 159 fracción I, VIII, XXVIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Publica; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que desprende de que la parte quejosa Pascual Muñoz Clavel, no ha sido notificada del auto de tres de noviembre del dos mil veintiuno, relativo a la vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea notificada de manera personal a la parte quejosa el citado auto. Notifíquese personalmente a la quejosa el citado auto. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que desprende de que la parte quejosa Pascual Muñoz Clavel, no ha sido notificada del auto de tres de noviembre del dos mil veintiuno, relativo a la vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea notificada de manera personal a la parte quejosa el citado auto. Notifíquese personalmente a la quejosa el citado auto. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2, se ordena agregar a los autos los oficios signados por Óscar González Marín, director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en representación de la Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de ejecutoria y remite documentales certificadas para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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