Pascuala Barona Paredes

Expediente 1326/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1326/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Pascuala Barona Paredes
  • Karen Elizabeth Paredes Barona
  • Karen Elizabeth Paredes Barona y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a los terceros interesados ********************, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de dieciséis de octubre del dos mil veintitrés, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte terceros interesados, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS ADRIANA TAPIA CONTRERAS, ADOLFO SOLÍS Y ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS DEL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO AHUATEPEC, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, POR MEDIO DE LISTA, LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1326/2022, promovido por ********************y******************** contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************y******************** solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 ".acuerdo dictado..de fecha 19 de septiembre de 2022 dentro del expediente agrario ********************, notificado por listas el 23 de septiembre de 2022, mediante el cual determina suspender el procedimiento indefinidamente." SEGUNDO. El seis de octubre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1326/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18: El acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ********************, por medio del cual declaró la suspensión del procedimiento, hasta en tanto tuviera conocimiento de quién representa legalmente a la comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente ********************, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el ordinal 62 del citado ordenamiento; por lo que se procede al análisis del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. Síntesis de los conceptos de violación. 1. Que se vulneran en su perjuicio las garantías constitucionales establecidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, referentes a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, así como el derecho humano a una justicia pronta, esto al determinar la suspensión indefinida del expediente agrario ********************, lo que la deja en completo estado de indefensión. Los impetrantes indican que no demandó al núcleo agrario de Ahuatepec, así como tampoco a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del poblado de Ahuatepec, sin embargo, indebidamente la magistrada responsable en el auto admisorio los llamó a juicio, por lo que dejó de considerar que en el juicio de origen la acción principal es el mejor derecho a poseer un bien inmueble, por lo que es innecesario llamar a la asamblea general de comuneros para emitir pronunciamiento respecto al derecho de posesión reclamado, porque no se afecta la propiedad del citado núcleo agrario, incluso alega que dicho llamamiento a juicio no está debidamente fundado y motivado, pues la responsable solo manifiesta que resulta indispensable su llamamiento, sin embargo, ello no es motivación suficiente para realizarlo. La impetrante señala que el acto reclamado, carece de fundamentación y motivación pues es indefinido, es decir, no estableció el periodo por el cual estaría en suspensión el juicio, por lo que, si la autoridad responsable suspende el procedimiento de manera arbitraria y sin fundar su resolución, se violentan sus derechos contenidos en el artículo 17 constitucional. 2. Alega que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 167 de la Ley Agraria, toda vez que la responsable debió aplicar de manera supletoria el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues éste último establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes. Por tanto, señala la quejosa, al atender a que un procurador es aquella persona que representa a una parte en un juicio y los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, son los representantes legales de la comunidad agraria, lo que podría equipararse a un procurador, es por ello que la suspensión del procedimiento del juicio agrario reclamado, no puede prolongarse por más de un mes; y es por ello que lo determinado se encuentra indebidamente fundado y motivado 3. El accionar de la responsable causa un grave detrimento en la administración de justicia, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, pues el juicio de origen no puede quedar suspendido de forma indefinida hasta en tanto se resuelvan los diversos procedimientos ******************** y ********************, relativos a controversias de la elección del órgano de representación y consejo de vigilancia de la comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. En primer lugar, se abordarán algunos argumentos que vierten los quejosos en su concepto de violación marcado con el número (1), así, en una parte de éstos señalan esencialmente que, con la suspensión del procedimiento del juicio agrario de origen, hasta en tanto se resuelva la controversia de la elección de los órganos de representación y vigilancia de la Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, la magistrada responsable vulnera los derechos de justicia pronta y expedita, toda vez que la impetrante de amparo no demandó a dicho núcleo agrario, ya que no le reclamó prestación alguna; sin embargo, indebidamente la autoridad responsable en el acuerdo inicial de ocho de febrero de dos mil veintidós, lo llamó a juicio, sin considerar que en el juicio de origen la acción principal versa sobre el mejor derecho a poseer un bien inmueble, por lo que es innecesario llamar a la asamblea general de comuneros para emitir pronunciamiento respecto al derecho de posesión reclamado, porque no se afecta la propiedad del citado núcleo agrario. En consecuencia, aducen, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva la controversia de la elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria, cuando ni siquiera debió ser llamada al juicio. Los argumentos señalados son inoperantes, en virtud de que lo alegado si bien en el acuerdo reclamado se pronunció la autoridad responsable al respecto, al reiterar que era necesario el llamamiento a juicio del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos, al atender a la acción posesoria ejercida por la parte actora en aquel juicio, no menos cierto es que, desde el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, anunció que llamaría a juicio a la comunidad en cuestión. En ese sentido, resultan inoperantes los argumentos de la quejosa en el aspecto de que no debió ser llamado a juicio dicho núcleo agrario, puesto que desde el auto indicado en líneas que anteceden, la autoridad responsable se pronunció al respecto, y dado que los aquí quejosos no se inconformaron, consintieron tácitamente dicho llamamiento, al no impugnarlo en su momento oportuno; esto es, cuando se emitió el acuerdo de la magistrada responsable en el que anunció que llamaría a juicio a la asamblea de comuneros de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, por medio de su comisariado de bienes comunales, pues si consideraba que no debía ser llamado a juicio, estuvo en condiciones de impugnar esa determinación, lo que no se advierte que haya realizado la impetrante de amparo. Es así, toda vez que de las copias certificadas del juicio de origen que fueron remitidas con el informe justificado rendido por la magistrada responsable, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, ********************y******************** -aquí quejosas-, presentaron controversia agraria en contra de ******************** y ******************** -aquí terceros interesados-, en la que demandaron como prestación principal la declaración judicial del mejor derecho a poseer un predio ubicado en el poblado de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos, petición que fue admitida a trámite por la magistrada responsable en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, y se registró el expediente con el número ********************. Entonces, es precisamente en contra de dicha determinación (auto de ocho de febrero de dos mil veintidós), que los aquí quejosos debieron inconformarse en su momento procesal oportuno, toda vez que fue en éste donde la magistrada responsable anunció que llamaría a juicio a la Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos y que a decir de la quejosa, le provoca afectación por considerar que no les revestía dicho carácter; lo cual impugna hasta el presente juicio de amparo, sin que pueda ser analizado por haber sido consentida tal determinación al no impugnarla en su oportunidad; de ahí que como se dijo, resulta inoperante el concepto de violación que se analiza. Ahora bien, en otra parte de los argumentos vertidos en el concepto de violación marcado con el número (1), los quejosos refieren que se vulneran en su perjuicio los derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, establecidos en los artículos 16 y 17 constitucionales, al determinar la magistrada responsable, en el acuerdo reclamado, la suspensión indefinida del procedimiento del juicio agrario ********************, sin que exista fundamento legal, pues es indefinido el tiempo en que estará en suspensión el procedimiento. Aunado a lo anterior, indican que si bien la responsable determinó suspender el procedimiento porque existe falta de certeza por cuanto a las personas que ostentan la titularidad del núcleo agrario que llamó a juicio, también es cierto que no funda su dicho en ninguna prueba, hecho o fundamento legal aplicable, siendo obligación de la autoridad responsable allegarse la información necesaria para dar continuidad al juicio, lo que no ocurrió y por tanto violenta sus derechos fundamentales a un debido proceso y a una justicia pronta y expedita e incluso señala la quejosa que la magistrada responsable haciendo uso de las facultades que le concede el artículo 187 de la Ley Agraria, debió allegarse de los medios necesarios para determinar qué personas integran el órgano comunal y darles vista, ya que de esa manera estaría velando por el derecho a una justicia pronta y expedita. Los argumentos precisados son en parte fundados y suficientes para conceder el amparo, en su causa de pedir. Es así, pues el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece el derecho a favor de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; entonces, el derecho a la tutela judicial implica además, la obligación de las autoridades de evitar trabas excesivas, innecesarias o carentes de razonabilidad o proporcionalidad, que obstaculicen la resolución de los asuntos y se cumpla con lo determinado. Por su parte, los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a la autoridad la obligación de fundar y motivar los actos que emita; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De igual forma, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por ello, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorgan al particular dentro del orden constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que solo puede actuar si la ley le faculta para ello; su eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al particular de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento al que éste pertenezca; o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria de su acto y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, con el de debida fundamentación integran la garantía de legalidad. En el caso, de las constancias del juicio agrario de origen, se advierte que, el ocho de febrero de dos mil veintidós, la magistrada responsable admitió la demanda agraria en el procedimiento de origen, asimismo determinó el llamamiento a juicio de la asamblea de comuneros de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos. Luego, mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós (acto reclamado), la magistrada responsable estableció que, atendiendo a la acción posesoria ejercitada por la parte actora en el juicio agrario, resultaba indispensable la representación en el juicio del núcleo de población de Ahuatepec por conducto del Comisariado de Bienes Comunales y que ante la falta de certeza que existía por cuanto a las personas que ostentan la titularidad de la Presidencia, Secretaría y Tesorería, de aquel cuerpo colegiado de representación comunal, privilegiando la certeza jurídica de los y las justiciables, así como para prevenir cualquier vulneración a los derechos de terceras personas, incluidas entre estas prerrogativas proteger las correspondientes al núcleo comunal referido; en términos del numeral 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, declaró la suspensión del procedimiento hasta en tanto fuera resuelta la problemática existente en la comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos. Determinación que se considera se encuentra indebidamente motivada, toda vez que, en el acuerdo reclamado se determinó procedente suspender el procedimiento en atención a la falta de certeza que existe sobre quien ostenta la representación de la comunidad agraria de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, lo que este órgano constitucional considera que no es un motivo suficiente para la suspensión aludida. Lo anterior es así, dado que la falta de certeza sobre quiénes son las personas que ostentan la representación del núcleo agrario que llamó a juicio, no es causa justificada para suspender el procedimiento de origen, ya que si bien la responsable al emitir el acto reclamado expresó que constituía un hecho notorio que ante el referido tribunal agrario se encontraban en trámite los expedientes ******************** y ********************, en los que se controvertía la elección de tales órganos de representación; esa circunstancia no implica que exista una absoluta imposibilidad de los órganos de representación electos para el cuidado de los intereses del núcleo agrario, pues esos litigios precisamente son a efecto de determinar si en su caso, existen motivos legales que actualizan la nulidad de la asamblea celebrada, lo cual se determinará en la sentencia que se emita en los citados juicios agrarios, con los efectos legales que allí se precisen; empero ello no se traduce en la nulidad de pleno derecho de las asambleas de elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria, sino que requiere una declaración de nulidad emitida por autoridad competente para que se le reste eficacia legal. Lo anterior es así, tomando en consideración lo previsto en los artículos 21 , 22 , 23 , 28, 31 y 37 de la Ley Agraria, que señalan: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 28.- En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo." "Artículo 31.- De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional." "Artículo 31.- De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional." "Artículo 37.- Las personas integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electas en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre las personas que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse de manera paritaria, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Las comisiones y secretarías auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se integrarán conforme al principio de paridad de género." De lo anterior se advierte que los órganos del ejido -comunidad agraria en este caso concreto-, son la asamblea, el comisariado comunal y el consejo de vigilancia, de los cuales el órgano supremo de la comunidad es la asamblea, en la que participan todos los comuneros; asimismo, que serán competencia exclusiva de la asamblea, entre otros: "III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros". Mientras que, el artículo 37 de la Ley Agraria de referencia, prevé que los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes serán electos en asamblea, mediante voto secreto, escrutinio público e inmediato; en caso de empate, se repetirá la votación y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Por su parte, el artículo 31 de la citada legislación, señala que "de toda asamblea" se levantará el acta correspondiente, que será firmada por el comisariado ejidal y consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo, y si existe inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Y finalmente, los artículos 28, 150 y 152 de la citada Ley Agraria, prevén formalidades específicas para aquellos casos en que se trate de los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del diverso ordinal 23 de dicha normatividad -entre los que no se encuentra la fracción III del mismo precepto relativa a la elección de los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia-. Entonces, de los artículos reseñados se advierte que conforme a la Ley Agraria, la elección de los órganos de representación y vigilancia de un núcleo agrario, es competencia exclusiva de la asamblea de comuneros que determina sobre dicha elección, como se encuentra previsto en la fracción III del artículo 23 de la Ley Agraria. Además, de que en el artículo 28 de la Ley Agraria, solo prevé su nulidad en los casos detallados en las fracciones VII a XIV del diverso ordinal 23 de dicha legislación, sin que para el supuesto previsto en la fracción III, de éste último precepto, exista disposición expresa que establezca supuestos en los que resulten nulas sin la necesidad de seguir un procedimiento judicial, por lo que tales nulidades deben ser declaradas por la autoridad competente, no así de pleno de derecho, al no existir disposición legal que reste o nulifique el valor de las asambleas en dicha forma -de pleno derecho-. Tal como lo dispuso en sus consideraciones la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia 2a./J. 119/2008, con registro 168993, del contenido siguiente: "ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si no hay disposiciones expresas en las leyes, no se autoriza reconocer la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que éstas deben ser declaradas por la autoridad judicial en todos los casos y previo procedimiento formal correspondiente. En congruencia con lo anterior, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares y el Código Civil Federal, de aplicación supletoria acorde con el artículo 2o. de la Ley citada, no establecen expresamente que las asignaciones parcelarias realizadas por la asamblea ejidal en contravención al principio de indivisibilidad previsto en el artículo 27 constitucional, a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR.", son nulas de pleno derecho, es indudable que la declaración de su nulidad debe hacerse por la autoridad competente previo procedimiento formal correspondiente y, en consecuencia, el plazo para ejercer el derecho a que las asignaciones sean modificadas o nulificadas es el previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria, de 90 días naturales para la impugnación de los acuerdos de la asamblea ejidal en que se asignan tierras, pues de lo contrario, éstos quedarán firmes y serán definitivos al haberse extinguido el derecho del actor sobre las tierras ejidales." Por tanto, si la magistrada responsable consideró indispensable realizar el llamamiento a juicio del núcleo agrario en cuestión y dado que alegó no tener certeza de las personas que ostentan la representación de dicha comunidad agraria, se insiste en que tal situación no es suficiente para determinar la suspensión del procedimiento, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden, además, si la responsable no tiene certeza de quiénes se ostentan como representantes del núcleo agrario que llamó a juicio en su calidad de tercero, puede allegarse de la información necesaria para dar continuidad al juicio y no suspenderlo por el motivo que adujo, en tanto que los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, otorgan facultades a la magistrada responsable para que ordene el desahogo o perfeccionamiento de pruebas, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad de los hechos, por lo que si tiene incertidumbre sobre las personas que ostentan la representación del núcleo agrario que llamó a juicio, deberá recabar esa información al ser indispensable para evitar que el juicio agrario de origen se suspenda. A mayor abundamiento, no resulta motivo suficiente para suspender el procedimiento en el juicio agrario de origen, el que se encuentre controvertida la elección del comisariado y consejo de vigilancia comunal, lo cual se advierte de las constancias de autos , pues como se indicó con antelación, la autoridad responsable se encuentra en aptitudes de allegarse de esa información, ya sea valorando las documentales que obran en autos, o bien, requiriendo al propio Comisariado de bienes comunales de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, para que exhiba el acta correspondiente. Y si la información precisada en el párrafo que antecede, no es suficiente, la magistrada responsable podrá solicitar informes, en su caso, a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Agraria, disposición que si bien refiere que en determinadas situaciones deberá estar presente un Representante de la Procuraduría Agraria, dentro de las cuales no figura específicamente la elección y remoción del Comisariado, no obstante ello, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en la práctica, los miembros de las comunidades agrarias en ocasiones solicitan que para las asambleas ordinarias acuda un representante de la Procuraduría Agraria, aun cuando la elección de su representación no requiera ese requisito, sin embargo, esa circunstancia no impide que la autoridad responsable solicite un informe a dicha dependencia a efecto de constatar si algún representante estuvo presente o no en las elecciones del núcleo agrario tercero con interés en el juicio de origen y, en su caso las condiciones y circunstancias que se dieron en ésta. Además, la responsable también podrá solicitar informe al Registro Agrario Nacional, en términos del artículo 22, fracción III, inciso e), del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el cual dispone que dentro de las atribuciones de las Delegaciones de tal dependencia, deberán calificar e inscribir los acuerdos contenidos en las actas relativas a la elección o remoción de los órganos ejidales y comunales, por lo que, en dado caso que el acta del núcleo agrario tercero con interés llamado en el juicio de origen, se encuentre inscrita en la Delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional, podrá recabar esa información a través del informe que le requiera a dicha Institución. En ese orden, una vez recabada la información necesaria para conocer quienes ostentan la representación del núcleo agrario tercero con interés en el juicio de origen, la magistrada responsable deberá resolver lo que en derecho proceda, a efecto de continuar con el procedimiento agrario ********************, de su índice. Sin que ello implique prejuzgar sobre la validez del acta de elección, sino que lo que aquí se sostiene es que resulta factible considerar el acta de elección respectiva, para efectos exclusivos del juicio agrario de origen para darle continuación, ya que la misma no puede ser nulificada de pleno derecho, por virtud de las controversias que refiere la autoridad responsable, porque hasta que no se resuelva en definitiva sobre éstas, se definirán los alcances de lo resuelto en tales litigios. En consecuencia, en el acuerdo reclamado la magistrada responsable deberá prescindir de las consideraciones que señaló, toda vez que no resulta motivo para suspender el procedimiento la falta de certeza de quién ostenta la representación del núcleo agrario que llamó a juicio, al existir diversas controversias que invocó en los autos del juicio de origen, así como en el informe justificado, ya que esa determinación implícitamente equivale a que de pleno derecho se desconozca el acta de asamblea de elección del núcleo agrario tercero llamado a juicio, sin contar con sentencia ejecutoriada que declare su nulidad. Máxime que todo procedimiento es de orden público y se debe resolver sin trabas u obstáculos innecesarios a efecto de cumplir con los derechos de justicia pronta que establece el artículo 17 constitucional; y, en especial, el juicio agrario se prevé como un procedimiento sumario, predominantemente oral, que se limita generalmente a una sola audiencia en la que se deberá resolver a verdad sabida y buena fe guardada sin sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según los tribunales lo estimen debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, tal como lo señalan los artículos 185 y 189 de la Ley Agraria. En consecuencia, al ser fundados parte de los conceptos de violación analizados, resulta innecesario abordar el estudio de los demás argumentos vertidos en los restantes motivos de disenso, en específico los relativos a que resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes, así como que la magistrada responsable debía requerir a la asamblea de comuneros para que nombrara a un apoderado legal que la representara, hasta en tanto se resolviera la personalidad de su órgano de representación, toda vez que en nada cambiaría el resultado obtenido, porque al decretarse fundado el primer concepto de violación, es suficiente para conceder la protección constitucional. Apoya este razonamiento la jurisprudencia II.3o.J/5, Octava Época, con registro digital 220006, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo." En consecuencia, ante la indebida motivación observada en el acuerdo reclamado, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos precisados en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y, en su lugar emita uno diverso, en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo, prescinda de considerar como motivo para suspender el procedimiento, la falta de certeza de las personas que ostentan la representación de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, y en caso de que considere que no cuenta con los elementos necesarios para determinar quienes ostentan el cargo de representación de la comunidad agraria, en términos de los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, se allegue de la información necesaria para que resuelva lo que en derecho proceda, a efecto de continuar el juicio agrario de origen. Sin que ello implique prejuzgar sobre la validez de la elección de los representantes de ese núcleo agrario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y******************** contra el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, para los efectos precisados en la última parte de este fallo. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución que se cita; en consecuencia y con fundamento en el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Sentencia de amparo dictada en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés: "... En consecuencia, al ser fundados parte de los conceptos de violación analizados, resulta innecesario abordar el estudio de los demás argumentos vertidos en los restantes motivos de disenso, en específico los relativos a que resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes, así como que la magistrada responsable debía requerir a la asamblea de comuneros para que nombrara a un apoderado legal que la representara, hasta en tanto se resolviera la personalidad de su órgano de representación, toda vez que en nada cambiaría el resultado obtenido, porque al decretarse fundado el primer concepto de violación, es suficiente para conceder la protección constitucional. Apoya este razonamiento la jurisprudencia II 3 J/5, Octava Época, con registro digital 220006, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo." En consecuencia, ante la indebida motivación observada en el acuerdo reclamado, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos precisados en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y, en su lugar emita uno diverso, en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo, prescinda de considerar como motivo para suspender el procedimiento, la falta de certeza de las personas que ostentan la representación de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, y en caso de que considere que no cuenta con los elementos necesarios para determinar quienes ostentan el cargo de representación de la comunidad agraria, en términos de los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, se allegue de la información necesaria para que resuelva lo que en derecho proceda, a efecto de continuar el juicio agrario de origen. Sin que ello implique prejuzgar sobre la validez de la elección de los representantes de ese núcleo agrario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **** y **** contra el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, para los efectos precisados en la última parte de este fallo. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1326/2022, promovido por ********************y******************** contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************y******************** solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 ".acuerdo dictado..de fecha 19 de septiembre de 2022 dentro del expediente agrario ********************, notificado por listas el 23 de septiembre de 2022, mediante el cual determina suspender el procedimiento indefinidamente." SEGUNDO. El seis de octubre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1326/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18: El acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ********************, por medio del cual declaró la suspensión del procedimiento, hasta en tanto tuviera conocimiento de quién representa legalmente a la comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente ********************, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el ordinal 62 del citado ordenamiento; por lo que se procede al análisis del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. Síntesis de los conceptos de violación. 1. Que se vulneran en su perjuicio las garantías constitucionales establecidas en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, referentes a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, así como el derecho humano a una justicia pronta, esto al determinar la suspensión indefinida del expediente agrario ********************, lo que la deja en completo estado de indefensión. Los impetrantes indican que no demandó al núcleo agrario de Ahuatepec, así como tampoco a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del poblado de Ahuatepec, sin embargo, indebidamente la magistrada responsable en el auto admisorio los llamó a juicio, por lo que dejó de considerar que en el juicio de origen la acción principal es el mejor derecho a poseer un bien inmueble, por lo que es innecesario llamar a la asamblea general de comuneros para emitir pronunciamiento respecto al derecho de posesión reclamado, porque no se afecta la propiedad del citado núcleo agrario, incluso alega que dicho llamamiento a juicio no está debidamente fundado y motivado, pues la responsable solo manifiesta que resulta indispensable su llamamiento, sin embargo, ello no es motivación suficiente para realizarlo. La impetrante señala que el acto reclamado, carece de fundamentación y motivación pues es indefinido, es decir, no estableció el periodo por el cual estaría en suspensión el juicio, por lo que, si la autoridad responsable suspende el procedimiento de manera arbitraria y sin fundar su resolución, se violentan sus derechos contenidos en el artículo 17 constitucional. 2. Alega que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 167 de la Ley Agraria, toda vez que la responsable debió aplicar de manera supletoria el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues éste último establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes. Por tanto, señala la quejosa, al atender a que un procurador es aquella persona que representa a una parte en un juicio y los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, son los representantes legales de la comunidad agraria, lo que podría equipararse a un procurador, es por ello que la suspensión del procedimiento del juicio agrario reclamado, no puede prolongarse por más de un mes; y es por ello que lo determinado se encuentra indebidamente fundado y motivado 3. El accionar de la responsable causa un grave detrimento en la administración de justicia, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, pues el juicio de origen no puede quedar suspendido de forma indefinida hasta en tanto se resuelvan los diversos procedimientos ******************** y ********************, relativos a controversias de la elección del órgano de representación y consejo de vigilancia de la comunidad de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. En primer lugar, se abordarán algunos argumentos que vierten los quejosos en su concepto de violación marcado con el número (1), así, en una parte de éstos señalan esencialmente que, con la suspensión del procedimiento del juicio agrario de origen, hasta en tanto se resuelva la controversia de la elección de los órganos de representación y vigilancia de la Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, la magistrada responsable vulnera los derechos de justicia pronta y expedita, toda vez que la impetrante de amparo no demandó a dicho núcleo agrario, ya que no le reclamó prestación alguna; sin embargo, indebidamente la autoridad responsable en el acuerdo inicial de ocho de febrero de dos mil veintidós, lo llamó a juicio, sin considerar que en el juicio de origen la acción principal versa sobre el mejor derecho a poseer un bien inmueble, por lo que es innecesario llamar a la asamblea general de comuneros para emitir pronunciamiento respecto al derecho de posesión reclamado, porque no se afecta la propiedad del citado núcleo agrario. En consecuencia, aducen, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva la controversia de la elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria, cuando ni siquiera debió ser llamada al juicio. Los argumentos señalados son inoperantes, en virtud de que lo alegado si bien en el acuerdo reclamado se pronunció la autoridad responsable al respecto, al reiterar que era necesario el llamamiento a juicio del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos, al atender a la acción posesoria ejercida por la parte actora en aquel juicio, no menos cierto es que, desde el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, anunció que llamaría a juicio a la comunidad en cuestión. En ese sentido, resultan inoperantes los argumentos de la quejosa en el aspecto de que no debió ser llamado a juicio dicho núcleo agrario, puesto que desde el auto indicado en líneas que anteceden, la autoridad responsable se pronunció al respecto, y dado que los aquí quejosos no se inconformaron, consintieron tácitamente dicho llamamiento, al no impugnarlo en su momento oportuno; esto es, cuando se emitió el acuerdo de la magistrada responsable en el que anunció que llamaría a juicio a la asamblea de comuneros de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, por medio de su comisariado de bienes comunales, pues si consideraba que no debía ser llamado a juicio, estuvo en condiciones de impugnar esa determinación, lo que no se advierte que haya realizado la impetrante de amparo. Es así, toda vez que de las copias certificadas del juicio de origen que fueron remitidas con el informe justificado rendido por la magistrada responsable, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veintidós, ********************y******************** -aquí quejosas-, presentaron controversia agraria en contra de ******************** y ******************** -aquí terceros interesados-, en la que demandaron como prestación principal la declaración judicial del mejor derecho a poseer un predio ubicado en el poblado de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos, petición que fue admitida a trámite por la magistrada responsable en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, y se registró el expediente con el número ********************. Entonces, es precisamente en contra de dicha determinación (auto de ocho de febrero de dos mil veintidós), que los aquí quejosos debieron inconformarse en su momento procesal oportuno, toda vez que fue en éste donde la magistrada responsable anunció que llamaría a juicio a la Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos y que a decir de la quejosa, le provoca afectación por considerar que no les revestía dicho carácter; lo cual impugna hasta el presente juicio de amparo, sin que pueda ser analizado por haber sido consentida tal determinación al no impugnarla en su oportunidad; de ahí que como se dijo, resulta inoperante el concepto de violación que se analiza. Ahora bien, en otra parte de los argumentos vertidos en el concepto de violación marcado con el número (1), los quejosos refieren que se vulneran en su perjuicio los derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, establecidos en los artículos 16 y 17 constitucionales, al determinar la magistrada responsable, en el acuerdo reclamado, la suspensión indefinida del procedimiento del juicio agrario ********************, sin que exista fundamento legal, pues es indefinido el tiempo en que estará en suspensión el procedimiento. Aunado a lo anterior, indican que si bien la responsable determinó suspender el procedimiento porque existe falta de certeza por cuanto a las personas que ostentan la titularidad del núcleo agrario que llamó a juicio, también es cierto que no funda su dicho en ninguna prueba, hecho o fundamento legal aplicable, siendo obligación de la autoridad responsable allegarse la información necesaria para dar continuidad al juicio, lo que no ocurrió y por tanto violenta sus derechos fundamentales a un debido proceso y a una justicia pronta y expedita e incluso señala la quejosa que la magistrada responsable haciendo uso de las facultades que le concede el artículo 187 de la Ley Agraria, debió allegarse de los medios necesarios para determinar qué personas integran el órgano comunal y darles vista, ya que de esa manera estaría velando por el derecho a una justicia pronta y expedita. Los argumentos precisados son en parte fundados y suficientes para conceder el amparo, en su causa de pedir. Es así, pues el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece el derecho a favor de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; entonces, el derecho a la tutela judicial implica además, la obligación de las autoridades de evitar trabas excesivas, innecesarias o carentes de razonabilidad o proporcionalidad, que obstaculicen la resolución de los asuntos y se cumpla con lo determinado. Por su parte, los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a la autoridad la obligación de fundar y motivar los actos que emita; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De igual forma, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por ello, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorgan al particular dentro del orden constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que solo puede actuar si la ley le faculta para ello; su eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al particular de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento al que éste pertenezca; o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Asimismo, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria de su acto y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, con el de debida fundamentación integran la garantía de legalidad. En el caso, de las constancias del juicio agrario de origen, se advierte que, el ocho de febrero de dos mil veintidós, la magistrada responsable admitió la demanda agraria en el procedimiento de origen, asimismo determinó el llamamiento a juicio de la asamblea de comuneros de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos. Luego, mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós (acto reclamado), la magistrada responsable estableció que, atendiendo a la acción posesoria ejercitada por la parte actora en el juicio agrario, resultaba indispensable la representación en el juicio del núcleo de población de Ahuatepec por conducto del Comisariado de Bienes Comunales y que ante la falta de certeza que existía por cuanto a las personas que ostentan la titularidad de la Presidencia, Secretaría y Tesorería, de aquel cuerpo colegiado de representación comunal, privilegiando la certeza jurídica de los y las justiciables, así como para prevenir cualquier vulneración a los derechos de terceras personas, incluidas entre estas prerrogativas proteger las correspondientes al núcleo comunal referido; en términos del numeral 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles, declaró la suspensión del procedimiento hasta en tanto fuera resuelta la problemática existente en la comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos. Determinación que se considera se encuentra indebidamente motivada, toda vez que, en el acuerdo reclamado se determinó procedente suspender el procedimiento en atención a la falta de certeza que existe sobre quien ostenta la representación de la comunidad agraria de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, lo que este órgano constitucional considera que no es un motivo suficiente para la suspensión aludida. Lo anterior es así, dado que la falta de certeza sobre quiénes son las personas que ostentan la representación del núcleo agrario que llamó a juicio, no es causa justificada para suspender el procedimiento de origen, ya que si bien la responsable al emitir el acto reclamado expresó que constituía un hecho notorio que ante el referido tribunal agrario se encontraban en trámite los expedientes ******************** y ********************, en los que se controvertía la elección de tales órganos de representación; esa circunstancia no implica que exista una absoluta imposibilidad de los órganos de representación electos para el cuidado de los intereses del núcleo agrario, pues esos litigios precisamente son a efecto de determinar si en su caso, existen motivos legales que actualizan la nulidad de la asamblea celebrada, lo cual se determinará en la sentencia que se emita en los citados juicios agrarios, con los efectos legales que allí se precisen; empero ello no se traduce en la nulidad de pleno derecho de las asambleas de elección de los órganos de representación y vigilancia de la comunidad agraria, sino que requiere una declaración de nulidad emitida por autoridad competente para que se le reste eficacia legal. Lo anterior es así, tomando en consideración lo previsto en los artículos 21 , 22 , 23 , 28, 31 y 37 de la Ley Agraria, que señalan: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 28.- En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo." "Artículo 31.- De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional." "Artículo 31.- De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional." "Artículo 37.- Las personas integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electas en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre las personas que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse de manera paritaria, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Las comisiones y secretarías auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se integrarán conforme al principio de paridad de género." De lo anterior se advierte que los órganos del ejido -comunidad agraria en este caso concreto-, son la asamblea, el comisariado comunal y el consejo de vigilancia, de los cuales el órgano supremo de la comunidad es la asamblea, en la que participan todos los comuneros; asimismo, que serán competencia exclusiva de la asamblea, entre otros: "III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros". Mientras que, el artículo 37 de la Ley Agraria de referencia, prevé que los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes serán electos en asamblea, mediante voto secreto, escrutinio público e inmediato; en caso de empate, se repetirá la votación y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Por su parte, el artículo 31 de la citada legislación, señala que "de toda asamblea" se levantará el acta correspondiente, que será firmada por el comisariado ejidal y consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo, y si existe inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Y finalmente, los artículos 28, 150 y 152 de la citada Ley Agraria, prevén formalidades específicas para aquellos casos en que se trate de los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del diverso ordinal 23 de dicha normatividad -entre los que no se encuentra la fracción III del mismo precepto relativa a la elección de los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia-. Entonces, de los artículos reseñados se advierte que conforme a la Ley Agraria, la elección de los órganos de representación y vigilancia de un núcleo agrario, es competencia exclusiva de la asamblea de comuneros que determina sobre dicha elección, como se encuentra previsto en la fracción III del artículo 23 de la Ley Agraria. Además, de que en el artículo 28 de la Ley Agraria, solo prevé su nulidad en los casos detallados en las fracciones VII a XIV del diverso ordinal 23 de dicha legislación, sin que para el supuesto previsto en la fracción III, de éste último precepto, exista disposición expresa que establezca supuestos en los que resulten nulas sin la necesidad de seguir un procedimiento judicial, por lo que tales nulidades deben ser declaradas por la autoridad competente, no así de pleno de derecho, al no existir disposición legal que reste o nulifique el valor de las asambleas en dicha forma -de pleno derecho-. Tal como lo dispuso en sus consideraciones la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia 2a./J. 119/2008, con registro 168993, del contenido siguiente: "ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS EJIDALES QUE REALICE EN CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD NO ACTUALIZA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si no hay disposiciones expresas en las leyes, no se autoriza reconocer la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que éstas deben ser declaradas por la autoridad judicial en todos los casos y previo procedimiento formal correspondiente. En congruencia con lo anterior, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares y el Código Civil Federal, de aplicación supletoria acorde con el artículo 2o. de la Ley citada, no establecen expresamente que las asignaciones parcelarias realizadas por la asamblea ejidal en contravención al principio de indivisibilidad previsto en el artículo 27 constitucional, a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 46/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR.", son nulas de pleno derecho, es indudable que la declaración de su nulidad debe hacerse por la autoridad competente previo procedimiento formal correspondiente y, en consecuencia, el plazo para ejercer el derecho a que las asignaciones sean modificadas o nulificadas es el previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria, de 90 días naturales para la impugnación de los acuerdos de la asamblea ejidal en que se asignan tierras, pues de lo contrario, éstos quedarán firmes y serán definitivos al haberse extinguido el derecho del actor sobre las tierras ejidales." Por tanto, si la magistrada responsable consideró indispensable realizar el llamamiento a juicio del núcleo agrario en cuestión y dado que alegó no tener certeza de las personas que ostentan la representación de dicha comunidad agraria, se insiste en que tal situación no es suficiente para determinar la suspensión del procedimiento, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden, además, si la responsable no tiene certeza de quiénes se ostentan como representantes del núcleo agrario que llamó a juicio en su calidad de tercero, puede allegarse de la información necesaria para dar continuidad al juicio y no suspenderlo por el motivo que adujo, en tanto que los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, otorgan facultades a la magistrada responsable para que ordene el desahogo o perfeccionamiento de pruebas, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad de los hechos, por lo que si tiene incertidumbre sobre las personas que ostentan la representación del núcleo agrario que llamó a juicio, deberá recabar esa información al ser indispensable para evitar que el juicio agrario de origen se suspenda. A mayor abundamiento, no resulta motivo suficiente para suspender el procedimiento en el juicio agrario de origen, el que se encuentre controvertida la elección del comisariado y consejo de vigilancia comunal, lo cual se advierte de las constancias de autos , pues como se indicó con antelación, la autoridad responsable se encuentra en aptitudes de allegarse de esa información, ya sea valorando las documentales que obran en autos, o bien, requiriendo al propio Comisariado de bienes comunales de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, para que exhiba el acta correspondiente. Y si la información precisada en el párrafo que antecede, no es suficiente, la magistrada responsable podrá solicitar informes, en su caso, a la Procuraduría Agraria, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Agraria, disposición que si bien refiere que en determinadas situaciones deberá estar presente un Representante de la Procuraduría Agraria, dentro de las cuales no figura específicamente la elección y remoción del Comisariado, no obstante ello, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en la práctica, los miembros de las comunidades agrarias en ocasiones solicitan que para las asambleas ordinarias acuda un representante de la Procuraduría Agraria, aun cuando la elección de su representación no requiera ese requisito, sin embargo, esa circunstancia no impide que la autoridad responsable solicite un informe a dicha dependencia a efecto de constatar si algún representante estuvo presente o no en las elecciones del núcleo agrario tercero con interés en el juicio de origen y, en su caso las condiciones y circunstancias que se dieron en ésta. Además, la responsable también podrá solicitar informe al Registro Agrario Nacional, en términos del artículo 22, fracción III, inciso e), del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el cual dispone que dentro de las atribuciones de las Delegaciones de tal dependencia, deberán calificar e inscribir los acuerdos contenidos en las actas relativas a la elección o remoción de los órganos ejidales y comunales, por lo que, en dado caso que el acta del núcleo agrario tercero con interés llamado en el juicio de origen, se encuentre inscrita en la Delegación correspondiente del Registro Agrario Nacional, podrá recabar esa información a través del informe que le requiera a dicha Institución. En ese orden, una vez recabada la información necesaria para conocer quienes ostentan la representación del núcleo agrario tercero con interés en el juicio de origen, la magistrada responsable deberá resolver lo que en derecho proceda, a efecto de continuar con el procedimiento agrario ********************, de su índice. Sin que ello implique prejuzgar sobre la validez del acta de elección, sino que lo que aquí se sostiene es que resulta factible considerar el acta de elección respectiva, para efectos exclusivos del juicio agrario de origen para darle continuación, ya que la misma no puede ser nulificada de pleno derecho, por virtud de las controversias que refiere la autoridad responsable, porque hasta que no se resuelva en definitiva sobre éstas, se definirán los alcances de lo resuelto en tales litigios. En consecuencia, en el acuerdo reclamado la magistrada responsable deberá prescindir de las consideraciones que señaló, toda vez que no resulta motivo para suspender el procedimiento la falta de certeza de quién ostenta la representación del núcleo agrario que llamó a juicio, al existir diversas controversias que invocó en los autos del juicio de origen, así como en el informe justificado, ya que esa determinación implícitamente equivale a que de pleno derecho se desconozca el acta de asamblea de elección del núcleo agrario tercero llamado a juicio, sin contar con sentencia ejecutoriada que declare su nulidad. Máxime que todo procedimiento es de orden público y se debe resolver sin trabas u obstáculos innecesarios a efecto de cumplir con los derechos de justicia pronta que establece el artículo 17 constitucional; y, en especial, el juicio agrario se prevé como un procedimiento sumario, predominantemente oral, que se limita generalmente a una sola audiencia en la que se deberá resolver a verdad sabida y buena fe guardada sin sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según los tribunales lo estimen debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, tal como lo señalan los artículos 185 y 189 de la Ley Agraria. En consecuencia, al ser fundados parte de los conceptos de violación analizados, resulta innecesario abordar el estudio de los demás argumentos vertidos en los restantes motivos de disenso, en específico los relativos a que resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que el estado de suspensión se hará constar mediante declaración judicial, a instancia de parte o de oficio y que cuando verse sobre la representación de un procurador, dicha suspensión no puede prolongarse más de un mes, así como que la magistrada responsable debía requerir a la asamblea de comuneros para que nombrara a un apoderado legal que la representara, hasta en tanto se resolviera la personalidad de su órgano de representación, toda vez que en nada cambiaría el resultado obtenido, porque al decretarse fundado el primer concepto de violación, es suficiente para conceder la protección constitucional. Apoya este razonamiento la jurisprudencia II.3o.J/5, Octava Época, con registro digital 220006, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo." En consecuencia, ante la indebida motivación observada en el acuerdo reclamado, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos precisados en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y, en su lugar emita uno diverso, en el que tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo, prescinda de considerar como motivo para suspender el procedimiento, la falta de certeza de las personas que ostentan la representación de la tercera con interés Comunidad de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos, y en caso de que considere que no cuenta con los elementos necesarios para determinar quienes ostentan el cargo de representación de la comunidad agraria, en términos de los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, se allegue de la información necesaria para que resuelva lo que en derecho proceda, a efecto de continuar el juicio agrario de origen. Sin que ello implique prejuzgar sobre la validez de la elección de los representantes de ese núcleo agrario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y******************** contra el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, para los efectos precisados en la última parte de este fallo. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha siete de junio del dos mil veintitrés, se emplazó a los terceros interesados Adriana Tapia Contreras y Adolfo Solís; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, para que se impongan del presente asunto y manifiesten lo que a sus intereses convenga; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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