Pablo Martínez López

Expediente 802/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
802/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Pablo Martínez López
  • Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Pral. 802/2019 M. 1-A [] se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso ****, contra el descuento del treinta por ciento de sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por concepto de pensión alimenticia a favor de su progenitora*****, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 18/219, mediante acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, que se reclama de juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA (PREVIO AVISO).- Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 802/2019; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 14) en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido el doce de septiembre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Pablo Martínez López, por propio derecho, al que en lo subsecuente se hará referencia como quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado consistente en el descuento del treinta por ciento de sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por concepto de pensión alimenticia a favor de su progenitora Magdalena López Martínez, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 18/2019, por actualizarse, dice, litisconsorcio pasivo necesario, atribuido al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca (foja 5). Bajo protesta de decir verdad el quejoso narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados (fojas 6 a 10), invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 10), y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 10 y 11). Segundo. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 46 a 50), se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 57 y 58) se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Magdalena López Martínez, lo que aconteció el once de diciembre del año en curso (foja 158), apersonándose por escrito presentado el diecisiete de diciembre siguiente (foja 161). Cuarto. Audiencia constitucional. Y previo trámite se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el acto se ordenó en San Carlos Yautepec, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el que se realizará el análisis relativo, es: El descuento del treinta por ciento de sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por concepto de pensión alimenticia a favor de su progenitora Magdalena López Martínez, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 18/2019, mediante acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve (foja 5 de este juicio de amparo y 12 a 16 del tomo anexo). Y como autoridad responsable al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca. El quejoso también destaca como acto reclamado ese descuento que se le realiza, porque, dice, se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, ya que la obligación de dar alimentos es divisible y mancomunada, esto es, cuando hay una pluralidad de deudores alimentarios existe una pluralidad de sujetos obligados (foja 5). Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que se relaciona con los conceptos de violación que se estima se actualizan por ese descuento que se le realiza; por lo que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, dicho argumento se abordará, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como acto destacado . Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 55), convino en la existencia del acto que se le reclama. Al respecto señaló lo siguiente: 1° En ese Juzgado se encuentra radicado el expediente familiar número 18/2019, promovido por Magdalena López Martínez, contra Pablo Martínez López. 2° Por auto de once de abril de dos mil diecinueve se fijó como pensión provisional a favor de la actora, el treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado. Y como justificación de su informe se tiene la copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente de que se trata, que obra como tomo anexo I. Cuarto. Análisis del fondo del asunto. Toda vez que no existen causas de improcedencia que se actualicen, procede el estudio del fondo del asunto, en los términos siguientes: Antecedentes del asunto. De la copia certificada de constancias que remitió la responsable, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que los antecedentes del asunto son: 1. Magdalena López Martínez presentó ante el juez Mixto de Primera Instancia de San Carlos Yautepec, Oaxaca, demanda en la vía de controversias del orden familiar, en la que reclamó de Pablo Martínez López, su hijo, la fijación y pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva, así como el pago de gastos y costas del juicio, por los motivos ahí expuestos (fojas 2 a 5 del tomo anexo I). 2. Mediante acuerdo emitido el tres de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó formar el expediente número 18/2019, y requirió a la actora para que en el plazo de tres días subsanara la circunstancia de que en la demanda sólo estampó huellas digitales, omitiendo la firma de alguien más a ruego, ni indicó el motivo por el cual sólo estampaba dichas huellas (foja 1 del tomo anexo I). 3. En auto de once de abril de dos mil diecinueve la autoridad judicial responsable tuvo a la actora demandando en la vía de controversias del orden familiar, las prestaciones reclamadas; señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos y ordenó girar exhorto al juez de lo Familiar, en turno, del distrito judicial del Centro, a fin de que se hiciera presente en el domicilio del demandado y lo emplazara al juicio; además, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional el treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado (fojas 12 y 14 a 16). Esta parte de la resolución de once de abril de dos mil diecinueve es lo que constituye el acto reclamado. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . El quejoso, vía conceptos de violación, manifestó: 1. Refiere que en la demanda natural la actora omitió hacer del conocimiento del juez responsable que procreó nueve hijos, quienes tienen la obligación de dar alimentos (foja 7). 2. Al existir otros deudores alimentarios, además de que el quejoso es acreedor alimentario de su cónyuge, se viola en su perjuicio la garantía constitucional -sic- de propiedad, legalidad y seguridad jurídica, por lo que el descuento que se realiza, dice, debe ser retenido hasta en tanto sean llamados a juicio los acreedores -sic- alimentarios, para observar las normas procesales, a fin de que las sentencias que se dicten estén fundadas y motivadas (foja 7). 3. La actora tiene nueve hijos, quienes tienen solvencia económica y obligación con la misma (fojas 7 y 8), por lo que no debe existir condena en ese juicio natural en su contra, porque se le asignaría a uno solo la carga de la pensión, que también corresponde a otros, pues, dice, en el caso se actualiza la figura de litisconsorcio pasivo necesario, e invoca las tesis de rubros: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO" "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE DEMANDA LA CESACIÓN O DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA SOLAMENTE RESPECTO DE ALGUNO O ALGUNOS ACREEDORES ALIMENTARIOS. PORQUE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS ES DIVISIBLE Y MANCOMUNADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y COAHUILA)" "ALIMENTOS. CALIDAD DE LA OBLIGACIÓN DE DARLOS", "ALIMENTOS. FIJACIÓN DE SU PORCENTAJE CUANDO SON VARIOS LOS DEDUROES ALIMENTISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) -fojas 8 a 10-. 4. Se violan en su perjuicio los artículos 14 y 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que transcribe (foja 10). 5. Las formalidades esenciales del procedimiento son que la autoridad judicial responsable decretó una pensión alimenticia provisional en auto de once de abril de dos mil diecinueve, por el treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que, dice, causa un perjuicio de difícil reparación, ya que es una pensión excesiva, pues en el juicio natural se encuentra afectada por la figura de litisconsorcio pasivo necesario, dada la existencia de ocho deudores alimentarios (foja 11). 6. Se viola el artículo 16 constitucional, porque existen otros acreedores alimentarios y, como él, también tienen la obligación de proporcionar alimentos a su progenitora, tal como lo demuestra con los atestados del Registro Civil que al efecto exhibe (foja 11). Estudio. Los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca señalan: "TITULO DECIMOSEPTIMO CAPITULO UNICO De las controversias de orden familiar "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964.- No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio". La obligación alimentaria es una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato; entonces, se trata de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. Esa obligación se sustenta en el deber que tienen determinadas personas de proporcionar a otras lo que sea necesario para su supervivencia; dentro de la cual quedan comprendidos la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de hijos menores, los gastos necesarios para su educación primaria, secundaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Los alimentos tratan de cubrir una necesidad apremiante y perentoria de subsistencia de quien tiene derecho a reclamarla, es decir, se pretende asegurar al acreedor alimentario los medios de vida suficientes cuando no se encuentren en posibilidad de procurárselos por sí mismos, cuyo carácter esencial es de cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo. Así, cuando una persona acude ante el juez reclamando los alimentos de forma provisional, éste únicamente con base en la información con que se cuente hasta el momento de la presentación de la demanda o la que exija discrecionalmente o recabe el juzgador, sin audiencia del deudor, deberá fijarlos, mientras se resuelve el juicio respectivo. En el caso, la autoridad judicial responsable estuvo en lo correcto al fijar el treinta por ciento sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso, como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, porque, para ello, consideró que: a) La demandada presentó el atestado de nacimiento expedido por el Registro Civil en el que aparece que su hijo es el demandado (foja 15 y 6). b) Así, dicho demandado tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a su madre (foja 15), en términos del artículo 316 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. c) La actora, por sus propias características, no se encuentra en posibilidad de proporcionarse alimentos, pues por su edad y enfermedad, requiere de insumos básicos para su subsistencia, comida, vestido, habitación, así como para su atención médica (foja 15). Pues exhibió copia certificada notarialmente de una constancia expedida por la Clínica Oftalmológica Fundación La Luz, asociación civil, en la que se señala que la actora tiene glaucoma de ángulo abierto fase terminal en ojo derecho y glaucoma neovascular en ojo izquierdo; con agudeza visual percibe la luz (foja 7). d) Que actúa de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente, tratándose de menores, alimentos y violencia familiar, fijándose una pensión provisional sin audiencia del deudor, al constituir los alimentos una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien los demanda (foja 15 reverso), como lo establece el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. e) El demandado es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que surge la presunción de que tiene la capacidad económica de proporcionar pensión alimenticia a favor de su progenitor (foja 15 reverso), pues así lo manifestó la actora; sin que este aspecto esté controvertido. De ahí que esa decisión fue realizada por escrito, dentro del ámbito de su competencia, en forma fundada y motivada, porque la autoridad judicial responsable se apoyó en los preceptos jurídicos aplicables y estableció las hipótesis concretas de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, existiendo, además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Se invoca en apoyo la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Página: 162 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Ahora, los conceptos de violación que al respecto vertió el quejoso son inoperantes. Dichos conceptos de analizarán en conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, toda vez que, en esencia, el quejoso refiere que la actora omitió señalar que existen otros hijos de ella, mismos que también tienen la obligación de proporcionarle alimentos, existiendo litisconsorcio pasivo necesario. Se estiman inoperantes toda vez que, como lo afirmó el quejoso, el juez responsable no tuvo conocimiento de que existieran otros deudores que tuvieran la obligación de proporcionar alimentos a fin de que fijara la pensión alimenticia provisional para cada uno de ellos. Sin que puedan estudiarse ahora los atestados relativos a las actas de nacimiento de quienes dice son sus hermanos y establecer que sí existe litisconsorcio pasivo, ya que ello es facultad exclusiva de la autoridad judicial responsable; de estimar lo contrario, se estaría sustituyendo en sus funciones, en clara contravención a lo dispuesto por el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Por todo lo anterior, no son aplicables las tesis que invoca al respecto, de rubros: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO" "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE DEMANDA LA CESACIÓN O DISMINUCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA SOLAMENTE RESPECTO DE ALGUNO O ALGUNOS ACREEDORES ALIMENTARIOS. PORQUE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS ES DIVISIBLE Y MANCOMUNADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y COAHUILA)" "ALIMENTOS. CALIDAD DE LA OBLIGACIÓN DE DARLOS", "ALIMENTOS. FIJACIÓN DE SU PORCENTAJE CUANDO SON VARIOS LOS DEDUROES ALIMENTISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) -fojas 8 a 10-. Por lo que, al no existir vulneración a sus derechos fundamentales, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Pablo Martínez López, contra el descuento del treinta por ciento de sueldo y demás prestaciones que percibe como jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por concepto de pensión alimenticia a favor de su progenitora Magdalena López Martínez, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 18/219, mediante acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, que se reclama de juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.

  3. Principal

    PRAL.802/2019-1A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de ***; en atención a su contenido, se acuerda: Apersonamiento de la parte tercera interesada. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonándose a este juicio de amparo, con el carácter de tercera interesada. Domicilio y autorizados para recibir notificaciones. a) Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica. b) Y como en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático ciber.cjf.gob.mx/regprof, se encontró registro de ***, con número de cédula profesional 8481912 y registro 154584, se le tiene por autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley invocada; en tanto que a las demás personas, únicamente se les tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 802/2019 MESA 1-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Devolución de despacho. Agréguense a) el oficio de la juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y b) la copia de la diligencia de notificación, traslado y emplazamiento de fecha once de diciembre del año en curso enviada por el oficial de partes adscrito a dicho Juzgado (recibida vía fax), en alcance al oficio de cuenta; por lo que téngasele devolviendo diligenciado el despacho con números de orden *** y origen ***(foja 135), del índice de este órgano jurisdiccional y con el que formó el cuaderno de despacho ***, enviado con la finalidad de emplazar a este juicio de amparo a ***, en su carácter de tercera interesada y dése de baja en el libro de gobierno esa comunicación oficial y acúsese recibo. Notifíquese....

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