Pablo Geovani Cotero Soto y Otros.
Expediente 633/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Geovani Cotero Soto y Otros.
- Pablo Geovani Cotero Soto
Actuaciones
- Principal
PRAL-633/2019-3B-# San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 1. Se aceptó competencia declinada. Agréguese a los autos, el oficio 46212/2019, del secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, enviado electrónicamente, por el que: A. Comunica que dicho Juzgado aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por ****** misma que registró con el expediente 671/2019. B. Informa que en auto de diecinueve de julio del año en curso, se desechó la demanda antes mencionada, por las razones ahí expuestas. Lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Devolución de exhorto. Por otra parte, glósese el oficio 111, firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto electrónico con números de orden 306/2019 y de origen 140/2019 (foja 20); que fue enviado con la finalidad de notificar a los quejosos antes mencionados el proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 10 a 17); por lo que dése de baja tal exhorto en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2.1. Precisión. Sin que sea necesario acusar recibo de dicha comunicación, en razón de que su devolución se realizó vía interconexión. 2.2. Remisión de constancia vía interconexión. Por otro lado, de la diligencia de notificación de diecinueve de julio de este año, realizada al quejoso Ramón Bernal García (foja 56), se advierte que dicha parte realizó diversas manifestaciones; sin embargo, como el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, aceptó la competencia declinada a su favor; por tanto, remítase a dicho órgano jurisdiccional, copia certificada de esa diligencia de notificación, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional esté en aptitud de acordar lo que en derecho proceda en el juicio de amparo 671/2019 de su estadística. 2.3. Envió de oficio. En consecuencia, se instruye al (a) actuario (a) judicial adscrito (a) a este Juzgado, en su carácter de fedatario (a), envíe, vía interconexión, el oficio que contiene este auto al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, y su anexo. 3. Archivo del expediente. Finalmente, como fue aceptada la competencia declinada, en tanto que, en este expediente y en la caja de valores, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 3.2. Destino. Mediante proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 10 a 17), entre otras cuestiones, se decretó la suspensión de oficio y de plano en este expediente; por tanto, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su depuración, esto conforme a la fracción III del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. 3.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en 9el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/3555/2019, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.633/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado en esta fecha, promovida por 1) Pablo Geovani Cotero Soto, 2) Juan Serbando Robles Celis, 3) Jesús David Rendón Villela, 4) Esteban Tapia Urea, 5) Ramón Bernal García y 6) Miguel Ángel Islas García, por propio derecho, contra actos de la directora General del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 633/2019. 2. Integración del expediente. Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Estudio de la competencia. De la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a (foja 6): A) Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco. B) Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco. C) Jefe(a) del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco. Y como actos reclamados los siguientes (foja 3): La falta de atención médica y la negativa de entregarle los medicamentos diagnosticados por el experto médico. De lo anterior, se advierte que: 1. Los quejosos antes mencionados se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco. No pasa desapercibo, que en el escrito de demanda no se haya expresado textualmente dicha circunstancia; sin embargo, del contenido del mismo se evidencia su internamiento, toda vez que los quejosos aducen que las autoridades responsables no les han otorgado atención médica, ni proporcionado los medicamentos que les fueron diagnosticados; aunado que del sobre adjunto que contenía el escrito de la demanda (foja 8) se advierte que proviene del Estado de Jalisco. 2. Señalan como acto reclamado la falta de atención médica y la negativa de entregarles los medicamentos diagnosticados por el experto médico. Ahora, por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza en primer término, el relativo a la competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, entre las cuales se encuentra la siguiente: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Hipótesis que determinan la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Así, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse. Precisado lo anterior, para determinar la competencia en un juicio de amparo indirecto, lo que debe tomarse en consideración es la naturaleza del acto reclamado, a efecto de establecer si requiere de ejecución material o si sólo se trata de actos declarativos que carecen de ella, pues atendiendo a esa característica, se podrá resolver si el juzgado competente es aquél en que deba tener ejecución el acto, o si es donde se presente la demanda de amparo. En esos términos, partiendo de la base que el acto reclamado consiste en la falta de atención médica y la negativa de entregarle los medicamentos diagnosticados por el experto médico, desde luego, tiene efectos positivos, ya que su propósito es, en esencia, que se les brinde esa atención y se les proporcione medicamentos, los cuales se les ha negado y, por ende, propicia una afectación al derecho humano a la salud de los quejosos, pues lo que pretenden al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentran internos. Bajo ese contexto, los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica y la negativa de entregarle los medicamentos diagnosticados por el experto médico, de ser existente, se encuentran ejecutándose en el lugar donde están recluidos, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco; además, las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en el Estado de Jalisco. Entonces, es competente para conocer de la demanda de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción se este ejecutando el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 32, julio de 2016, tomo III, página 2093, registro 2012019, del texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, declinándola a favor del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan; por ello, se ordena remitir (vía mensajería acelerada) el original de la demanda de amparo promovida por 1) Pablo Geovani Cotero Soto, 2) Juan Serbando Robles Celis, 3) Jesús David Rendón Villela, 4) Esteban Tapia Urea, 5) Ramón Bernal García y 6) Miguel Ángel Islas García, a fin de que proceda conforme a sus facultades legales. 4. Acuse de recibo y formación de cuaderno de antecedentes. Solicítese el acuse de recibo correspondiente y fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. 5. Anotaciones. Realícese las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 6. Suspensión de oficio del acto reclamado. En razón de que la parte quejosa refiere que no se le ha dado la atención médica y los medicamentos que se le diagnosticaron, y toda vez que el derecho fundamental a la salud se encuentra consagrado en el precepto 4º de la Constitución Federal, como derecho humano indispensable para hacer efectivo ese derecho; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede, de oficio y de plano, la suspensión a los quejosos 1) Pablo Geovani Cotero Soto, 2) Juan Serbando Robles Celis, 3) Jesús David Rendón Villela, 4) Esteban Tapia Urea, 5) Ramón Bernal García y 6) Miguel Ángel Islas García, para que, previo diagnóstico respectivo, se le brinde atención médica acorde a sus padecimientos; asimismo, se les proporcione los medicamentos en caso de que así lo determine el médico que los analice. Apoya lo anterior, la tesis XXVII, con registro 2000769, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Página 1857, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su disposición". Y la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales. 6.1. Informe. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para el efecto de que comuniquen lo procedente, dentro del término de veinticuatro horas vía telegrama, o fax al servicio de este Juzgado, de número 9515023885; contado a partir de la hora en que queden notificadas de este acuerdo y por el cual se les remite el oficio con transcripción del mismo; en el entendido que de no hacerlo, se ubicarán en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con las consecuencias legales correspondientes. 6.2. Envío de oficio. Así también, se instruye al(a) actuario(a) judicial adscrito(a) a este Juzgado, en su carácter de fedatario(a), envíe, vía fax o correo electrónico, los oficios que contienen este auto a las autoridades responsables; debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo, fecha y hora en que fue recibido. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, página 30, registro 173071, del rubro siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". 7. Notificación. Por otra parte, como la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", El Salto, Jalisco; por tanto, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Federal; 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto electrónico al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Ciudad Judicial Federal, Zapopan; para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda, realice lo siguiente: ÚNICO: Notifique este proveído a los quejosos 1) Pablo Geovani Cotero Soto, 2) Juan Serbando Robles Celis, 3) Jesús David Rendón Villela, 4) Esteban Tapia Urea, 5) Ramón Bernal García y 6) Miguel Ángel Islas García. 7.1. Facultades. Se conceden facultades amplias al juez exhortado, a fin de que se realice tal notificación. 7.2. Jurisdicción. Así también, se faculta a la autoridad exhortada que, en caso de no tener jurisdicción en el territorio donde se diligenciará la comunicación antes precisada, lo envíe a la autoridad que considere competente. 7.3. Agilización de la diligencia. A efecto de agilizar el procedimiento en este expediente, se solicita atentamente a la autoridad exhortada que, de no tener inconveniente, una vez diligenciado la comunicación de mérito, la devuelva vía Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese vía exhorto electrónico a la parte quejosa. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/3555/2019, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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