Pablo Granados Sosa
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Granados Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
INC.40/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de Colegiado. Por recibido el oficio 5498/2021, del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en la ciudad de Oaxaca, con el que remite el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 40/2021, promovido por Pablo Granados Sosa y testimonio de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria virtual de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el incidente en revisión 76/2021, del índice del Tribunal oficiante; acúsese recibo vía interconexión. 2. Comunica a las partes la resolución del órgano revisor. Toda vez que el referido órgano colegiado declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria emitida el cuatro de febrero del año en curso en la cual se le negó la suspensión definitiva a dicha parte procesal; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Destrucción del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. A fin de no duplicar las actuaciones judiciales, incorpórense al expediente original las constancias que obren en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío al Tribunal de Alzada; y en relación con las constancias restantes del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, como carece de objeto su existencia, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes al plazo de seis meses previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales. 4. Archivo del original del incidente de suspensión. Subsiste el pronunciamiento que se realizó en interlocutoria emitida el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, relativo al archivo y destino del cuaderno incidental. Por lo que en cumplimiento a lo ordenado en dicha resolución, se ordena remitir este expediente al archivo como asunto definitivamente concluido. 5. Duplicado de incidente. Se precisa que por interlocutoria de cuatro de febrero del año en curso se acordó lo procedente al destino del duplicado del incidente de suspensión (destruible). 6. Instrucción a la Secretaría. Se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en las carátulas del original y duplicado de este incidente de suspensión obre la leyenda de que son destruibles y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 40/2021-1A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de marzo del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pablo Granados Sosa, sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Destino del incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 8. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 40/2021 Acuerdo: PRAL 40/2021-1A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta de marzo del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pablo Granados Sosa, sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Destino del incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 8. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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PRAL. 40/2021-1A* Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con treinta y un minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 40/2021, como se ordenó en proveído de veintidós de febrero del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir a dicha audiencia. treinta de marzo de dos mil veintiuno Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria a) hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Pablo Granados Sosa, por propio derecho, e informes justificados de las autoridades responsables; y b) hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: I. La parte quejosa ofreció la prueba documental consistente en copia simple de: 1. Recibo de pago de nómina a nombre de Granados Sosa Pablo (foja 11). 2. Carta de obligaciones que firma el trabajador que recibe un préstamo del Instituto para adquisición de automóvil y pagaré a nombre de Granados Sosa Pablo (fojas 12 a 14). 3. Factura auto número AUTI 1417, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada por Córcega Automotriz, sociedad anónima de capital variable, a nombre del quejoso (foja 15). II. Las autoridades responsables: a) Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, residente en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado ofreció como prueba la documental consistente en copia certificada de diversas constancias derivadas del expediente 288/2020, de su índice, a las cuales se adhirió la diversa responsable b) actuaria judicial adscrita a la Segunda Secretaría de dicho Juzgado. A lo que se acuerda: En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la referida prueba, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que en acuerdo de fecha dos de marzo del año en curso se tuvo por formulado los que expresó la tercera interesada, Edith Ariadna Hernández Santiago, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales Y.G.H Y P.A.G.H., para los efectos legales procedentes; se declara cerrado este período. Enseguida, se concluye con esta audiencia, firmando los que en ella intervinieron, para enseguida emitir la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DTTO EDO OAXACA. BEATRIZ B. MARTINEZ MARTINEZ. SECRETARIA DE JUZGADO. Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 40/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Pablo Granados Sosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acuerdo dictado por el juez Octavo de lo Civil del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, en el que ordena a su fuente de trabajo le descuente el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número Uno, doctor Demetrio Mayoral Pardo, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios de iniciales Y.G.H. y P.A.G.H., así como su ejecución atribuida al actuario adscrito a dicho Juzgado (fojas 2 a 10). La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo. Por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 40/2021, se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional (fojas 16 a 20). Tercero. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a este juicio de amparo a Edith Ariadna Hernández Santiago, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales Y.G.H Y P.A.G.H., por resultar ser contraparte del quejoso en el procedimiento natural (foja 57). Cuarto. Audiencia constitucional. Y previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto se reclama a autoridades residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que de la demanda de amparo y constancias de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa y por el que se realizará el análisis relativo, es: 1. Acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, por el que ordena a la fuente de trabajo del demandado Pablo Granados Sosa se le descontara el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número Uno, doctor Demetrio Mayoral Pardo, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios de iniciales Y.G.H. y P.A.G.H, en el expediente 288/2020. Atribuido al juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro. 2. Ejecución de dicho acuerdo. Reclamado al actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la actuaria judicial adscrita al Juzgado Octavo Familiar y Conclusión de asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, consistente en la ejecución del acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, por el que ordena a la fuente de trabajo del demandado Pablo Granados Sosa se le descontara el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número Uno, doctor Demetrio Mayoral Pardo, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios de iniciales Y.G.H. y P.A.G.H, en el expediente 288/2020. Lo anterior, pues aunque al rendir su informe justificado convino parcialmente en la existencia de dicho acto (fojas 55 y 56), y de lo expuesto en ese propio informe, corroborado con las constancias que exhibió la autoridad judicial, a las que se adhirió, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la actuaria judicial no ejecutó el acuerdo que ordena el descuento relativo para cubrir la pensión alimenticia provisional de los menores, sino que fue diversa autoridad la que efectuaría dicho descuento, a saber, el jefe del Departamento de Recursos Humanos del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Demetrio Mayoral Pardo, al que se le giró el oficio para tal efecto, por parte del juez responsable (foja 48). Por lo que, ante la inexistencia del acto que se le atribuye, se sobresee en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Cuarto. Existencia del acto reclamado. El juez Octavo Familiar y Conclusión de asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, convino en la existencia del acto que le atribuye el quejoso. Al efecto, manifestó que: En ese Juzgado se encuentra radicado el expediente 288/2020 relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por Edith Ariadna Hernández Santiago, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales Y.G.H. y P.A.G.H., contra Pablo Granados Sosa, mismo que fue iniciado el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que, además, se decretó como medida provisional la pensión alimenticia en favor de los menores, del cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones. Por lo que ordenó girar oficio al jefe del Departamento de Recursos Humanos del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Demetrio Mayoral Pardo, para que procediera al descuento correspondiente. Y como justificación de su informe se tiene la documental consistente en copia certificada de diversas constancias derivadas del expediente 288/2020, de su índice (fojas 36 a 54). Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este juzgado federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. El quejoso refiere, vía conceptos de violación, que se vulneran en su perjuicio los derechos humanos a que se refieren los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 5 y 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y 3, 16, 17 y 23 del Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismos que transcribe (fojas 6 a 8). También refiere que el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete adquirió una unidad vehicular, que para liquidar el pago relativo, firmó una carta de obligaciones de un préstamo del Instituto para la Adquisición de un automóvil y un pagaré, descontándole de manera quincenal el cuarenta por ciento que, como trabajador, percibe (fojas 4 y 5). Que en el mes de agosto de dos mil veinte, por mutuo acuerdo, decidieron separarse él y su concubina, misma que se quedó con el cuidado de sus dos hijos, de siete y catorce años de edad, acordando dar una cantidad de dinero para la manutención de los menores, acorde a su capacidad económica, mientras termina de liquidar la deuda adquirida en su trabajo (foja 5). Y el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al recibir su pago de nómina, advirtió la existencia de un descuento del cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones, solamente recibe la cantidad de $329.00 (trescientos veintinueve pesos cero centavos moneda nacional), misma que, dice, no le alcanza para sus gastos más elementales, como son la comida, traslado a su fuente de trabajo; además, refiere, la demandada goza de buena salud para poder trabajar y solventar algunos gastos de sus hijos (fojas 5 y 6). Antecedentes del asunto. De las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, en copia certificada, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que los antecedentes del asunto son: 1. Edith Ariadna Hernández Santiago, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Y.G.H. y P.A.G.H., presentó demanda ante el juez de lo Familiar del distrito judicial del Centro, en turno, contra Pablo Granados Sosa, al que le reclamó el pago de la pensión alimenticia provisional en favor de los menores y, en su momento, la definitiva, y otras prestaciones (fojas 35 a 40). 2. Mediante acuerdo emitido el cinco de noviembre de dos mil veinte se ordenó a) formar el expediente 288/2020, relativo al juicio de controversias del orden familiar, así como b) el emplazamiento del demandado; c) se pronunció sobre la guarda y custodia provisional de los menores; d) fijó el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe dicho demandado, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus hijos, veinte por ciento para cada uno, e) dictó medida de protección a favor de la parte actora y f) negó fijar cantidad alguna por concepto de pensión alimenticia a favor de la promovente, porque no acreditaba que fuera concubina del deudor alimentista (fojas 35 y 43 a 47). 3. Se giró el oficio número 627/2020, de fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, al jefe del Departamento de Recursos Humanos del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, para realizar el descuento relativo (foja 48). Estudio. Los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca señalan: "TITULO DECIMOSEPTIMO CAPITULO UNICO De las controversias de orden familiar "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964.- No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio". La obligación alimentaria es una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato; entonces, se trata de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. Esa obligación se sustenta en el deber que tienen determinadas personas de proporcionar a otras lo que sea necesario para su supervivencia; dentro de la cual quedan comprendidos la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de hijos menores, los gastos necesarios para su educación primaria, secundaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Los alimentos tratan de cubrir una necesidad apremiante y perentoria de subsistencia de quien tiene derecho a reclamarla, es decir, se pretende asegurar al acreedor alimentario los medios de vida suficientes cuando no se encuentren en posibilidad de procurárselos por sí mismos, cuyo carácter esencial es de cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo. Así, cuando una persona acude ante el juez reclamando los alimentos de forma provisional, aquél únicamente con base en la información con que se cuente hasta el momento de la presentación de la demanda o la que exija discrecionalmente o recabe el juzgador, sin audiencia del deudor, deberá fijarlos, mientras se resuelve el juicio respectivo. En el caso, la autoridad judicial responsable estuvo en lo correcto al fijar el cuarenta ciento sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso, como promotor de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 45); para ello, consideró que: a) La demandada presentó el atestado de nacimiento expedido por el Registro Civil en el que aparece que los dos menores son hijos del demandado (fojas 44 reverso y 45). b) Dicho demandado tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a sus hijos (foja 45), en términos del artículo 315 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. c) La pensión fue fijada atendiendo la necesidad imperiosa e inaplazable de los acreedores alimentistas, para ser destinada a su subsistencia, que comprende comida, vestido, habitación, atención médica en caso de enfermedad, además del alza inmoderada de los productos de primera necesidad para subsistir (foja 45). d) Actuó de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente, tratándose de menores, alimentos y violencia familiar, fijándose una pensión provisional sin audiencia del deudor, al constituir los alimentos una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de quien los demanda (foja 45), como lo establece el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. e) El demandado es trabajador en activo y, por tanto, surge la presunción de que tiene la capacidad económica de proporcionar pensión alimenticia a favor de sus menores hijos (foja 45). De ahí que esa decisión de la autoridad judicial responsable fue pronunciada por escrito, dentro del ámbito de su competencia, en forma fundada y motivada, porque se apoyó en los preceptos jurídicos aplicables y estableció las hipótesis concretas de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, existiendo, además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; por lo que se satisfizo lo establecido en la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época. Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005. Página: 162 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Ahora, atendiendo la causa de pedir, los conceptos de violación que al respecto vertió el quejoso son inoperantes, mismos que se analizarán en conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, toda vez que, en esencia, el quejoso refiere que al haberse comprado un automóvil en el año dos mil diecisiete, cuyo costo se encuentra pagando de forma quincenal, al haber solicitado un préstamo, descontándosele el cuarenta por ciento sobre su sueldo y demás prestaciones, más otro descuento de cuarenta por ciento fijado para la pensión alimenticia provisional, hacen que el salario no le alcance para sufragar sus gastos elementales y, con ello, dice, se vulneran sus derechos fundamentales; para lo cual, exhibe copia simple de: 1. Recibo de pago de nómina a nombre de Granados Sosa Pablo (foja 11). 2. Carta de obligaciones que firma el trabajador que recibe un préstamo del Instituto para adquisición de automóvil y pagaré a nombre de Granados Sosa Pablo (fojas 12 a 14). 3. Factura auto número AUTI 1417, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, otorgada por Córcega Automotriz, sociedad anónima de capital variable, a nombre del quejoso (foja 15). Se estiman inoperantes esas manifestaciones, ya que la autoridad judicial responsable no tuvo conocimiento de tal circunstancia, a fin de que valorara todos los elementos para que fijara la pensión alimenticia provisional para cada uno de los menores. Por lo que, no pueden estudiarse, vía juicio de amparo indirecto, las documentales que, refiere, soportan su dicho, y establecer que la cantidad fijada como pensión alimenticia no son suficientes para cubrir sus gastos elementales, como lo alega, ya que ello es facultad exclusiva de la autoridad judicial responsable, ante la que la parte interesada debe demostrar tales circunstancias y esté en condiciones de resolver lo procedente; de estimar lo contrario, este órgano jurisdiccional se estaría sustituyendo en las funciones de la responsable, en contravención a lo dispuesto por el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Así, como no existe vulneración a sus derechos fundamentales, procede negarle al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pablo Granados Sosa, contra la ejecución del acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 288/2020, por el que fija el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número Uno, doctor Demetrio Mayoral Pardo, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios de iniciales Y.G.H. y P.A.G.H, atribuido a la actuaria judicial adscrita al Juzgado Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Pablo Granados Sosa, contra el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 288/2020, por el que se fija el cuarenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona Número Uno, doctor Demetrio Mayoral Pardo, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios de iniciales Y.G.H. y P.A.G.H; atribuido a la responsable, juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del distrito judicial del Centro, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a parte quejosa y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; vía electrónica a la parte tercera interesada y por oficio a responsables. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta de marzo de dos mil veintiuno, en que se estuvo en condiciones de dictar sentencia.
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