Pablo Jacinto Arrazola a través de su apoderado

Expediente 1005/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1005/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Pablo Jacinto Arrazola a través de su apoderado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL.1005/2021. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia dictada en autos; asimismo, en esa fecha se ordenó el archivo de este expediente. 2. Devolución de documental. Sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obra el original del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 342/2018 de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicha constancia, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental respectiva; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruida en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dicha documental, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1005/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, promovida por Pablo Jacinto Arrazola, por conducto de su apoderado legal Pedro Pablo López Ruíz, sin que lo hubiese hecho. 1.1 Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 1.2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento alguno respecto al plazo de diez días que tenían las diversas partes procesales para interponer algún recurso, pues en la referida sentencia se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, ningún agravio les genera el sentido de esa determinación. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a la Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda referida en el apartado que antecede (destruible). Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se hizo constar en el auto de admisorio, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1005/2021-6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las diez horas con dieciséis minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico. Acto seguido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma, por lo que el secretario hace relación de las constancias que existen en el expediente electrónico, entre las que se encuentran: 1) escrito de demanda, y 2) auto admisorio de veinte de septiembre de este año. Asimismo, da cuenta con el oficio signado por la presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y un anexo; con folio de recepción 13307. Además, CERTIFICA: I. Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en el auto admisorio. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Respecto al oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, rindiendo su informe justificado. Correo electrónico. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la autoridad responsable proporcionando un correo electrónico y un número telefónico, como medios de comunicación que, de ser necesarios, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto, se reciben las documentales que remitieron la parte quejosa y la autoridad responsable, consistentes en: a) Audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, de veintidós de agosto de este año, dictado en el expediente laboral 342/2018 (4). b) Copia certificada y autorizada con firmas autógrafas de diversas actuaciones emitidas dentro del expediente natural 342/2018 (4). Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza y se tomarán en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho por escrito o a través de algún medio electrónico, pues no se tiene registro de que hayan promovido ante la Oficialía de partes común, buzón judicial o en el correo institucional; por ello, se cierra este periodo; se declaran vistos los autos y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1005/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional, en esa misma fecha, el quejoso Pablo Jacinto Arrazola, por conducto de su apoderado legal Pedro Pablo López Ruíz, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; que hizo consistir en: La omisión de dictar y notificar el laudo en el expediente laboral 342/2018 (4). Acto que estimó violatorio del derecho fundamental contenido en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de septiembre de este año se admitió la demanda de amparo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; de igual manera, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsables, se emplazó al tercero interesado, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), mismo que se apersonó a este juicio de amparo, a través de su apoderado legal; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto listo para dictar sentencia, en el que se reclama un acto de naturaleza laboral, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado, el cual se hace consistir en la omisión de dictar y notificar el laudo en el expediente laboral 342/2018 (4); como lo ilustra la tesis del rubro siguiente:. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que se le reclama. Toda vez que refirió que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se había podido dictar laudo en el expediente laboral de referencia, debido a la excesiva carga de trabajo con la que cuenta la Secretaría Auxiliar de Codificación, Compilación y Dictaminación de la Junta a su cargo, y por la contingencia sanitaria que atraviesa el país; por ello hasta el catorce del actual estuvo en posibilidades de dictarse el laudo relativo. Por tanto, con dichas manifestaciones se tiene por cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Estudio de la causa de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no; es decir, la actualización de una causal provoca una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual, como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente. Así, en cuanto al acto reclamado, consistente en la omisión de dictar y notificar el laudo en el expediente laboral 342/2018 (4), del índice de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El numeral invocado en primer término, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la anterior Ley de Amparo, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, la improcedencia invocada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, conforme a las constancias que obran en autos, específicamente en las relativas al juicio natural, se puede advertir que el catorce de este mes se dictó laudo en el que se condenó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), en los términos ahí señalados. En ese contexto, se estima que han quedado extinguidas las violaciones a los derechos fundamentales que pudieron haberse cometido con la abstención reclamada a la autoridad responsable, con lo que los efectos desaparecieron, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que al haberse dictado el laudo respectivo, cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Finalmente, es importante mencionar que el sobreseimiento impide emprender el análisis de alguna cuestión de fondo planteada; atento a la tesis 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Registro 394465, del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Pablo Jacinto Arrazola, por conducto de su apoderado legal Pedro Pablo López Ruíz, contra los actos reclamados a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.1005/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega escrito y se apersona tercero interesado. Agréguese el escrito signado por Eduardo Osorio Velasco apoderado y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O); en consecuencia, se provee: Personalidad. Con fundamento en los artículos 6, 11 y 13, todos de la Ley de Amparo, se reconoce a Eduardo Osorio Velasco el carácter de apoderado y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), toda vez que dicha personalidad la acredita con la copia certificada del Instrumento Notarial 4560, volumen 83, de diez de noviembre de dos mil dieciocho, del índice de la Notaría Pública número 92, del Estado de Oaxaca. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), por conducto de su apoderado y representante legal, apersonándose en este juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado. Domicilio y autorizados. Asimismo, téngase a la referida parte procesal, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y, de conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a los licenciados: 1) Manuel Filemón Angón Gutiérrez, 2) Mayra Leticia Mendoza Juárez, y 3) Yolanda Gloria Amaya Ángeles, por encontrarse registro a su favor en portal electrónico del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que indica en el ocurso de cuenta, por no haberse encontrado registro de sus cédulas en el mencionado sistema. Aunado a que en dicha promoción no se señalaron datos con los que tales personas acrediten su profesión de licenciados en derecho o abogados. Sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizadas en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con Registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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