Pablo José Antonio Matadamas Robledo

Expediente 32/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
32/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
06/03/2015

Partes del expediente

  • Pablo José Antonio Matadamas Robledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA VI A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en este juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Incidental

    MESA VI A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veinte de enero de dos mil quince (fojas 30 a 34), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido en parte, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VI A Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 747/2015 signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de veintisiete de enero del presente año, pronunciada en el expediente penal 06/2015 de su índice, que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, decretando en su contra auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en el presente asunto así como las remitidas por el juez responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, de las constancias de referencia, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, se duele de la orden de aprehensión librada en su contra, así como de su pretendida ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca. Al rendir informe justificado el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 18), pues indicó que efectivamente el nueve de enero de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, y otros, en la causa penal 6/2015 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. Posteriormente, dicha autoridad informó que el quejoso compareció ante ella bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión origen de este juicio, por lo que derivado de lo anterior, el veintisiete de enero del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del ilícito de referencia. En esas condiciones, se concluye que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al dictarse auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica . De ahí que, procede sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 46); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Notificación personal por lista. (Quejoso). MESA VI A Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 747/2015 signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la resolución de veintisiete de enero del presente año, pronunciada en el expediente penal 06/2015 de su índice, que resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, decretando en su contra auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en el presente asunto así como las remitidas por el juez responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, de las constancias de referencia, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, se duele de la orden de aprehensión librada en su contra, así como de su pretendida ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca. Al rendir informe justificado el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 18), pues indicó que efectivamente el nueve de enero de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, y otros, en la causa penal 6/2015 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad. Posteriormente, dicha autoridad informó que el quejoso compareció ante ella bajo los efectos de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión origen de este juicio, por lo que derivado de lo anterior, el veintisiete de enero del año en curso, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del ilícito de referencia. En esas condiciones, se concluye que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al dictarse auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica . De ahí que, procede sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca, en virtud de que el acto que se les reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 46); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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