Pablo Hernández López

Expediente 702/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
702/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2015

Partes del expediente

  • Pablo Hernández López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinte de mayo de dos mil quince (fojas 6 a 8), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por PABLO HERNÁNDEZ LÓPEZ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III A Vista la razón de quince del actual, asentada por el Actuario de la adscripción, se advierte que al constituirse en las instalaciones que ocupan el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS", en Miahuatlán, Oaxaca, con motivo de notificarle personalmente al quejoso Luis Morales Villanueva el contenido de la resolución relativa al incidente de violación a la suspensión de oficio y de plano, dictada el once de los corrientes, en este juicio de amparo, éste interpuso recurso de queja contra la citada resolución. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación, manifestándole a la Superioridad que es cierto el acto reclamado; consistente en la resolución relativa al incidente de violación a la suspensión de oficio y de plano, dictada el once de los corrientes, en este juicio de amparo, pues en ella se declaró infundado dicho incidente, siendo notificado el quejoso el quince del actual. Ahora, no obstante que la parte quejosa señaló como constancias de su parte todo lo actuado en este juicio de amparo; este órgano jurisdiccional únicamente remitirá al Tribunal de Alzada correspondiente, las que estime conducentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto, pues resultaría ocioso remitir copia certificada de todo lo actuado a la superioridad. Así, debido a la materia del asunto, remítase también copia certificada de la diligencia por la que se interpuso el citado recurso, y la copia para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, atento a que el asunto corresponde a la materia administrativa y los tres Tribunales Colegiados de Circuito de este Distrito tienen competencia para conocer de esa materia, para la substanciación del referido recurso; sin que en el caso se considere necesario dar vista a las demás partes a efecto de que señalen constancias que estimen pertinentes para ser enviadas al Órgano Colegiado, como lo dispone el numeral 101 de la ley de la materia, en virtud de que, como ha quedado asentado, se enviaran las que se consideren necesarias para el conocimiento del recurso, a fin de darle celeridad al procedimiento. Sin que haya lugar a decretar la suspensión del procedimiento del presente juicio de amparo, toda vez que de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, únicamente está facultado para suspender el procedimiento cuando se trate de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes; por tanto, el presente asunto no se ubica en el supuesto a que se refiere el ordinal 97, fracción I, inciso e) de la ley de la materia. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, y mediante oficio a las autoridades responsables. Ahora bien, toda vez que el quejoso Luis Morales Villanueva, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se ordena notificarle este proveído, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    MESA III B. Notificación personal por lista. (Quejoso). Vista la demanda de amparo promovida por Pablo Hernández López contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 702/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama en esencia, la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar el escrito de trece de abril del año en curso, presentado en esa propia fecha, por el cual ofrece diversas pruebas dentro de la causa penal 34/2014 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca; bajo la consideración de que el Juez no ha proveído determinación alguna. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la omisión reclamada y que deriva de la causa penal 34/2014, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, de la que se duele el impetrante, se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto de que la autoridad judicial no ha emitido la determinación correspondiente a la solicitud formulada por el quejoso, la cual no deja no lo deja en estado de indefensión, ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta, expedita y completa. En el caso, el artículo 546, fracción III, y 548, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca , establecen que el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia y que dicho recurso que se haga valer contra el Juez de Primera Instancia se interpondrá ante el superior de la autoridad contra quien se intente. Por su parte el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca , publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aplicable conforme a lo establecido en el artículo tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, vigente , establece que las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. De ahí que se advierte que corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, instruir al juez responsable para que dé cumplimiento a su deber constitucional de impartir justicia pronta, expedita y completa; toda vez que el acto reclamado surge con motivo de la tramitación de un expediente penal. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se traduce en la denegación de acceso a la impartición de justicia en el expediente penal 34/2014, por parte de la mencionada autoridad judicial; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable, ya que el peticionario del amparo pueden interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, en su caso, ésta obligar al juez del proceso para que tome las medidas que en derecho procedan. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, aprobada en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda y por autorizadas con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así solicitarlo y por tratarse de un asunto en materia penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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