Pablo Jorge Ramírez Juárez
Expediente 677/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Jorge Ramírez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA III B Vista la certificación de cuenta, como de la misma se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa y el tercero interesado Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de trece de marzo de dos mil quince (fojas 276 a 286), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Mediante oficio que se gire, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, copia certificada de las constancias deducidas del expediente penal 26/2014 (foja 34) con el cual se formó cuaderno de prueba por separado.
- Principal
MESA III B De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió al quejoso y tercero interesado en auto de cinco de enero de dos mil quince, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, ha fenecido, teniendo en el expediente únicamente manifestaciones vertidas por el quejoso, mediante escrito recibido el trece de enero del actual (fojas 270 a 272). Así, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil catorce (fojas 86 a 107), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, a fin de que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra el diecisiete de mayo de dos mil catorce, en la causa penal 26/2014 de su registro y, con plenitud de jurisdicción, dictará una nueva, lo cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero subsanado los vicios formales indicados en el fallo concesorio, o en sentido diverso, bajo los siguientes lineamientos: Lo antes expuesto permite conocer que la citada autoridad responsable, únicamente se limitó a hacer una relación y transcripción de las pruebas enlistadas, para posteriormente indicar que con base en ellas se tienen por acreditados los elementos de la conducta que le reprocha al quejoso, pero omitió señalar los razonamientos que de manera lógica le permitieron establecer por qué merecen el valor que dijo les correspondía a cada una de ellas, así como el aspecto específico que deriva de cada una de esas probanzas en relación con cada uno de los elementos del cuerpo del delito, ya que sólo reseña la conducta en que asumió, incurrió el inculpado ahora quejoso, para concluir acreditada la comisión del ilícito de que se trata; empero, a esa exposición no correspondió la emisión del juicio valorativo que de manera puntual y razonada condujera a la responsable a concluir la correcta adecuación de sus elementos al caso concreto. En efecto, a pesar de que en el acto reclamado la juez de la causa narró el contenido de los medios de prueba, no se expusieron de manera separada los razonamientos lógicos y jurídicos mediante los cuales se arribó a la conclusión de que con ellas se demuestra la conducta atribuida al impetrante. En ese sentido, la juez responsable soslayó con su actuar el requisito de que es necesario valorar pormenorizadamente cada una de las pruebas, citando el fundamento de la legislación procesal respectivo y estableciendo el valor probatorio que merecen; empero, que además se debe explicar qué eficacia convictiva alcanzan, en relación con cada elemento del cuerpo del delito que estima actualizado con las mismas. Cierto, el análisis realizado a las consideraciones expuestas por la juez responsable permite establecer que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación legal, toda vez que en cuanto a las probanzas que reseñó, si bien dijo que tenían valor probatorio en términos de la legislación procesal aplicable, sólo se limitó a entrelazar una pruebas con otras, sin exponer las razones particulares o causas inmediatas que la llevaron a concluir que con las mismas se acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violación, pues la sola cita de los medios de convicción existentes en el sumario, de los preceptos legales que prevén y sancionan el delito de violación y de que tales hechos se corroboran con las pruebas que obran en autos, sin precisar cuál es el conocimiento que se adquiere de cada uno de esos medios de convicción, de qué forma y con qué pruebas se demuestran todos los extremos del antijurídico, de manera alguna cumple con la exigencia de la motivación prevista por el artículo 16 constitucional, dado que tratándose de un acto que tiende a privar de la libertad personal, como en el caso lo es el auto de formal prisión, la autoridad no sólo debe señalar los medios de prueba y el valor que conforme a la ley tienen, respecto del delito que analice; sino, además, debe exponer las razones particulares que la condujeron a sostener que de ellas se desprenden datos suficientes para tener por demostrado el referido extremo. En consecuencia, los argumentos expuestos por la autoridad responsable se estiman insuficientes para que la resolución reclamada cumpla con el derecho de legalidad, pues, resulta evidente que la juez del conocimiento no realizó la extracción de los hechos inmersos en el caudal probatorio, con los que se justificaran cada uno de los elementos que conforman el antisocial en comento; inadvertencias que dejan en estado de indefensión al impetrante de garantías en relación con la conducta que se le atribuye, porque no basta afirmar que los mencionados elementos se encuentran demostrados, luego de hacer una descripción conjunta de pruebas, otorgándoles el valor legal que a su juicio estimó tenían, para tener como motivado el acto de molestia, pues para que ese postulado se cumpla por mandato constitucional la autoridad responsable deberá extraer los hechos objetivos que surgen de cada prueba recabada en la fase de averiguación previa y preinstrucción, y valorarla a la luz de la norma procesal a través de una explicación jurídica para tener por demostrado cada elemento que el cuerpo del delito requiere. Aspectos que la juez responsable en tutela de los derechos humanos del impetrante debió observar, para darle oportunidad de combatir los argumentos que sustentaron la existencia del cuerpo del delito de violación; pues de no ser así, resultaría innecesaria la acreditación en forma individual de cada uno de los elementos integradores de la figura delictiva, lo cual resulta contrario al objeto que protege el derecho. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 89 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 125, Tomo II, materia penal, de la actualización para el año 2001 al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación para los años 1917 a 2000, que dice: SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO. El artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, impone a la autoridad judicial la obligación de examinar si en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito relativo (elementos del tipo, antes de su última reforma). Ahora bien, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se concluye que para cumplir con la referida obligación constitucional, es necesario que la autoridad judicial precise: a) Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige la figura delictiva correspondiente; b) Con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c) Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen cuando el juzgador se constriñe a relacionar las pruebas existentes en la causa penal relativa y con ello concluye que se encuentran probados los elementos del cuerpo del delito respectivo. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia J/45 emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 86 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, octubre de 1993, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EL. El espíritu del artículo 19 de la Constitución Federal, persigue el fin de que se determine con toda precisión, el delito o delitos que se imputen a un reo, de manera que éste tenga una base fija para su defensa, por tanto, el auto de prisión preventiva no satisface los extremos del dispositivo constitucional mencionado, si se concretó a hacer una relación de los elementos de convicción que obran en la indagatoria y expresó las razones por las que considera cual fue la participación del quejoso en la comisión del evento delictivo, pero no señala expresamente en cuál hipótesis quedaron comprendidos los hechos materia de la formal prisión. Máxime si se considera que la citada autoridad responsable para determinar que en el proceso penal de origen se encuentra acreditado el cuerpo del delito de violación de que se trata, aduce valorar en su conjunto el material probatorio reseñado con antelación, en términos de lo que establece el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca; toda vez que para la integración de la prueba circunstancial a que alude, no basta una simple relación y valoración de constancias, ya que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 275 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 200, Tomo II, Penal, Apéndice 2000, materia penal, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. Asimismo, respecto a los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, así como respecto a los dictámenes en fotografía y planimetría, practicados con motivo de las diligencias de inspección ocular de veintidós de octubre de dos mil nueve y veintidós de abril de dos mil diez, se pone en evidencia que si bien la autoridad responsable les otorgó valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los primeros, en relación con los numerales 398, 400, 401 y 402 y, los segundos, en relación con los diversos artículos 396, 397, 399, 400, 403 y 404, todos del mismo código procesal penal; omitió precisar porqué llega a la conclusión de que dichos dictámenes efectivamente cumplen con las reglas que al efecto establece el invocado artículo 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, es decir, las razones por las cuáles considera que los expertos para emitir las opiniones de que se trata, practicaron todas las operaciones y experiencias que la ciencia les sugiere, así como si se expresaron los hechos o métodos que les sirvieron de fundamento para emitir sus dictámenes, de modo tal que se evidenciara que la juzgadora estuvo en aptitud de valorar todas esas operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos, dado que será a través de ellos que tales opiniones generen mayor o menor convicción en la juzgadora al efectuar su análisis y conceder mayor o menor valor probatorio a los dictámenes o incluso negárselo, atento a la convicción que generen en ella. Aunado a lo anterior, se advierte que tampoco precisó en qué consistieron los medios comisivos empleados en la perpetración del ilícito, es decir, específicamente en qué consistió la violencia física y en qué la violencia moral, pues si bien refirió que la conducta había sido realizada con violencia física y moral, no citó de forma clara cómo es que el sujeto activo del delito hizo uso de la violencia física y moral en contra de la ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, para cometer la conducta reprochada. En el entendido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios ha establecido que para que se actualice la violencia física es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, así como que existen dos posibilidades para que se actualice la violencia física: 1) que el sujeto activo haga uso de su propio cuerpo, o bien, 2) que haga uso de un medio físico diverso; además, que la imposibilidad de oponer resistencia es una circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que produce es el mismo; incluso, que ésta se acredita aun cuando no cause lesión, esto es que no forzosamente se tienen que ocasionar alteraciones físicas a la pasivo. En tanto que, la violencia moral consiste en el peligro actual e inminente a que se vio sujeta la agraviada por virtud de los amagos y amenazas graves provenientes del activo, y que la intimidaron de tal forma que le imposibilitó resistirse a la cópula; debiendo entenderse como peligro actual e inminente el estado presente que amenaza con un riesgo cercano de manera tan grave, que se sienta descargarse irremediablemente sobre la víctima, es decir, la violencia es anterior a la cópula y debe precisarse en qué consistió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 122/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 366, Tomo XXIX, marzo de 2009, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO DE COMISIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN. Debe señalarse que al hablar de violencia física o moral como medio específico de comisión en el delito de violación se está haciendo referencia a un elemento normativo de carácter cultural, ya que para comprender su contenido es necesario realizar una valoración del mismo, en virtud de que el legislador ha sido omiso en señalar qué debe entenderse. Ahora bien, a partir de la presunción de que el legislador es racional debe entenderse que en el caso del delito de violación, aquél no quiso emplear una definición cuyos límites materiales estuvieran definidos por la ley, al considerar que los gobernados podían adecuar su conducta a las normas aplicables sin necesidad de acudir a una definición legal previamente establecida. A partir de lo anterior, es que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para que se actualice la violencia física, como medio específico de comisión en el delito de violación, es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada. Lo anterior implica, necesariamente, que el sujeto activo es quien debe ejercer la violencia física en el pasivo, ya sea por sí o por una tercera persona con la que comparte su propósito delictivo y la misma debe ser desplegada con el propósito de anular o vencer su resistencia, ya que sólo en esas condiciones puede afirmarse que constituyó el medio idóneo para lograr el resultado típico. De acuerdo con lo anterior existen dos posibilidades para que se actualice la violencia física: 1) que el sujeto activo haga uso de su propio cuerpo o 2) que haga uso de un medio físico diverso; ello, a fin de anular o vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo y pueda concretar la conducta penada. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las características de los medios utilizados, los resultados son diferentes, esto es, no produce el mismo efecto golpear a una persona, amarrarla o suministrarle un agente químico o biológico; no obstante lo anterior, estas conductas para que puedan ser consideradas constitutivas de la violencia física como medio específico de comisión en el delito de violación, necesariamente, deben provocar que el sujeto pasivo no esté en condiciones de repeler la agresión del sujeto activo. En este sentido, es importante destacar que la imposibilidad de oponer resistencia es una circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que produce es el mismo, por la misma razón es irrelevante que el sujeto pasivo esté consciente de los actos violentos que el sujeto activo está realizando. Así como la jurisprudencia 320, emitida también por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 289, Tomo III, Primer Parte, SCJN, materia penal, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: VIOLACIÓN. VIOLENCIA MORAL. El delito de violación se configura no sólo imponiendo la cópula por la fuerza física, sino también cuando mediante violencia moral, la parte ofendida accede o no opone resistencia al acto sexual ante las graves amenazas de que es objeto. Además, respecto a la copia certificada del atestado del Registro Civil relativo al acta de nacimiento de la menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, expedida el dos de marzo de dos mil siete, por el Oficial Primero del Registro Civil de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se advierte que si bien la autoridad responsable señaló que le otorgaba valor probatorio pleno al tratarse de una documental exhibida en términos del artículo 355, fracción VII del invocado código de procedimientos penales; omitió explicar por qué es precisamente dicho numeral el que le permite otorgarle tal valor, toda vez que el mismo señala lo siguiente: ".355.- La facultad que se confiere a los Tribunales en el artículo anterior, no tiene más limitaciones que las siguientes: (.) VII.- Para que los documentos privados puedan tener valor probatorio, deberán ser reconocidos por su autor, o que éste no los haya objetado a pesar de saber que figuran en el proceso.- - - Los documentos provenientes de tercero, o identificados por testigos, se consideran como indicios.- - - Los Tribunales, en sus sentencias, expondrán las razones que hayan tenido en cuenta para valorar las pruebas.", es decir, se refiere a los documentos privados y no a los documentos públicos. En otro orden, se advierte que la A quo dentro del apartado correspondiente a la probable responsabilidad de PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ o JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, señaló que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, es decir, por sí mismo, toda vez que fue él quien aproximadamente a las veintidós horas del trece de agosto de dos mil nueve, en el terreno baldío que se localiza al lado izquierdo del domicilio ubicado en carretera a Puerto Escondido, kilómetro treinta y dos, en Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, golpeó a la pasivo dos veces en la cara, cerca del ojo derecho, y aun cuando la pasivo comenzó a llorar aprovechó para bajarle el pantalón así como su ropa interior hasta las rodillas, se desabrochó su pantalón y se lo bajó hasta las rodillas sacándose su pene, y aun cuando la pasivo gritó para resistirse, él la abrazó y con sus manos le abrió las piernas y la penetró con su pene en la vagina. Lo que justificó con las imputaciones directas y categóricas que en su contra formularon la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón y el denunciante Maurilio Ibáñez Díaz, presentadas el catorce de agosto de dos mil nueve (fojas 8, 9, 10 y 11 ibídem); a las cuales les otorgó valor probatorio pleno en términos de la facultad prevista en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Así como con la diligencia de fe ministerial de integridad, constitución física y lesiones de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Díaz (foja 12 ibídem); los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón (fojas 13, 18 a 20 y 26 ibídem), y los dictámenes en fotografía y planimetría de ocho de noviembre de dos mil nueve y uno de septiembre de dos mil diez (fojas 40 a 52, 73 y 74 ibídem); medios de convicción que dio por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, como si estuviesen insertos a la letra, otorgándoles el mismo valor probatorio precisado en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito. Lo que pone en evidencia que la autoridad judicial responsable, al abordar la parte relativa a la probable responsabilidad penal del inculpado, en primer término, modificó la hora en que acreditó que tuvo ejecución la conducta que reprocha al procesado, pues en el estudio relativo al cuerpo del delito señaló que ésta había sido ejecutada aproximadamente a las nueve y media de la noche, sin embargo, en este apartado señala que ésta fue ejecutada aproximadamente a las veintidós horas, situación que genera incertidumbre respecto a la conducta específica que se reprocha al procesado. Asimismo, se advierte que en este apartado otorga valor probatorio pleno a las declaraciones emitidas por la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón y el denunciante Maurilio Ibáñez Díaz, cuando en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito ya había señalado que éstas adquirían valor probatorio de indicio; amén, de que tampoco señala, en su caso, porqué efectivamente tales declaraciones alcanzan el valor probatorio pleno a que alude. Además, se pone en evidencia que la autoridad responsable aduce que la probable responsabilidad también se considera acreditada con la diligencia de fe ministerial de integridad, constitución física y lesiones de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Díaz; los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, y los dictámenes en fotografía y planimetría, practicados con motivo de las referidas diligencias de inspección ocular efectuadas el veintidós de octubre de dos mil nueve y el veintidós de abril de dos mil diez, mismos elementos de prueba que estimó para la comprobación del cuerpo del delito; sin embargo, al igual que en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito, omitió exponer cómo es que las pruebas aportadas le permitieron conocer la participación específica del procesado, aquí quejoso, en el hecho delictivo que se le imputa, esto es, omitió hacer relación analítica de cada uno de los elementos probatorios existentes en la causa y además, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que tuvo en consideración para estimar acreditada la probable responsabilidad del indiciado, así como señalar cuál fue la conducta concreta que desplegó el amparista, que se desprendiera del estudio de los medios de convicción y que justifiquen su participación en la comisión del delito de violación, lo que a su vez permitiera concluir a la juez que existió en determinadas circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, alguna acción desplegada por el hoy quejoso que encuadre en el supuesto que consigna el delito que le imputa; de modo que la conclusión en que se sustenta la acreditación de tal aspecto no se encuentra motivada legalmente, pues omitió precisar qué aspectos de las mismas resultan útiles como factor de incriminación, esto es, motivar adecuadamente mediante la expresión razonada de las causas inmediatas y circunstancias particulares que le permitieron otorgar eficacia demostrativa a dichas pruebas en torno al aspecto específico de la probable responsabilidad del inculpado, para el ilícito atribuido, y no remitirse de manera genérica al valor asignado al acreditar el cuerpo de ese delito. Irregularidades que en modo alguno cabe soslayar, en la medida que no basta la relación de los medios probatorios recabados para justificar legalmente la emisión de un auto de formal prisión que redundará en la afectación al gobernado de uno de los derechos fundamentales de mayor valía, como lo es su libertad personal; sino que para ello, debe señalarse con toda precisión cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito y cómo es que se acredita en el caso cada uno de ellos y su calificativa, además de los de incriminación que permiten establecer la atribución del hecho a persona determinada, ya que sólo así se estará en posibilidad de brindar certeza jurídica en torno a la suficiencia probatoria y exhaustividad argumentativa que debe observarse en un acto de molestia de tal magnitud; máxime cuando acorde al principio de exacta aplicación de la ley que rige en materia penal, la no acreditación de cualquier elemento de la figura punitiva o de su atribuibilidad torna ilegal su aplicación al gobernado. De ahí que el genérico estudio plasmado en la resolución reclamada, en modo alguno pueda considerarse que satisfizo los requerimientos formales de adecuada fundamentación y motivación. Inconforme con tal resolución la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a éste órgano jurisdiccional, mediante oficio 51/2014 de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión; motivo por el cual, en proveído de veintitrés de septiembre del mismo año se le dio trámite al mismo, el que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimotercer Circuito, bajo el registro de amparo en revisión 590/2014 (fojas 152 a 180 y 199). Medio de impugnación en el que el Tribunal de Alzada, por ejecutoria pronunciada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, confirmó la determinación recurrida (fojas 202 a 219); motivo por el cual, mediante proveído de nueve de diciembre del año pasado, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (fojas 220 y 221). En cumplimiento al fallo protector, la Secretaria Judicial Encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa de Zimatlán, Oaxaca, por oficio 3495, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 26/2014 de su registro, en la que por una parte dejó insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil catorce, y con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva, en la que dictó auto de formal prisión, contra el aquí quejoso PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, por acreditarse su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de Islette Yajahita Ibáñez Gijón (fojas 233 a 262). En consecuencia, este Juzgado procede al estudio sobre el cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por las siguientes consideraciones: Ahora bien, del examen comparativo que se hace entre la sentencia de amparo y la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Secretaria Encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca en el proceso penal 26/2014, se observa que la autoridad ya no realiza únicamente una relación y transcripción de las pruebas enlistadas, sino que de un análisis de las mismas establece la correlación de los medios de convicción a efecto de concluir que se tienen por acreditados los elementos de la conducta que se le reprocha al quejoso; lo anterior lo establece con argumentos y razonamientos que permiten establece de manera lógica porque las pruebas merecen el valor probatorio que les fue conferido, pues en primer orden estableció los elementos del cuerpo del delito de violación, previsto por el ordinal 246, en relación con los diversos 6, 8, fracción I y 10, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la entonces menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, el cual consideró comprobado en autos en términos del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales. Posteriormente, después de establecer cuáles son los elementos del delito, llegó al conocimiento cierto de que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del trece de agosto de dos mil nueve (circunstancia de tiempo), en el inmueble que se encuentra al lado izquierdo del domicilio ubicado en el kilómetro treinta y dos carretera a Puerto Escondido, Oaxaca, de la población de Santa Gertrudis, Zimatlán, Oaxaca (circunstancia de lugar), una persona (sujeto activo), que probablemente resulta ser Jorge Ramírez Juárez, utilizando la violencia física (medio de comisión) copuló con la entonces menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón (sujeto pasivo), sin la voluntad de esta (elemento normativo), ya que después de que la pasivo se negó a ser su novia le dijo que si no aceptaba iba a salir lastimada toda su familia y en especial ella, enseguida la golpeó con el puño dos veces en la cara una de ellas a la altura del ojo derecho, lo que provocó que la pasivo comenzara a llorar por los golpes recibidos, y rápidamente el activo le bajó a la pasivo el pantalón y su pantaleta hasta las rodillas teniendo el pene erecto, por lo que la pasivo gritó muy fuerte pidiendo auxilio pero él no la soltó sino que la abrazó fuertemente y con una de sus manos le abrió las piernas y le introdujo el pene en la vagina, por lo que la pasivo le gritó a su papá pidiendo auxilio, quien salió de su casa que se ubica aproximadamente a treinta metros del lugar en el que ocurrieron los hechos, y el activo al verlo rápidamente soltó a la pasivo. Circunstancia que consideró se corrobora con la denuncia ministerial formulada por Maurilio Ibáñez Díaz, padre de la ofendida, emitida ante la autoridad ministerial el catorce de agosto de dos mil nueve; con la declaración de la pasivo Islette Yajahira Ibáñez Gijón, emitida en la misma fecha, medios probatorios a los cuales les fue conferido valor probatorio de indicio; asimismo obra la diligencia de fe ministerial de integridad constitución física y de lesiones de la menor ofendida, al cual se le otorgó valor probatorio pleno; adminiculado con el dictamen psicológico emitido el catorce de agosto de dos mil catorce, por la psicóloga Flor Juliana Hernández Avendaño, medio de convicción al que le fue otorgado valor probatorio de indicio; así como con el dictamen médico emitido el catorce de agosto de dos mil nueve por la doctora María Elena Sandoval Martínez, dictamen que goza de valor probatorio indiciario, y con el atestado del Registro Civil relativo al acta de nacimiento de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, fechado el dos de marzo de dos mil siete, diligencia a la que le fue asignado valor probatorio pleno; llegando con dichos medios de convicción al conocimiento cierto de que una persona copuló con la menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, al introducirle el pene en la vagina; después, consideró que con los mismos medios de prueba se acredita el segundo elemento del antisocial en estudio, consistente en que el delito se realizó sin el consentimiento de la menor ofendida, estimó que con la concatenación de las pruebas mencionadas se advirtió que Islette Yajahira Ibáñez Gijón, en ningún momento otorgó su consentimiento para que el activo le introdujera en pene en la vagina quedando así acreditado el elemento en estudio, pues de la mecánica de los hechos que narró la ofendida en su denuncia, manifestó que se negó a ser novia del activo, quien le dijo que si no aceptaba ser su novia iba salir lastima toda su familia y en especial ella, golpeándola con el puño en la cara, lo que ocasionó llanto en la ofendida por los golpes recibidos. Enseguida, la autoridad responsable indicó que también se encuentra acreditado que la cópula se llevó a cabo empleando violencia física, pues en el momento y lugar de los hechos después de que la pasivo se negó a ser su novia, le dijo que si no aceptaba iba a salir lastimada toda su familia y en especial ella e inmediatamente la golpeó con el puño dos veces en la cara una de ellas a la altura del ojo derecho, constituyendo dichos golpes la violencia ejercida sobre la pasivo. Además, se evidencia que a efecto de integrar los elementos del cuerpo del delito en análisis la autoridad hizo un análisis de cada uno en el que expuso las razones particulares o causas inmediatas que la llevaron a concluir que con las mismas se acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violación, cumpliendo con ello con la exigencia de la motivación prevista por el artículo 16 constitucional. Luego, en particular por lo que se refiere a los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, así como respecto a los dictámenes en fotografía y planimetría, practicados con motivo de las diligencias de inspección ocular de veintidós de octubre de dos mil nueve y veintidós de abril de dos mil diez, la autoridad responsable les otorgó valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los primeros, en relación con los numerales 398, 400, 401 y 402 y, los segundos, en relación con los diversos artículos 396, 397, 399, 400, 403 y 404, todos del mismo código procesal penal; además, precisó las razones por las cuales llegó a dicha conclusión pues cumplen con lo dispuesto por el ordinal 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, indicando porque los expertos practicaron todas las operaciones y experiencias que la ciencia les sugiere. Aunado a lo anterior, se advierte que la autoridad fue clara y precisa en indicar que como medio comisivo del delito se empleó la violencia física, precisando en qué consistió la misma de manera particular Además, respecto a la copia certificada del atestado del Registro Civil relativo al acta de nacimiento de la menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, expedida el dos de marzo de dos mil siete, por el Oficial Primero del Registro Civil de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, la autoridad responsable señaló que le otorgaba valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el ordinal 355, fracción I del código sustantivo de la materia, al tratarse de una documental pública a que se refieren las fracciones II y IV del ordinal 356 del mismo ordenamiento legal, pues fue expedida por el Oficial del Registro Civil en ejercicio de sus funciones y sirve para acreditar que en el momento en que ocurrieron los hechos contaba con la edad de trece años. En otro orden, se advierte que la A quo dentro del apartado correspondiente a la probable responsabilidad de PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ o JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, señaló que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, es decir, por sí mismo, toda vez que fue él quien aproximadamente a las veintiún horas del trece de agosto de dos mil nueve (corrigiendo la cita en la hora en que ocurrieron los hechos) en el terreno baldío que se localiza al lado izquierdo del domicilio ubicado en carretera a Puerto Escondido, kilómetro treinta y dos, en Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, golpeó a la pasivo dos veces en la cara, cerca del ojo derecho, y aun cuando la pasivo comenzó a llorar aprovechó para bajarle el pantalón así como su ropa interior hasta las rodillas, se desabrochó su pantalón y se lo bajó hasta las rodillas sacándose su pene, y aun cuando la pasivo gritó para resistirse, él la abrazó y con sus manos le abrió las piernas y la penetró con su pene en la vagina. Lo que justificó con las imputaciones directas y categóricas que en su contra formularon la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón y el denunciante Maurilio Ibáñez Díaz, presentadas el catorce de agosto de dos mil nueve (fojas 8, 9, 10 y 11 ibídem); a las cuales les otorgó valor probatorio pleno en términos de la facultad prevista en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Así como con la diligencia de fe ministerial de integridad, constitución física y lesiones de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Díaz (foja 12 ibídem); los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón (fojas 13, 18 a 20 y 26 ibídem), y los dictámenes en fotografía y planimetría de ocho de noviembre de dos mil nueve y uno de septiembre de dos mil diez (fojas 40 a 52, 73 y 74 ibídem); medios de convicción a los cuales les otorgó el mismo valor probatorio precisado en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito; por lo que se evidencia que la autoridad responsable en este apartado realizó también un análisis de los medios probatorios por virtud del cual se estima que se acredita el señalamiento directo en la imputación hacia el pasivo, los cuales valoró debidamente, concluyendo que con los mismos se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal del procesado. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la nueva Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que en auto de trece de enero de dos mil quince, se reservó proveer lo conducente en cuanto a las manifestaciones vertidas por el quejoso; en su atención, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; pues si bien en sus manifestaciones hace valer cuestiones de valoración en los medios probatorios, empero también se aprecia que sus argumentos van encaminados a cuestiones de fondo del asunto, circunstancia que no es factible para este Juzgador analizar toda vez que se trata de cuestiones que no fueron aspectos a considerar en el fallo concesorio. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se concedió al quejoso y tercero interesado en auto de cinco de enero de dos mil quince, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, ha fenecido, teniendo en el expediente únicamente manifestaciones vertidas por el quejoso, mediante escrito recibido el trece de enero del actual (fojas 270 a 272). Así, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil catorce (fojas 86 a 107), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, a fin de que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, dejara insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra el diecisiete de mayo de dos mil catorce, en la causa penal 26/2014 de su registro y, con plenitud de jurisdicción, dictará una nueva, lo cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero subsanado los vicios formales indicados en el fallo concesorio, o en sentido diverso, bajo los siguientes lineamientos: Lo antes expuesto permite conocer que la citada autoridad responsable, únicamente se limitó a hacer una relación y transcripción de las pruebas enlistadas, para posteriormente indicar que con base en ellas se tienen por acreditados los elementos de la conducta que le reprocha al quejoso, pero omitió señalar los razonamientos que de manera lógica le permitieron establecer por qué merecen el valor que dijo les correspondía a cada una de ellas, así como el aspecto específico que deriva de cada una de esas probanzas en relación con cada uno de los elementos del cuerpo del delito, ya que sólo reseña la conducta en que asumió, incurrió el inculpado ahora quejoso, para concluir acreditada la comisión del ilícito de que se trata; empero, a esa exposición no correspondió la emisión del juicio valorativo que de manera puntual y razonada condujera a la responsable a concluir la correcta adecuación de sus elementos al caso concreto. En efecto, a pesar de que en el acto reclamado la juez de la causa narró el contenido de los medios de prueba, no se expusieron de manera separada los razonamientos lógicos y jurídicos mediante los cuales se arribó a la conclusión de que con ellas se demuestra la conducta atribuida al impetrante. En ese sentido, la juez responsable soslayó con su actuar el requisito de que es necesario valorar pormenorizadamente cada una de las pruebas, citando el fundamento de la legislación procesal respectivo y estableciendo el valor probatorio que merecen; empero, que además se debe explicar qué eficacia convictiva alcanzan, en relación con cada elemento del cuerpo del delito que estima actualizado con las mismas. Cierto, el análisis realizado a las consideraciones expuestas por la juez responsable permite establecer que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación legal, toda vez que en cuanto a las probanzas que reseñó, si bien dijo que tenían valor probatorio en términos de la legislación procesal aplicable, sólo se limitó a entrelazar una pruebas con otras, sin exponer las razones particulares o causas inmediatas que la llevaron a concluir que con las mismas se acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violación, pues la sola cita de los medios de convicción existentes en el sumario, de los preceptos legales que prevén y sancionan el delito de violación y de que tales hechos se corroboran con las pruebas que obran en autos, sin precisar cuál es el conocimiento que se adquiere de cada uno de esos medios de convicción, de qué forma y con qué pruebas se demuestran todos los extremos del antijurídico, de manera alguna cumple con la exigencia de la motivación prevista por el artículo 16 constitucional, dado que tratándose de un acto que tiende a privar de la libertad personal, como en el caso lo es el auto de formal prisión, la autoridad no sólo debe señalar los medios de prueba y el valor que conforme a la ley tienen, respecto del delito que analice; sino, además, debe exponer las razones particulares que la condujeron a sostener que de ellas se desprenden datos suficientes para tener por demostrado el referido extremo. En consecuencia, los argumentos expuestos por la autoridad responsable se estiman insuficientes para que la resolución reclamada cumpla con el derecho de legalidad, pues, resulta evidente que la juez del conocimiento no realizó la extracción de los hechos inmersos en el caudal probatorio, con los que se justificaran cada uno de los elementos que conforman el antisocial en comento; inadvertencias que dejan en estado de indefensión al impetrante de garantías en relación con la conducta que se le atribuye, porque no basta afirmar que los mencionados elementos se encuentran demostrados, luego de hacer una descripción conjunta de pruebas, otorgándoles el valor legal que a su juicio estimó tenían, para tener como motivado el acto de molestia, pues para que ese postulado se cumpla por mandato constitucional la autoridad responsable deberá extraer los hechos objetivos que surgen de cada prueba recabada en la fase de averiguación previa y preinstrucción, y valorarla a la luz de la norma procesal a través de una explicación jurídica para tener por demostrado cada elemento que el cuerpo del delito requiere. Aspectos que la juez responsable en tutela de los derechos humanos del impetrante debió observar, para darle oportunidad de combatir los argumentos que sustentaron la existencia del cuerpo del delito de violación; pues de no ser así, resultaría innecesaria la acreditación en forma individual de cada uno de los elementos integradores de la figura delictiva, lo cual resulta contrario al objeto que protege el derecho. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 89 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 125, Tomo II, materia penal, de la actualización para el año 2001 al Apéndice al Semanario Judicial de la Federación para los años 1917 a 2000, que dice: SENTENCIA PENAL. NO SATISFACE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI CON LA SIMPLE RELACIÓN DE PRUEBAS SE CONCLUYE QUE SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO. El artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, impone a la autoridad judicial la obligación de examinar si en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito relativo (elementos del tipo, antes de su última reforma). Ahora bien, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se concluye que para cumplir con la referida obligación constitucional, es necesario que la autoridad judicial precise: a) Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige la figura delictiva correspondiente; b) Con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c) Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen cuando el juzgador se constriñe a relacionar las pruebas existentes en la causa penal relativa y con ello concluye que se encuentran probados los elementos del cuerpo del delito respectivo. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia J/45 emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 86 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, octubre de 1993, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EL. El espíritu del artículo 19 de la Constitución Federal, persigue el fin de que se determine con toda precisión, el delito o delitos que se imputen a un reo, de manera que éste tenga una base fija para su defensa, por tanto, el auto de prisión preventiva no satisface los extremos del dispositivo constitucional mencionado, si se concretó a hacer una relación de los elementos de convicción que obran en la indagatoria y expresó las razones por las que considera cual fue la participación del quejoso en la comisión del evento delictivo, pero no señala expresamente en cuál hipótesis quedaron comprendidos los hechos materia de la formal prisión. Máxime si se considera que la citada autoridad responsable para determinar que en el proceso penal de origen se encuentra acreditado el cuerpo del delito de violación de que se trata, aduce valorar en su conjunto el material probatorio reseñado con antelación, en términos de lo que establece el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca; toda vez que para la integración de la prueba circunstancial a que alude, no basta una simple relación y valoración de constancias, ya que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 275 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 200, Tomo II, Penal, Apéndice 2000, materia penal, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. Asimismo, respecto a los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, así como respecto a los dictámenes en fotografía y planimetría, practicados con motivo de las diligencias de inspección ocular de veintidós de octubre de dos mil nueve y veintidós de abril de dos mil diez, se pone en evidencia que si bien la autoridad responsable les otorgó valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los primeros, en relación con los numerales 398, 400, 401 y 402 y, los segundos, en relación con los diversos artículos 396, 397, 399, 400, 403 y 404, todos del mismo código procesal penal; omitió precisar porqué llega a la conclusión de que dichos dictámenes efectivamente cumplen con las reglas que al efecto establece el invocado artículo 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, es decir, las razones por las cuáles considera que los expertos para emitir las opiniones de que se trata, practicaron todas las operaciones y experiencias que la ciencia les sugiere, así como si se expresaron los hechos o métodos que les sirvieron de fundamento para emitir sus dictámenes, de modo tal que se evidenciara que la juzgadora estuvo en aptitud de valorar todas esas operaciones, experiencias, hechos o métodos en que se basaron los expertos, dado que será a través de ellos que tales opiniones generen mayor o menor convicción en la juzgadora al efectuar su análisis y conceder mayor o menor valor probatorio a los dictámenes o incluso negárselo, atento a la convicción que generen en ella. Aunado a lo anterior, se advierte que tampoco precisó en qué consistieron los medios comisivos empleados en la perpetración del ilícito, es decir, específicamente en qué consistió la violencia física y en qué la violencia moral, pues si bien refirió que la conducta había sido realizada con violencia física y moral, no citó de forma clara cómo es que el sujeto activo del delito hizo uso de la violencia física y moral en contra de la ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, para cometer la conducta reprochada. En el entendido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios ha establecido que para que se actualice la violencia física es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, así como que existen dos posibilidades para que se actualice la violencia física: 1) que el sujeto activo haga uso de su propio cuerpo, o bien, 2) que haga uso de un medio físico diverso; además, que la imposibilidad de oponer resistencia es una circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que produce es el mismo; incluso, que ésta se acredita aun cuando no cause lesión, esto es que no forzosamente se tienen que ocasionar alteraciones físicas a la pasivo. En tanto que, la violencia moral consiste en el peligro actual e inminente a que se vio sujeta la agraviada por virtud de los amagos y amenazas graves provenientes del activo, y que la intimidaron de tal forma que le imposibilitó resistirse a la cópula; debiendo entenderse como peligro actual e inminente el estado presente que amenaza con un riesgo cercano de manera tan grave, que se sienta descargarse irremediablemente sobre la víctima, es decir, la violencia es anterior a la cópula y debe precisarse en qué consistió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 122/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 366, Tomo XXIX, marzo de 2009, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO DE COMISIÓN EN EL DELITO DE VIOLACIÓN. Debe señalarse que al hablar de violencia física o moral como medio específico de comisión en el delito de violación se está haciendo referencia a un elemento normativo de carácter cultural, ya que para comprender su contenido es necesario realizar una valoración del mismo, en virtud de que el legislador ha sido omiso en señalar qué debe entenderse. Ahora bien, a partir de la presunción de que el legislador es racional debe entenderse que en el caso del delito de violación, aquél no quiso emplear una definición cuyos límites materiales estuvieran definidos por la ley, al considerar que los gobernados podían adecuar su conducta a las normas aplicables sin necesidad de acudir a una definición legal previamente establecida. A partir de lo anterior, es que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para que se actualice la violencia física, como medio específico de comisión en el delito de violación, es necesario que el sujeto activo realice un acto o una serie de actos, ya sea a través del uso de su propia fuerza física, o a través de cualquier otro medio físico que, aplicado o suministrado al sujeto pasivo, tenga como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada. Lo anterior implica, necesariamente, que el sujeto activo es quien debe ejercer la violencia física en el pasivo, ya sea por sí o por una tercera persona con la que comparte su propósito delictivo y la misma debe ser desplegada con el propósito de anular o vencer su resistencia, ya que sólo en esas condiciones puede afirmarse que constituyó el medio idóneo para lograr el resultado típico. De acuerdo con lo anterior existen dos posibilidades para que se actualice la violencia física: 1) que el sujeto activo haga uso de su propio cuerpo o 2) que haga uso de un medio físico diverso; ello, a fin de anular o vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo y pueda concretar la conducta penada. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las características de los medios utilizados, los resultados son diferentes, esto es, no produce el mismo efecto golpear a una persona, amarrarla o suministrarle un agente químico o biológico; no obstante lo anterior, estas conductas para que puedan ser consideradas constitutivas de la violencia física como medio específico de comisión en el delito de violación, necesariamente, deben provocar que el sujeto pasivo no esté en condiciones de repeler la agresión del sujeto activo. En este sentido, es importante destacar que la imposibilidad de oponer resistencia es una circunstancia de hecho generada por los actos llevados a cabo por el sujeto activo y que es irrelevante que use un mínimo de fuerza toda vez que el resultado que produce es el mismo, por la misma razón es irrelevante que el sujeto pasivo esté consciente de los actos violentos que el sujeto activo está realizando. Así como la jurisprudencia 320, emitida también por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 289, Tomo III, Primer Parte, SCJN, materia penal, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: VIOLACIÓN. VIOLENCIA MORAL. El delito de violación se configura no sólo imponiendo la cópula por la fuerza física, sino también cuando mediante violencia moral, la parte ofendida accede o no opone resistencia al acto sexual ante las graves amenazas de que es objeto. Además, respecto a la copia certificada del atestado del Registro Civil relativo al acta de nacimiento de la menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, expedida el dos de marzo de dos mil siete, por el Oficial Primero del Registro Civil de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, se advierte que si bien la autoridad responsable señaló que le otorgaba valor probatorio pleno al tratarse de una documental exhibida en términos del artículo 355, fracción VII del invocado código de procedimientos penales; omitió explicar por qué es precisamente dicho numeral el que le permite otorgarle tal valor, toda vez que el mismo señala lo siguiente: ".355.- La facultad que se confiere a los Tribunales en el artículo anterior, no tiene más limitaciones que las siguientes: (.) VII.- Para que los documentos privados puedan tener valor probatorio, deberán ser reconocidos por su autor, o que éste no los haya objetado a pesar de saber que figuran en el proceso.- - - Los documentos provenientes de tercero, o identificados por testigos, se consideran como indicios.- - - Los Tribunales, en sus sentencias, expondrán las razones que hayan tenido en cuenta para valorar las pruebas.", es decir, se refiere a los documentos privados y no a los documentos públicos. En otro orden, se advierte que la A quo dentro del apartado correspondiente a la probable responsabilidad de PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ o JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, señaló que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, es decir, por sí mismo, toda vez que fue él quien aproximadamente a las veintidós horas del trece de agosto de dos mil nueve, en el terreno baldío que se localiza al lado izquierdo del domicilio ubicado en carretera a Puerto Escondido, kilómetro treinta y dos, en Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, golpeó a la pasivo dos veces en la cara, cerca del ojo derecho, y aun cuando la pasivo comenzó a llorar aprovechó para bajarle el pantalón así como su ropa interior hasta las rodillas, se desabrochó su pantalón y se lo bajó hasta las rodillas sacándose su pene, y aun cuando la pasivo gritó para resistirse, él la abrazó y con sus manos le abrió las piernas y la penetró con su pene en la vagina. Lo que justificó con las imputaciones directas y categóricas que en su contra formularon la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón y el denunciante Maurilio Ibáñez Díaz, presentadas el catorce de agosto de dos mil nueve (fojas 8, 9, 10 y 11 ibídem); a las cuales les otorgó valor probatorio pleno en términos de la facultad prevista en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Así como con la diligencia de fe ministerial de integridad, constitución física y lesiones de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Díaz (foja 12 ibídem); los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón (fojas 13, 18 a 20 y 26 ibídem), y los dictámenes en fotografía y planimetría de ocho de noviembre de dos mil nueve y uno de septiembre de dos mil diez (fojas 40 a 52, 73 y 74 ibídem); medios de convicción que dio por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, como si estuviesen insertos a la letra, otorgándoles el mismo valor probatorio precisado en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito. Lo que pone en evidencia que la autoridad judicial responsable, al abordar la parte relativa a la probable responsabilidad penal del inculpado, en primer término, modificó la hora en que acreditó que tuvo ejecución la conducta que reprocha al procesado, pues en el estudio relativo al cuerpo del delito señaló que ésta había sido ejecutada aproximadamente a las nueve y media de la noche, sin embargo, en este apartado señala que ésta fue ejecutada aproximadamente a las veintidós horas, situación que genera incertidumbre respecto a la conducta específica que se reprocha al procesado. Asimismo, se advierte que en este apartado otorga valor probatorio pleno a las declaraciones emitidas por la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón y el denunciante Maurilio Ibáñez Díaz, cuando en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito ya había señalado que éstas adquirían valor probatorio de indicio; amén, de que tampoco señala, en su caso, porqué efectivamente tales declaraciones alcanzan el valor probatorio pleno a que alude. Además, se pone en evidencia que la autoridad responsable aduce que la probable responsabilidad también se considera acreditada con la diligencia de fe ministerial de integridad, constitución física y lesiones de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Díaz; los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, y los dictámenes en fotografía y planimetría, practicados con motivo de las referidas diligencias de inspección ocular efectuadas el veintidós de octubre de dos mil nueve y el veintidós de abril de dos mil diez, mismos elementos de prueba que estimó para la comprobación del cuerpo del delito; sin embargo, al igual que en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito, omitió exponer cómo es que las pruebas aportadas le permitieron conocer la participación específica del procesado, aquí quejoso, en el hecho delictivo que se le imputa, esto es, omitió hacer relación analítica de cada uno de los elementos probatorios existentes en la causa y además, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que tuvo en consideración para estimar acreditada la probable responsabilidad del indiciado, así como señalar cuál fue la conducta concreta que desplegó el amparista, que se desprendiera del estudio de los medios de convicción y que justifiquen su participación en la comisión del delito de violación, lo que a su vez permitiera concluir a la juez que existió en determinadas circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, alguna acción desplegada por el hoy quejoso que encuadre en el supuesto que consigna el delito que le imputa; de modo que la conclusión en que se sustenta la acreditación de tal aspecto no se encuentra motivada legalmente, pues omitió precisar qué aspectos de las mismas resultan útiles como factor de incriminación, esto es, motivar adecuadamente mediante la expresión razonada de las causas inmediatas y circunstancias particulares que le permitieron otorgar eficacia demostrativa a dichas pruebas en torno al aspecto específico de la probable responsabilidad del inculpado, para el ilícito atribuido, y no remitirse de manera genérica al valor asignado al acreditar el cuerpo de ese delito. Irregularidades que en modo alguno cabe soslayar, en la medida que no basta la relación de los medios probatorios recabados para justificar legalmente la emisión de un auto de formal prisión que redundará en la afectación al gobernado de uno de los derechos fundamentales de mayor valía, como lo es su libertad personal; sino que para ello, debe señalarse con toda precisión cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito y cómo es que se acredita en el caso cada uno de ellos y su calificativa, además de los de incriminación que permiten establecer la atribución del hecho a persona determinada, ya que sólo así se estará en posibilidad de brindar certeza jurídica en torno a la suficiencia probatoria y exhaustividad argumentativa que debe observarse en un acto de molestia de tal magnitud; máxime cuando acorde al principio de exacta aplicación de la ley que rige en materia penal, la no acreditación de cualquier elemento de la figura punitiva o de su atribuibilidad torna ilegal su aplicación al gobernado. De ahí que el genérico estudio plasmado en la resolución reclamada, en modo alguno pueda considerarse que satisfizo los requerimientos formales de adecuada fundamentación y motivación. Inconforme con tal resolución la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a éste órgano jurisdiccional, mediante oficio 51/2014 de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión; motivo por el cual, en proveído de veintitrés de septiembre del mismo año se le dio trámite al mismo, el que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimotercer Circuito, bajo el registro de amparo en revisión 590/2014 (fojas 152 a 180 y 199). Medio de impugnación en el que el Tribunal de Alzada, por ejecutoria pronunciada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, confirmó la determinación recurrida (fojas 202 a 219); motivo por el cual, mediante proveído de nueve de diciembre del año pasado, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (fojas 220 y 221). En cumplimiento al fallo protector, la Secretaria Judicial Encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa de Zimatlán, Oaxaca, por oficio 3495, remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 26/2014 de su registro, en la que por una parte dejó insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil catorce, y con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva, en la que dictó auto de formal prisión, contra el aquí quejoso PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, por acreditarse su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de Islette Yajahita Ibáñez Gijón (fojas 233 a 262). En consecuencia, este Juzgado procede al estudio sobre el cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por las siguientes consideraciones: Ahora bien, del examen comparativo que se hace entre la sentencia de amparo y la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Secretaria Encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca en el proceso penal 26/2014, se observa que la autoridad ya no realiza únicamente una relación y transcripción de las pruebas enlistadas, sino que de un análisis de las mismas establece la correlación de los medios de convicción a efecto de concluir que se tienen por acreditados los elementos de la conducta que se le reprocha al quejoso; lo anterior lo establece con argumentos y razonamientos que permiten establece de manera lógica porque las pruebas merecen el valor probatorio que les fue conferido, pues en primer orden estableció los elementos del cuerpo del delito de violación, previsto por el ordinal 246, en relación con los diversos 6, 8, fracción I y 10, fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la entonces menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, el cual consideró comprobado en autos en términos del artículo 25 del Código de Procedimientos Penales. Posteriormente, después de establecer cuáles son los elementos del delito, llegó al conocimiento cierto de que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del trece de agosto de dos mil nueve (circunstancia de tiempo), en el inmueble que se encuentra al lado izquierdo del domicilio ubicado en el kilómetro treinta y dos carretera a Puerto Escondido, Oaxaca, de la población de Santa Gertrudis, Zimatlán, Oaxaca (circunstancia de lugar), una persona (sujeto activo), que probablemente resulta ser Jorge Ramírez Juárez, utilizando la violencia física (medio de comisión) copuló con la entonces menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón (sujeto pasivo), sin la voluntad de esta (elemento normativo), ya que después de que la pasivo se negó a ser su novia le dijo que si no aceptaba iba a salir lastimada toda su familia y en especial ella, enseguida la golpeó con el puño dos veces en la cara una de ellas a la altura del ojo derecho, lo que provocó que la pasivo comenzara a llorar por los golpes recibidos, y rápidamente el activo le bajó a la pasivo el pantalón y su pantaleta hasta las rodillas teniendo el pene erecto, por lo que la pasivo gritó muy fuerte pidiendo auxilio pero él no la soltó sino que la abrazó fuertemente y con una de sus manos le abrió las piernas y le introdujo el pene en la vagina, por lo que la pasivo le gritó a su papá pidiendo auxilio, quien salió de su casa que se ubica aproximadamente a treinta metros del lugar en el que ocurrieron los hechos, y el activo al verlo rápidamente soltó a la pasivo. Circunstancia que consideró se corrobora con la denuncia ministerial formulada por Maurilio Ibáñez Díaz, padre de la ofendida, emitida ante la autoridad ministerial el catorce de agosto de dos mil nueve; con la declaración de la pasivo Islette Yajahira Ibáñez Gijón, emitida en la misma fecha, medios probatorios a los cuales les fue conferido valor probatorio de indicio; asimismo obra la diligencia de fe ministerial de integridad constitución física y de lesiones de la menor ofendida, al cual se le otorgó valor probatorio pleno; adminiculado con el dictamen psicológico emitido el catorce de agosto de dos mil catorce, por la psicóloga Flor Juliana Hernández Avendaño, medio de convicción al que le fue otorgado valor probatorio de indicio; así como con el dictamen médico emitido el catorce de agosto de dos mil nueve por la doctora María Elena Sandoval Martínez, dictamen que goza de valor probatorio indiciario, y con el atestado del Registro Civil relativo al acta de nacimiento de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, fechado el dos de marzo de dos mil siete, diligencia a la que le fue asignado valor probatorio pleno; llegando con dichos medios de convicción al conocimiento cierto de que una persona copuló con la menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, al introducirle el pene en la vagina; después, consideró que con los mismos medios de prueba se acredita el segundo elemento del antisocial en estudio, consistente en que el delito se realizó sin el consentimiento de la menor ofendida, estimó que con la concatenación de las pruebas mencionadas se advirtió que Islette Yajahira Ibáñez Gijón, en ningún momento otorgó su consentimiento para que el activo le introdujera en pene en la vagina quedando así acreditado el elemento en estudio, pues de la mecánica de los hechos que narró la ofendida en su denuncia, manifestó que se negó a ser novia del activo, quien le dijo que si no aceptaba ser su novia iba salir lastima toda su familia y en especial ella, golpeándola con el puño en la cara, lo que ocasionó llanto en la ofendida por los golpes recibidos. Enseguida, la autoridad responsable indicó que también se encuentra acreditado que la cópula se llevó a cabo empleando violencia física, pues en el momento y lugar de los hechos después de que la pasivo se negó a ser su novia, le dijo que si no aceptaba iba a salir lastimada toda su familia y en especial ella e inmediatamente la golpeó con el puño dos veces en la cara una de ellas a la altura del ojo derecho, constituyendo dichos golpes la violencia ejercida sobre la pasivo. Además, se evidencia que a efecto de integrar los elementos del cuerpo del delito en análisis la autoridad hizo un análisis de cada uno en el que expuso las razones particulares o causas inmediatas que la llevaron a concluir que con las mismas se acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito de violación, cumpliendo con ello con la exigencia de la motivación prevista por el artículo 16 constitucional. Luego, en particular por lo que se refiere a los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón, así como respecto a los dictámenes en fotografía y planimetría, practicados con motivo de las diligencias de inspección ocular de veintidós de octubre de dos mil nueve y veintidós de abril de dos mil diez, la autoridad responsable les otorgó valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los primeros, en relación con los numerales 398, 400, 401 y 402 y, los segundos, en relación con los diversos artículos 396, 397, 399, 400, 403 y 404, todos del mismo código procesal penal; además, precisó las razones por las cuales llegó a dicha conclusión pues cumplen con lo dispuesto por el ordinal 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, indicando porque los expertos practicaron todas las operaciones y experiencias que la ciencia les sugiere. Aunado a lo anterior, se advierte que la autoridad fue clara y precisa en indicar que como medio comisivo del delito se empleó la violencia física, precisando en qué consistió la misma de manera particular Además, respecto a la copia certificada del atestado del Registro Civil relativo al acta de nacimiento de la menor Islette Yajahira Ibáñez Gijón, expedida el dos de marzo de dos mil siete, por el Oficial Primero del Registro Civil de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, la autoridad responsable señaló que le otorgaba valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el ordinal 355, fracción I del código sustantivo de la materia, al tratarse de una documental pública a que se refieren las fracciones II y IV del ordinal 356 del mismo ordenamiento legal, pues fue expedida por el Oficial del Registro Civil en ejercicio de sus funciones y sirve para acreditar que en el momento en que ocurrieron los hechos contaba con la edad de trece años. En otro orden, se advierte que la A quo dentro del apartado correspondiente a la probable responsabilidad de PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ o JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, señaló que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción II del Código Penal para el Estado de Oaxaca, es decir, por sí mismo, toda vez que fue él quien aproximadamente a las veintiún horas del trece de agosto de dos mil nueve (corrigiendo la cita en la hora en que ocurrieron los hechos) en el terreno baldío que se localiza al lado izquierdo del domicilio ubicado en carretera a Puerto Escondido, kilómetro treinta y dos, en Santa Gertrudis, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, golpeó a la pasivo dos veces en la cara, cerca del ojo derecho, y aun cuando la pasivo comenzó a llorar aprovechó para bajarle el pantalón así como su ropa interior hasta las rodillas, se desabrochó su pantalón y se lo bajó hasta las rodillas sacándose su pene, y aun cuando la pasivo gritó para resistirse, él la abrazó y con sus manos le abrió las piernas y la penetró con su pene en la vagina. Lo que justificó con las imputaciones directas y categóricas que en su contra formularon la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón y el denunciante Maurilio Ibáñez Díaz, presentadas el catorce de agosto de dos mil nueve (fojas 8, 9, 10 y 11 ibídem); a las cuales les otorgó valor probatorio pleno en términos de la facultad prevista en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Así como con la diligencia de fe ministerial de integridad, constitución física y lesiones de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Díaz (foja 12 ibídem); los dictámenes médico, psicológico y químico, practicados a favor de la menor ofendida Islette Yajahira Ibáñez Gijón (fojas 13, 18 a 20 y 26 ibídem), y los dictámenes en fotografía y planimetría de ocho de noviembre de dos mil nueve y uno de septiembre de dos mil diez (fojas 40 a 52, 73 y 74 ibídem); medios de convicción a los cuales les otorgó el mismo valor probatorio precisado en el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito; por lo que se evidencia que la autoridad responsable en este apartado realizó también un análisis de los medios probatorios por virtud del cual se estima que se acredita el señalamiento directo en la imputación hacia el pasivo, los cuales valoró debidamente, concluyendo que con los mismos se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal del procesado. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la nueva Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que en auto de trece de enero de dos mil quince, se reservó proveer lo conducente en cuanto a las manifestaciones vertidas por el quejoso; en su atención, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; pues si bien en sus manifestaciones hace valer cuestiones de valoración en los medios probatorios, empero también se aprecia que sus argumentos van encaminados a cuestiones de fondo del asunto, circunstancia que no es factible para este Juzgador analizar toda vez que se trata de cuestiones que no fueron aspectos a considerar en el fallo concesorio. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B Agréguese el escrito del quejoso PABLO JORGE RAMÍREZ JUÁREZ, por el que expone que tomando en consideración que se ordenó darle vista con el auto de formal prisión de veinticuatro de diciembre del año dos mil catorce, dictado en su contra y con el cual la responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al querer dictar otro auto de formal prisión en su contra es decir en el mismo sentido que el anteriormente combatido, pero vuelve a cometer los mismos actos de violación a sus derechos humanos y garantías de seguridad y legalidad; en consecuencia, resérvese acordar lo procedente, hasta en tanto transcurra el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de ocho del actual, en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este asunto.
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