Pablo Jiménez López
Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Jiménez López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca remite un informe previo rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jamiltepec, Oaxaca, sin que sea necesario dictar mayor pronunciamiento, porque en este asunto el uno de julio del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda y el trece posterior se declaró firme esa resolución judicial, por lo que se dispuso el archivo del presente expediente como concluido; por tanto, no se admitió a trámite el escrito inicial ni se aperturó el incidente de suspensión y tampoco se requirió algún tipo de informe. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del acuerdo de uno de julio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se tuvo por no presentado el escrito inicial que dio origen a este expediente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de uno de julio de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, resolución con la que se puso fin a este juicio constitucional, sin decidirlo en cuanto al fondo, en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 de ese acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. De este juicio constitucional se desprende que el plazo de cinco días con el que los justiciables contaban para cumplir la prevención que les fue formulada en el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, transcurrió del veinticuatro al treinta del mes y año citados, sin que los inconformes hayan atendido esa prevención; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa. En otro orden, agréguense la comunicación y un ejemplar de los anexos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca remite los informes justificado y previo rendidos por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, aun cuando esas promociones se encuentran dirigidas al juicio de amparo 476/2022 y al incidente de suspensión derivado de ese juicio constitucional del índice Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, porque indica que de la búsqueda realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes detectó que este asunto fue promovido por *****, a quienes se señalan como quejosos en tales informes. Al respecto, a fin de evitar mayores dilaciones, previa copia fotostática simple de los citados informes mediante el oficio que al efecto se elabore con motivo de esta determinación remítanse al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero para que provea lo que corresponda respecto de su contenido en el juicio de amparo 476/2022 y en el incidente de suspensión a los cuales están dirigidas tales promociones y que por error se enviaron a este Tribunal de amparo, sin que se obstáculo que en esas documentales se haga referencia a los justiciables, porque conforme a lo expuesto en este asunto se determinó tener por no presentada la demanda de amparo, dado que los disidentes no atendieron el auto preventivo; por tanto, en este medio extraordinario de defensa no se admitió el escrito inicial ni se tramitó el incidente de suspensión derivado del presente sumario y tampoco se ha requerido algún tipo de informe de la naturaleza que se remiten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 715/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existe una irregularidad en el escrito relativo que necesita enmendarse. El artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; y, b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el normativo 108 del citado ordenamiento establece. Por otro lado, el ordinal 108, fracción IV, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. En el caso, los inconformes no colman íntegramente el requisito formal previsto por el último de los normativos citados, por las razones siguientes: En el apartado de las actuaciones impugnadas del escrito inicial los justiciables señalan como tales a las órdenes de detención, de aprehensión, de búsqueda, de captura, de comparecencia y de presentación dictadas en su contra y los actos de investigación, los cuales atribuyen de manera genérica a las autoridades responsables que designan como ordenadoras, a saber, a los Jueces de Control de Santiago Pinotepa Nacional y de Puerto Escondido, ambos de Oaxaca, así como a los Jueces Mixto de Primera Instancia de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, Primero y Segundo Mixto de Primera Instancia, los dos últimos órganos jurisdiccionales de Puerto Escondido, Oaxaca, al Vicefiscal Regional de la Costa dependiente de la Fiscalía General de Oaxaca, al Fiscal en Jefe de Delitos de Alto Impacto de la Vicefiscalía Regional de la Costa dependiente de la Fiscalía General local y al Encargado de la Fiscalía Local de Río Grande Tututepec, Oaxaca, lo cual genera confusión, porque ese señalamiento genérico impide saber qué actos o actos en realidad reclaman de cada una de los entes públicos que designan como responsables ordenadoras. Tal situación adquiere mayor relieve porque a las diversas entidades públicas que señalan como responsables ejecutoras; es decir, al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, al Comandante General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Región Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, al Comandante Estatal de la Agencia Estatal de Investigaciones, con asiento en Río Grande Tututepec, Oaxaca, y al Comandante Estatal de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Santa Rosa de Lima, Tututepec, Oaxaca, no únicamente reprochan la ejecución material de los mandamientos atribuidos a las autoridades responsables ordenadoras, sino que también les recriminan las órdenes de presentación, de citación, de comparecencia y cualquier mandato que afecte su libertad ambulatoria. En esos términos, se previene a la parte quejosa para que por escrito dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente el requisito legal señalado, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: Tendrá que señalar qué acto o actos en realidad reclama de cada una de las autoridades que designa como responsables conforme a lo prescrito por el arábigo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual es necesario para identificar la litis constitucional. Infórmese a la parte quejosa que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos de los preceptos 12 y 24 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que gozan estas últimas no son equiparables a las de un mandato; en ese sentido, se apercibe a los disidentes que de hacerlo las personas que señalaron como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a los promoventes que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los inconformes el que indican en su ocurso y como su autorizado con las facultades amplias previstas por el ordinal 12 de la Ley de Amparo a **** con cédula profesional 11561038 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por otra parte, téngase como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a la persona restante que indican, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentra registrada su cédula en el aludo sistema ni acreditaron con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a los disidentes por señalado el correo electrónico que proporcionan, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo establecido por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese.
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