Pablo López Aburto
Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo López Aburto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución en la que se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la resolución de sobreseimiento decretada fuera de la audiencia constitucional en este medio extraordinario de defensa ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del Acuerdo General citado, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, mediante el oficio que se elabore con motivo de la presente determinación devuélvanse los tomos I y II de pruebas formados con las actuaciones originales de la causa penal ******************** y con las copias certificadas de ese proceso criminal que la autoridad judicial responsable remitió en respaldo de su informe justificado y en atención al requerimiento ocho de septiembre del año en curso. En tal sentido, con fundamento en lo prescrito por el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se requiere a ese órgano jurisdiccional para que en el plazo de tres días siguiente al en el que surta efectos la notificación del referido comunicado acuse recibo de la documentación que se devuelve, bajo el apercibimiento que en el caso de no hacerlo se entenderá que recibió de conformidad los instrumentos devueltos. Notifíquese.
- Principal
(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO) ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el inconforme Pablo López Aburto reclama el acto siguiente: Del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, combate: ? La resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 35/2016, en el segmento en donde no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que negó la solicitud para llevar a cabo una diligencia por videoconferencia en la que el ofendido otorgara el perdón y se realizara el pago de la reparación del daño por el delito de lesiones calificadas con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, dado que no contaba con la infraestructura para realizar esa actuación, ya que tal mecanismo de impugnación se interpuso fuera de tiempo. En otro punto, es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, debe indicarse que la doctrina ha conceptualizado al sobreseimiento como el acto a través del cual se da por concluido un proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental, o bien, por el surgimiento de una circunstancia que hace imposible o innecesario el análisis de la acción ejercida. También debe precisarse que en las diversas ramas procesales el sobreseimiento se decreta en el momento en el que se actualiza la causal correspondiente, ya que ésta impide la continuación del procedimiento relativo, lo cual significa que el sobreseimiento da por concluido el proceso sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo debatida. En el juicio de amparo no es la excepción para decretar el sobreseimiento en el momento en el que se actualice una causal de improcedencia, con la única condicionante de que ésta sea manifiesta e indudable porque como se ha mencionado el sobreseimiento pone fin al procedimiento y, por ello, debe decretarse tan luego como aparezca la hipótesis de inejercicio correspondiente, ya que ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento cuyo deceso ha ocurrido. Ahora, se dice que una causal de improcedencia es manifiesta e indudable cuando salta a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de prueba que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. En ese sentido, es de explorado derecho que para decretar el sobreseimiento en el juicio de protección de los derechos fundamentales, las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo que sirvan de apoyo para ello necesariamente tienen que reunir tales características, es decir, deben ser manifiestas e indudables porque de lo contrario este órgano jurisdiccional estará obligado a pronunciarse sobre el tema de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. De acuerdo con lo anterior es pertinente precisar que las causales de improcedencia atendiendo al momento en el que sean detectadas por el Juzgador conducen al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, a decretar el sobreseimiento del medio extraordinario de defensa. En este punto, precisa señalar que de lo establecido por el ordinal 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia se advierte que el sobreseimiento del juicio de amparo puede ser decretado en una resolución que se dicte fuera de la audiencia constitucional, ya que ese dispositivo establece que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto judicial distinto a la sentencia que se pronuncia en esa diligencia. Lo anterior evidencia la intención del legislador de que los Jueces de amparo no continúen con un juicio que no va rendir frutos cuando se actualicen las causales de improcedencia con las características antes precisadas. De lo anterior se sigue que el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional es permitido legalmente, ya que en los casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre esa diligencia para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado porque la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en un sentido distinto. Lo expuesto permite concluir que en los casos en los que las hipótesis de improcedencia sean manifiestas e indudables de manera que con algún elemento de prueba no se pueda desvirtuar esa situación es procedente decretar el sobreseimiento del juicio constitucional sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar elementos probatorios que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia; además, de que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado porque tiene a su alcance el recurso de revisión, por lo que esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto tiene respaldo en las razones establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese sentido, con fundamento en lo previsto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 35/2016, en el segmento en donde no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que negó la solicitud para llevar a cabo una diligencia por videoconferencia en la que el ofendido otorgara el perdón y se realizara el pago de la reparación del daño por el delito de lesiones calificadas con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, dado que no contaba con la infraestructura para realizar esa actuación, ya que tal mecanismo de impugnación se interpuso fuera de tiempo se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esa actuación no se trata de un acto de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: ? La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, ? La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación , que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la resolución que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. En el caso, el solicitante del amparo reclama del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 35/2016, en el segmento en donde no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que negó la solicitud para llevar a cabo una diligencia por videoconferencia en la que el ofendido otorgara el perdón y se realizara el pago de la reparación del daño por el delito de lesiones calificadas con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, dado que no contaba con la infraestructura para realizar esa actuación, ya que tal mecanismo de impugnación se interpuso fuera de tiempo. Ahora, de la información que se suministra en la demanda de amparo destaca que el inconforme forma parte de la relación jurídica procesal entablada en el proceso penal de origen, dado que es parte en sentido material en la causa penal 36/2016 radicada ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, porque tiene la calidad de inculpado en ese asunto, por lo que esa situación evidencia que la actuación impugnada no constituye un acto de imposible reparación en la medida en la que no produce una afectación material a derechos sustantivos como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, la libertad, etcétera, aun cuando el disconforme alega una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de audiencia y de seguridad jurídica previstos por los normativos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Aunado a lo anterior, con las constancias originales del proceso criminal 32/2016 que la responsable remitió en atención al requerimiento de ocho de septiembre pasado, a las que se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas actuaciones se desprende los aspectos siguientes: a) A la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca no había pronunciado sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al proceso. b) No obra una cuantificación del monto de la reparación de los daños ocasionados con motivo de las lesiones que sufrió la victima José Manuel Bautista Cruz. c) El procesado Pablo López Aburto no ha exhibido algún numerario como forma de pago por concepto de la reparación del daño del injusto penal de lesiones calificada con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, sin que pase inadvertido que mediante promoción presentada el tres de julio de dos mil dieciocho, exhibió un "PLAN REPARATORIO" en el que señaló que se comprometía a exhibir la cantidad que fuera fijada por ese órgano jurisdiccional y así obtener la suspensión del proceso a prueba como mecanismo alterno para la solución de esa controversia; empero, no se advierte que haya realizado alguna erogación que tuviera impacto en su patrimonio por concepto de pago de la reparación de los daños ocasionados a la víctima. Por otro lado, si bien se advierte que en el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se detecta que Edith Hernández Vásquez en su carácter de fiadora de Pablo López Aburto exhibió una ficha de depósito veinticinco mil setecientos un pesos moneda nacional, lo cierto es que ese numerario fue exhibido para que el encausado pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. d) No existe promoción o escrito por medio del cual José Manuel Bautista Cruz en su calidad víctima externara el otorgamiento de su perdón al inculpado al tratarse en un delito de querella. Las actuaciones del proceso penal indicado fueron valoradas conforme a lo establecido por la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con base en lo anterior, se detecta que la actuación reclamada es un acto intraprocesal que no causa una afectación de imposible reparación, dado que el hecho de que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, no admitiera el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que negó la solicitud para llevar a cabo una diligencia por videoconferencia en la que el ofendido otorgara el perdón y se realizara el pago de la reparación del daño por el delito de lesiones calificadas con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, porque no contaba con la infraestructura para realizar esa actuación, ya que tal mecanismo de impugnación se interpuso fuera de tiempo eventualmente entrañaría una transgresión a sus derechos adjetivos que tendrían efectos formales o adjetivos, los cuales se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la resolución que ponga fin en ese proceso penal y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido del fallo final correspondiente y afectó las defensas del peticionario del amparo. En otras palabras, el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que eventualmente puede estimarse que afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si el inconforme obtiene una sentencia definitiva favorable. Es así, porque por regla general cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los normativos 14 y 16 del Pacto Federal -como en la especie sucede-, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetiva, ya que no se trata de una afectación autónoma o independiente, sino que se da dentro del procedimiento en el que el solicitante de la protección constitucional es parte, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción previsto por el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia para acudir inmediatamente al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene presente que la violación procedimental alegada derivada de la resolución impugnada si bien somete al disidente a seguir la causa penal que se instruye en su contra hasta el dictado de la sentencia en ese asunto, lo cierto es que no lo deja en estado de indefensión, porque el hecho que se continúe el procedimiento en automático no ocasiona que la sentencia que llegara a dictarse en ese asunto será adversa a sus intereses, ni que será condenado y tampoco puede sostenerse que su derecho de defensa se haya afectado con motivo de la determinación adoptada por la responsable, porque el disidente tuvo la oportunidad de ofrecer las pruebas que estimara pertinentes y de ejercer esa prerrogativa fundamental durante toda la etapa de instrucción del proceso criminal señalado. Con base en lo anterior, es factible sostener que la violación alegada no produce una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, sino solo a sus prerrogativas adjetivas, por lo que por el momento en el que se produce sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales al obligar al quejoso a soportar las consecuencias de la resolución impugnada y que la causa penal de origen se continúe instrumentando por el órgano jurisdiccional responsable hasta el dictado del fallo definitivo, o bien, de la resolución que ponga fin a ese proceso criminal. Pero con la decisión de la responsable no se afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, o bien, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tan sólo hace nacer la posibilidad de que esa circunstancia ocurra al momento de resolverse la causa penal de origen de manera definitiva -esto es, cuando se dicte la sentencia final-, o bien, cuando se emita la resolución que ponga fin a ese asunto, en la medida en la que la determinación atacada influya en sentido negativo para que el resultado del fallo respectivo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la resolución final para poder combatir esa violación adjetiva mediante el juicio de amparo directo, siempre que haya afectado las defensas del justiciable trascendiendo al resultado de la sentencia, en términos de lo prescrito por el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" En esa línea, el hecho de que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 35/2016, en el segmento en donde no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que negó la solicitud para llevar a cabo una diligencia por videoconferencia en la que el ofendido otorgara el perdón y se realizara el pago de la reparación del daño por el delito de lesiones calificadas con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, dado que no contaba con la infraestructura para realizar esa actuación, ya que tal mecanismo de impugnación se interpuso fuera de tiempo no puede servir de sustento para considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que la actuación combatida no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la probable violación a derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación alegada y los posibles perjuicios que se le hayan causado con la actuación combatida; máxime que la actuación reclamada no veda al justiciable su derecho de defensa ni le impide ejercer esa prerrogativa durante la secuela del proceso penal de origen. En esa línea, el acto combatido eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos del quejoso que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la resolución definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión final correspondiente y afectó las defensas del solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si la actuación impugnada no afecta materialmente algún derecho sustantivo del peticionario del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, respecto del acto combatido a la autoridad judicial responsable este Juzgado Federal determina decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal 35/2016, en el segmento en donde no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que negó la solicitud para llevar a cabo una diligencia por videoconferencia en la que el ofendido otorgara el perdón y se realizara el pago de la reparación del daño por el delito de lesiones calificadas con ventaja cometido en agravio de José Manuel Bautista Cruz, dado que no contaba con la infraestructura para realizar esa actuación, ya que tal mecanismo de impugnación se interpuso fuera de tiempo. Esta resolución tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", cuyo texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. En ese contexto, en atención al principio de celeridad procesal consagrado por el ordinal 17 de la Carta Magna lo procedente es sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ya que esperar a la celebración de esa diligencia traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima a dicha norma constitucional. En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la hora y la fecha señaladas en el acuerdo de seis de los corrientes para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se desprende que la audiencia constitucional en este juicio de amparo está señalada para su celebración en esta fecha; empero, conforme a lo establecido por el normativo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el Secretario encargado de este Juzgado Federal carece de facultad para fallar el presente asunto, por lo que para evitar violar las normas que rigen al procedimiento constitucional en perjuicio de las partes que integran la relación jurídico procesal en este medio extraordinario de defensa se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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