Pablo Enrique Núñez Banuet Calas
Expediente 401/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Enrique Núñez Banuet Calas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 401/2022, promovido por **. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso la autoridad señalada como responsable, ha sido omisa en pronunciarse respecto a la petición presentada el seis de diciembre del dos mil veintiuno, ante la Dirección General del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua. Por ello, considera que se violan en su perjuicio los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Pablo Enrique Núñez Banuet Calas presentó un escrito el ocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual promovió juicio de amparo indirecto en contra un acto del Director General del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, de quien reclamó la omisión de emitir una respuesta a su petición de fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno, presentada el ocho siguiente, dirigida al Director General del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, a través del cual solicitó la revisión y validación de expediente para la delimitación de la zona federal que comprende el desarrollo del Crestón, colindante a su predio, sin que se hubiera emitido la respuesta al respecto. Por auto de once de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 401/2022; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Pablo Enrique Núñez Banuet Calas, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama del Director General del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, lo siguiente: La omisión de emitir una respuesta a su petición de fecha seis de diciembre del dos mil veintiuno, presentada el ocho siguiente. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Director de Asuntos Jurídicos en representación del Director General del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado, manifestando que el pasado cinco de abril de dos mil veintidós, se envió al correo electrónico qbk3@hotmail.com proporcionado por el interesado para recibir notificaciones, el oficio B00.810.08.01.-0064 de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por el cual le dieron a conocer las observaciones emitidas por la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos al estudio hidráulico y topográfico ingresados para su revisión. Cuyas circunstancias se patentizan con la copia certificada que como complemento a su informe justificado remitió la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria en términos del diverso numeral 2º, de la Ley de Amparo. Ahora bien, dichas documentales, entre ellas la captura de pantalla relativa al envío de un correo electrónico dirigido a qbk3@hotmail.com, y que es la dirección proporcionada por el quejoso para recibir la respuesta a su petición plantada, se le hizo del conocimiento el contenido del oficio B00.810.08.01.-0064, así como de los archivos electrónicos relativos a las observaciones emitidas por la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos al estudio hidráulico y topográfico ingresados para su revisión. Es decir, desde el cinco de abril de dos mil veintidós, se remitió de forma electrónica la respuesta a la petición materia de la omisión reclamada, tal y como se advierte de las documentales descritas. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con lo expuesto se corrobora de forma fehaciente que al momento de la presentación de la demanda de amparo (ocho de abril de dos mil veintidós), el peticionario se encontraba plenamente notificado de la respuesta que recayó a su petición dirigida al Director General del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua y por ende, la inexistencia de los actos que expresó la autoridad responsable; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia número 12, localizable en la página 10 del tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA". VII. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, la suscrita determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos del apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que al rendir su informe justificado el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Director General del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, remitió copia certificada de diversas documentales a fin de acreditar que ya se había emitido la respuesta a la petición materia de la omisión reclamada en este juicio de amparo. En consideración a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación de este proveído, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo, respecto al contenido de dichas documentales; en el entendido que de ser así, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el sexto Transitorio de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Así como la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que aparece publicada en la página veinte, tomo 22, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. EN ELLA DEBEN PRECISARSE TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LA MATERIA. La demanda de amparo no tiene más efecto que el de sujetar al Juez de Distrito a resolver la contienda con vista de ella y de los informes que rindan las responsables; y si con posterioridad se formula ampliación de la demanda, en ésta deben precisarse los requisitos que la ley exige para la demanda inicial, en lo que toca a la materia de la ampliación, y si no se hace así, hay que sobreseer el juicio en cuanto a la parte ampliada, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 116 del mismo ordenamiento". Apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, dentro del plazo concedido, el presente juicio se resolverá únicamente conforme a los argumentos originalmente planteados en la demanda. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que al rendir su informe justificado el Director de Asuntos Jurídicos en representación del Director General del Organismo Cuenca Pacifico Sur de la Comisión Nacional del Agua, remitió copia certificada de diversas documentales a fin de acreditar que ya se había emitido la respuesta a la petición materia de la omisión reclamada en este juicio de amparo. En consideración a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación de este proveído, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo, respecto al contenido de dichas documentales; en el entendido que de ser así, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el sexto Transitorio de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Así como la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que aparece publicada en la página veinte, tomo 22, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. EN ELLA DEBEN PRECISARSE TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LA MATERIA. La demanda de amparo no tiene más efecto que el de sujetar al Juez de Distrito a resolver la contienda con vista de ella y de los informes que rindan las responsables; y si con posterioridad se formula ampliación de la demanda, en ésta deben precisarse los requisitos que la ley exige para la demanda inicial, en lo que toca a la materia de la ampliación, y si no se hace así, hay que sobreseer el juicio en cuanto a la parte ampliada, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 116 del mismo ordenamiento". Apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, dentro del plazo concedido, el presente juicio se resolverá únicamente conforme a los argumentos originalmente planteados en la demanda. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. (POR LISTA DE ACUERDOS )
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