Pablo López Santiago

Expediente 525/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
525/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Pablo López Santiago y Otros.
  • Pablo López Santiago
  • Marcial Ramírez Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia este juicio ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veinte. Agréguense -sin mayor proveer- el escrito de cuenta; lo anterior, en razón que en determinación dictada el treinta de marzo de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo en donde se actúa, al resultar inexistentes los actos reclamados por la parte quejosa. Por otro lado, como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la resolución dictada en este juicio, haciéndole saber, que para la expedición de las copias solicitadas, debe generar una cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", para que el personal adscrito a este juzgado de distrito se encuentre en aptitud de prestarle el expediente a efecto de proceder al fotocopiado correspondiente, en el horario establecido para dicho servicio, que es de las nueve a las quince horas. NOTIFÍQUESE."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veinte. Del estado que guarda el expediente, se advierte que las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, jueces Primero y Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y ejecutoras, fiscal General del Estado de Oaxaca, coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos Pablo López Santiago y Marcial Ramírez Velasco por las autoridades ordenadoras y su ejecución material por parte de las ejecutoras En ese contexto, es factible concluir que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece la terminación de la instancia constitucional cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, supuesto normativo que en la especie se actualiza. Por otro lado, no pasa desapercibido que las autoridades: 1) Subprocurador general de la zona norte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; 2) Síndico Municipal de la población de Santiago Tlazoyaltepec, Distrito de Etla, Oaxaca; y 3) Presidente Municipal de la población de Santiago Tlazoyaltepec, Distrito de Etla, Oaxaca, no hayan rendido su informe justificado, lo que conllevaría a presumir cierto el acto que se les atribuye, conforme a lo establecido en el precepto 142 de la Ley de Amparo; sin embargo, al ser autoridades ejecutoras y los órganos judiciales responsables negaron la existencia del mandamiento de captura reclamado es inconcuso que no puede ejecutarse una orden inexistente; de ahí que los actos ejecutivos atacados a las responsables señaladas en primer orden sean inexistentes. En respaldo de lo anterior se cita por analogía la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. Si las autoridades ejecutoras no rinden informes, pero aquéllas a quienes se atribuye haber ordenado el acto, lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Por tanto, ante la inexistencia de los actos que los justiciables reclamaron lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el tramo normativo citado. Sin que el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia constitucional cause agravios a los inconformes o los prive de su derecho de defensa, ya que ni aun celebrándose esa diligencia los agraviados podrían desvirtuar con prueba alguna la hipótesis de sobreseimiento invocada que se torna notoria, manifiesta e indudable dado que todas las autoridades responsables negaron la existencia de las actuaciones atacadas, razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional lo procedente es resolver fuera de audiencia. En razón de la decisión adoptada, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta minutos del quince de octubre de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJO

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