Pablo Escalante Anguiano

Expediente 284/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
284/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Pablo Escalante Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por la ley para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Bajo ese contexto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que, por resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tal motivo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese este expediente al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental dado que ingresó en este juzgado federal el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    Único. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Pablo Escalante Anguiano, contra los actos de la autoridad responsable indicada en el considerando tercero, por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la apoderada legal y gerente jurídica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (NFONAVIT) Delegación IV, Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizado para tales efectos y remite documental; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable mencionada y dese vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido. De igual modo, téngase por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte y como autorizado para tales efectos al profesionista indicado. Asimismo, téngase por exhibida la documental allegada, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Pues bien, a fin de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado, la audiencia constitucional programada para las diez horas del veintinueve de junio del año en curso, se transfiere para las nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil dieciocho. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es aplicable la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda y anexo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y, 107, fracción I, de la Constitución Federal; artículos 1, fracción I, 5, 6, 35, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite la demanda de amparo promovida por Pablo Escalante Anguiano contra actos del Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 284/2018-4, sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado. En ese contexto, solicítese informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien podrá rendirlo por escrito, en medios magnéticos, a través del fax al número telefónico 01 668 8153208 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En la inteligencia de que, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, se señalan las diez horas del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por recibidas las pruebas documentales que la parte quejosa anexa al escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. En cuanto a las pruebas ofrecidas consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, téngase por anunciadas y considérense al momento de dictar la sentencia constitucional. En relación con la solicitud del amparista, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como escanner y cámara fotográfica a los profesionistas indicados en el libelo de cuenta, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; permítase a la parte quejosa la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte del impetrante del amparo, las oficinas del Área de Asesoría Jurídica Federal, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos número 2213 Norte, esquina con Fuente de Artemisa, planta baja, del fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. De igual manera, téngase como autorizados legales de la parte quejosa, para tales efectos, en su nombre y en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Jenny Elizabeth Medina Guzmán, Luis Javier Jiménez González, Ylbielvart Valencia García, José Luis Delgado Vega, José Manuel Arredondo Lara, Ramón Alberto Zavala, Venancio Baltazar Pérez España, Eduardo Hernández Ramírez, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Ricardo Ramírez De Jesús, Mario Nicolás Rojo Sañudo, Francisco Ernesto Vega Salcido. Asimismo, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones e imponerse de los autos a los oficiales administrativos, licenciados Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Blanca Alicia Álvarez Montiel, Adán Alberto Valdez León, Ana Pascasia Martínez Madero, Martha Lorena Eng Félix, Leticia Díaz Guzmán, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín y Norma Angélica López González, en virtud de así indicarlo la parte quejosa en la demanda de amparo. Además, hágase saber al justiciable, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, dado que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, dígasele a las partes, que a fin de respetar su intimidad, que al hacerse públicas la sentencia, de conformidad con el primer precepto invocado, se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa, en la inteligencia de que la falta de dicha oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; asimismo, que las referidas restricciones a la disfunción de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales no operan respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable estén legitimados para solicitar copias de las mencionadas sentencias.

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