Pascual Felix Isaguirre

Expediente 444/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
444/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
10/01/2019

Partes del expediente

  • Pascual Felix Isaguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa no realizó alguna manifestación con relación al acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se estableció que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, no obstante que dicha determinación le fue notificada el catorce siguiente, por conducto de su autorizada para oír y recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde a la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Bajo ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente ni la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso mediante el cual manifiesta su conformidad con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, exhibe la constancia que lo acredita y, por tanto, solicita se tenga por cumplida la sentencia constitucional; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, téngase por realizadas las manifestaciones vertidas por el quejoso y por exhibida la documental presentada; por último, considérense al determinar el cumplimiento otorgado a la ejecutoria por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria dictada de amparo y remite las documentales para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, acorde al artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista personal a la parte quejosa con el oficio y documentales de cuenta, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, el suscrito juzgador resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en cita.

  4. Principal

    En atención al estado procesal de los autos y de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio de amparo interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Pascual Félix Isaguirre, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado Cuerpo de Leyes, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Bajo ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En la inteligencia de que, el amparo se concedió para el efecto de que la responsable otorgue una respuesta congruente y coherente, con fundamentación y motivación, al escrito presentado por la parte quejosa Pascual Félix Isaguirre el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, y lo notifique al justiciable en el domicilio señalado en dicho ocurso para oír y recibir notificaciones; una vez hecho lo anterior, la responsable acredite dicha circunstancia con las constancias certificadas fehacientes. Por último, se apercibe a la autoridad responsable citada, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el término indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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