Pablo Alan Armenta Armenta

Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
564/2019
Año
2019
Actuaciones
31
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Pablo Alan Armenta Armenta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Zona Norte, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del expediente 2033/2015de su índice, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en seis de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de catorce de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en El Fuerte, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el catorce de febrero de dos mil veinte, en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Pablo Alán Armenta Armenta, misma que el siete de octubre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requiero a las autoridades responsables, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el catorce de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto que la autoridad demandada Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá dar cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el quince de junio de dos mil quince, en el juicio de nulidad 2033/2015, cuantificada en incidente de liquidación de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, actualizada al nueve de enero de dos mil veinte, un monto total de $901, 660.23 (novecientos un mil seiscientos sesenta pesos 23/100 moneda nacional), por concepto de indemnización y demás prestaciones, misma que deberá seguir actualizándose hasta el día que la demandada realice el pago a la parte actora. En la inteligencia que el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, deberá coadyuvar con este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento de la referida sentencia; hecho lo anterior justifique el cumplimiento con las constancias relativas. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de octubre del presente año, suscrito por el Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa Zona Norte, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de diversos proveídos así como del convenio modificado por el quejoso Pablo Alán Armenta Armenta, y por la autoridad responsable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, asimismo, copias certificadas de las operaciones autorizadas a favor del quejoso. Asimismo, mediante el oficio suscrito por la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en El Fuerte Sinaloa, informó el cumplimiento de ejecutoria, dando el pago en su totalidad por concepto de indemnización y demás prestaciones, el cual todos los actos obran en el expediente 2033/2015-II, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Sala Regional Zona Norte, con sede en esta ciudad, y exhibió documentales que lo acredita; con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibido que de no hacerlo, este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los datos y elementos aportados por la autoridad responsable; sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".La autoridad demandada Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá dar cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el quince de junio de dos mil quince, en el juicio de nulidad 2033/2015, cuantificada en incidente de liquidación de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, actualizada al nueve de enero de dos mil veinte, un monto total de $901, 660.23 (novecientos un mil seiscientos sesenta pesos 23/100 moneda nacional), por concepto de indemnización y demás prestaciones, misma que deberá seguir actualizándose hasta el día que la demandada realice el pago a la parte actora. En la inteligencia que el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, deberá coadyuvar con este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento de la referida sentencia; hecho lo anterior justifique el cumplimiento con las constancias relativas.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en El Fuerte, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el catorce de febrero de dos mil veinte, en el sentido se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Pablo Alán Armenta Armenta, misma que el siete de octubre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requiero a las autoridades responsables, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el catorce de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto que la autoridad demandada Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá dar cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el quince de junio de dos mil quince, en el juicio de nulidad 2033/2015, cuantificada en incidente de liquidación de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, actualizada al nueve de enero de dos mil veinte, un monto total de $901, 660.23 (novecientos un mil seiscientos sesenta pesos 23/100 moneda nacional), por concepto de indemnización y demás prestaciones, misma que deberá seguir actualizándose hasta el día que la demandada realice el pago a la parte actora. En la inteligencia que el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, deberá coadyuvar con este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento de la referida sentencia; hecho lo anterior justifique el cumplimiento con las constancias relativas. Norma el criterio la tesis 2a.CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de octubre del presente año, suscrito por el Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa Zona Norte, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de diversos proveídos así como del convenio modificado por el quejoso Pablo Alán Armenta Armenta, y por la autoridad responsable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, asimismo, copias certificadas de las operaciones autorizadas a favor del quejoso. Asimismo, mediante el oficio suscrito por la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con residencia en El Fuerte Sinaloa, informó el cumplimiento de ejecutoria, dando el pago en su totalidad por concepto de indemnización y demás prestaciones, el cual todos los actos obran en el expediente 2033/2015-II, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Sala Regional Zona Norte, con sede en esta ciudad, y exhibió documentales que lo acredita; con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibido que de no hacerlo, este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los datos y elementos aportados por la autoridad responsable; sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".La autoridad demandada Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberá dar cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el quince de junio de dos mil quince, en el juicio de nulidad 2033/2015, cuantificada en incidente de liquidación de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, actualizada al nueve de enero de dos mil veinte, un monto total de $901, 660.23 (novecientos un mil seiscientos sesenta pesos 23/100 moneda nacional), por concepto de indemnización y demás prestaciones, misma que deberá seguir actualizándose hasta el día que la demandada realice el pago a la parte actora. En la inteligencia que el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, deberá coadyuvar con este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento de la referida sentencia; hecho lo anterior justifique el cumplimiento con las constancias relativas.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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