Pablo Cesar Tirado Castro

Expediente 291/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Pablo Cesar Tirado Castro
  • PABLO CESAR TIRADO CASTRO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por este Juzgado, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento de ejecutoria y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, toda vez que dicho oficio ya obra en autos. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora bien, es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el sentido se sobresee y se conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso Pablo Cesar Tirado Castro. Séptimo. Efectos del amparo. La protección de la Justicia Federal se concede para efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: ( Para el efecto que la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, una vez que se le notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, de inmediato gire exhorto al Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que en su auxilio, lleve a cabo las pruebas de inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora dentro del expediente 866/2017, de conformidad en los artículos 688 y 753 de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable por su contenido la tesis aislada 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, publicada el trece de diciembre de dos mil trece en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Seguidamente, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, causo ejecutoria el presente juicio de amparo, y se requirió a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria (fojas 100 a la 103). Ahora bien, mediante proveído de veintitrés de abril de dos mi veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria (111 a la 113). Mediante oficio recibido por oficialía el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el cual informó el trámite que estaba realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 118 a la 121). En proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, se volvió a requerir a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria (fojas 151 a la 153). De nueva cuenta, mediante oficios recibidos por oficialía el treinta de agosto y uno de septiembre de dos mil veintiuno, suscritos por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en los cuales informó el trámite que estaba realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (157 a la 167). Asimismo, en proveídos de treinta de septiembre, veintisiete de octubre y doce de noviembre de dos mil veintiuno, se volvió a requerir a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria (fojas 171 a 173, 197 a 203, 211 a 215). Ahora bien, mediante oficios, recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante los cuales informa que señaló fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular primera y segunda (fojas 222 a 224). Asimismo, en proveídos de dieciséis y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se volvió a requerir a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria (fojas 250 a 254, 260 a 264). Ahora bien, mediante oficio presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, suscrito por la autoridad vinculada Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informa el cumplimiento de ejecutoria y exhibe copia del oficio en el cual ordeno el desahogo de las pruebas de inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora dentro del expediente 866/2017 (270 a 279). Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, ".Para el efecto que la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, una vez que se le notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, de inmediato gire exhorto al Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que en su auxilio, lleve a cabo las pruebas de inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora dentro del expediente 866/2017, de conformidad en los artículos 688 y 753 de la Ley Federal del Trabajo.". Lo cual ya aconteció, toda vez que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se pronunció sobre la admisión de pruebas ofertadas por las partes y señaló fechas para su desahogo y mediante oficio ODR/124/2022, de fecha siete de marzo del año en curso, dirigido al presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, solicitó en su auxilio el desahogo de diversas probanzas. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de nueve de marzo del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna. En este contexto, el núcleo esencial de cumplimiento versa con relación a que la responsable se pronunciara de inmediato sobre la admisión de las pruebas de inspecciones oculares ofrecidas por la parte actora dentro del expediente 866/2017, y en su caso, programara hora y fecha para su desahogo; por tanto, el núcleo esencial de la concesión del amparo, se encuentra cumplido, dejándose expeditos los derechos de la parte demandante. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; es evidente que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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