Otilia Aracely Marquez Zazueta

Expediente 113/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
113/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Otilia Aracely Marquez Zazueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista del proveído de veinticinco de junio del presente año, y expresa su conformidad con el cumplimiento de la ejecutoria y manifiesta que no existe objeción de su parte para que se remita al archivo el presente amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Otilia Aracely Márquez Zazueta, misma que el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables Director General y Titular de la Gerencia del Centro de Contacto Telefónico (Infonatel), ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambos con sede en la ciudad de México, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables, Director General y Titular de la Gerencia del Centro de Contacto Telefónico (Infonatel), ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambos con sede en la ciudad de México; deberán: En el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a la petición de la parte quejosa Otilia Aracely Márquez Zazueta, de manera completa y coherente a la petición recibida por las responsables el uno de agosto de dos mil dieciocho; y, Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelva la petición en determinado sentido. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Ahora bien, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de junio de dos mil diecinueve, el Subgerente Jurídico Contencioso Civil Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dando cabal cumplimiento a la petición realizada por la quejosa vía INFONATEL, quedando el número de caso 501568077, totalmente cerrado pues se atendió la corrección de "DIRECCIÓN DE GARANTÍA", lo que se acredita con la copia fotostática certificada que adjunta al presente oficio. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que las autoridades responsables Director General y Titular de la Gerencia del Centro de Contacto Telefónico (Infonatel), ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambos con sede en la ciudad de México, realice lo siguiente: "a) En el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a la petición de la parte quejosa Otilia Aracely Márquez Zazueta, de manera completa y coherente a la petición recibida por las responsables el uno de agosto de dos mil dieciocho; y, b) Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelva la petición en determinado sentido".. Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Vistos el oficio signado por el Subgerente Jurídico Contencioso Civil Mercantil dl Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    En atención al estado procesal de los autos y al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio de amparo interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Bajo ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Titular de la Gerencia del Centro de Contacto Telefónico (Infonatel), ambos con residencia en la Ciudad de México, a efecto de que en el término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En la inteligencia de que el amparo constitucional se concedió para el efecto de que las autoridades responsables, Director General y Titular de la Gerencia del Centro de Contacto Telefónico (Infonatel), ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambos con sede en la ciudad de México; deberán: 1. En el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta a la petición de la parte quejosa Otilia Aracely Márquez Zazueta, de manera completa y coherente a la petición recibida por las responsables el uno de agosto de dos mil dieciocho; y, 2. Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelva la petición en determinado sentido. Por último, se apercibe a las autoridades responsables que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo indicado, se le impondrá al omiso una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano