Pablo Antonio Romero Barrera

Expediente 215/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
215/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Pablo Antonio Romero Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en atención a su contenido, dígasele que mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo promovida por Pablo Antonio Romero Barrera, determinación que causó estado el veintiséis de marzo del año en curso, ordenando su remisión al archivo como asunto totalmente concluido. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, toda vez que no existe promoción pendiente de acuerdo, ni diligencia qué desahogar, vuelvan los presentes autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Pablo Antonio Romero Barrera, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veinte de febrero del mismo año, en la causa penal 199/2017, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, para establecer la aplicabilidad de tal regla en el procedimiento penal que deriva del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal está comprendido por tres etapas, que son: 1. La investigación (inicial) conducida por el Ministerio Público y la policía bajo su mando, posteriormente (la complementaria) supervisada por el juez de control. 2. La etapa intermedia, cuyo objeto principal es la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y 3. La de juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. En conformidad con la fracción III del citado precepto, la etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio, para lo cual citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia. En términos de los artículos 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, la cual se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal (artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales), mediante la recepción de los medios de prueba señalados en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes (artículo 399 ibídem). Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable (artículo 402 ibídem), procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva. Respecto de este punto, es importante resaltar que por disposición expresa del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución -lo cual fue recogido por los artículos 259 y 320 del Código Nacional Procedimientos Penales-, las actuaciones que realice el Ministerio Público durante la investigación (verbigracia inspecciones en la contabilidad del quejoso e informes o dictámenes periciales sobre estas), carecen de valor probatorio al momento del dictado de la sentencia definitiva, por lo que sólo podrán ser consideradas como pruebas de cargo susceptibles de enervar la presunción de inocencia aquellas desahogadas públicamente durante la audiencia de juicio oral ante el tribunal correspondiente. Efectivamente, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser recibidos en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación. Más aun, cabe destacar que al ya estar superada la fase intermedia por actualizarse la realización del juicio (etapa de juicio), existe la posibilidad de que el imputado alegue que las pruebas de cargo fueron obtenidas con violación de derechos fundamentales con el objetivo de que demostrado lo anterior, la prueba sea desestimada -por carecer de valor- por el tribunal de enjuiciamiento, pues así lo disponen los artículos 357 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales a la letra dicen: "Artículo 357. Legalidad de la prueba La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código." "Artículo 402. Convicción del Tribunal de enjuiciamiento El Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este Código. En la sentencia, el Tribunal de enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia. Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. No se podrá condenar a una persona con el sólo mérito de su propia declaración." En la especie, de las constancias certificadas remitidas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de Tribunal de Enjuiciamiento, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El catorce de enero de dos mil diecinueve, en la causa penal 199/2017, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Administrador del Centro aludido, dictó auto de apertura a juicio (foja 35 a 47). 2. Mediante proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, agregó el oficio signado por el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, a través del cual informó que mediante proveído de veintinueve de enero del año en curso, emitido en el toca penal 12/2019-II declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del sentenciado Pablo Antonio Romero Barrera, contra las determinaciones emitidas el catorce de enero de la presente anualidad. En virtud de lo anterior, levantó la suspensión del plazo para remitir el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento y ordenó remitir el auto de apertura a juicio de catorce de enero de dos mil diecinueve, al licenciado Rafael Saldaña Montiel, en su carácter de tribunal de enjuiciamiento (foja 48). 3. Por auto de once de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de tribunal de enjuiciamiento, requirió a las partes para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestaran el orden en que se producirían sus pruebas en la audiencia de debate, para que sobre esa base el tribunal determinara la o las sesiones que fueran necesarias, acorde a las personas que debían declara o las cosas a exhibir en el juicio (foja 16 y vuelta). 4. Por auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de tribunal de enjuiciamiento, con fundamento en los artículos 348 y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la celebración de la audiencia de juicio oral del proceso referido, procedió a fijar las doce horas del catorce, quince, diecinueve, veinte y veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, para la producción de las declaraciones de: ".2.1 Programación de la audiencia de juicio oral. Para el desahogo de los distintos aspectos de la audiencia de debate, en especial, de las pruebas admitidas a las partes, se fijan las siguientes 12 horas y fechas: 2.1.1 Las 12 horas del 14 de marzo de 2019, para llevar a cabo la apertura de la audiencia de juicio oral acorde a lo estipulado en los artículos 391 a 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para enseguida, iniciar con la recepción de las pruebas admitidas al Ministerio Público de la Federación consistentes en las declaraciones de: Josué Miguel Contreras Saldívar, Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ady Elizabeth García Pimentel, Administrador Local de Auditoria Fiscal de San Luis Potosí de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Mónica Alicia Arredondo Ruiz, Subadministradora de Cumplimiento y Evaluación 1 de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de San Luís Potosí de la Administración General de Servicios al Contribuyente del órgano administrativo desconcentrado antes citado Aleyda Santa Cruz de la Cruz, Subadministradora Local de Auditoria Fiscal "7" de la Administración Local de Auditoria Fiscal de Naucalpan de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, ya mencionada. Roberto Álvaro Núñez Jaramillo, Administrador Local de Auditoria Fiscal del Oriente del Distrito Federal (sic) de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal aludida. Irma Martínez Saucedo, Auditor adscrito a la Administración Local de Auditoria Fiscal de San Luís Potosí, con sede en San Luis Potosí, dependiente de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal multialudida. 2.1.2 Las 12 horas del 15 de marzo de 2018, en que habrán de desahogarse las declaraciones a cargo dé: Liliana Trujillo Rubio, visitadora .adscrita a la Administración Local de Auditoria Fiscal de Naucalpan con sede en el Estado de México, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. José Humberto Santiago Martell, notificador adscrito a la Administración Local de Auditoria Fiscal del Oriente del Distrito Federal (sic), con Sede en la Ciudad de México, dé la Administración General de Auditoria Fiscal Federal Mencionada Rodolfo R. Peregrina Vasconcelos, Administrador de Análisis Técnico Fiscal "1" de la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal de la multicitada Administración General de Auditoria Fiscal Federal. Jorge Antonio Francoz Garate, Notario Público número 40 del Estado de México. Hugo Gerardo Moreno Romero, auxiliar administrativo de la contribuyente Industrias Hans. Sociedad Anónima de Capital Variable. Antonio López Camacho, representante legal de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima. 2.1.3 Las 12 horas del 19 de marzo de 2019, en que tendrán verificativo las declaraciones de: Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. David Alberto Sánchez Espinosa, auditor del Servicio de Administración Tributaria. Inés Pérez Mejía, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del órgano administrativo desconcentrado en cita. Erika Soriano Ortiz, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal aludida. Ramiro Galindo Córdova, Administrador de Análisis Técnico Fiscal "2" de la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. 2.1.4 Las 12 horas del 20 de marzo de 2019, en que tendrán verificativo las declaraciones de Angélica García Soperanes y José Antonio Martínez Soto, ambos peritos oficiales en contabilidad, de la 1 Fiscalía General de la Republica. 2.1.5 Las 12 horas del 21 de marzo de 2019, en que se dará inicio a la recepción de las pruebas admitidas a la parte ofendida (coadyuvante), a saber, las declaraciones de: Mónica Alicia Arredondo Ruiz, Subadministradora de Cumplimiento y Evaluación 1 de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de San Luís Potosí de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria. Liliana Trujillo Rubio, visitadora adscrita a la Administración Local de Auditoria Fiscal de Naucalpan con sede en el Estado de México, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal órgano administrativo desconcentrado en cita. José Humberto Santiago Martell, notificador adscrito a la Administración Local de Auditoria Fiscal del Oriente del Distrito Federal (sic), con sede en la Ciudad de México, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal aludida. Rodolfo R. Peregrina Vasconcelos, Administrador de Análisis Técnicos Fiscal "1" de la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal multicitada. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C" de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión dé Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo anterior, por ser el orden que refirió la parte ofendida en su escrito presentado el 14 de los actuales, ante este Centro de Justicia Penal Federa. Y enseguida, se recibirá la declaración de: Inés Pérez Mejía, Adscrita a la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Ello, es así, no obstante que la parte ofendida haya solicitado mediante oficio presentado el 14 de los actuales ante este Centro de Justicia penal Federal, que la pericial contable a cargo de la mencionada se desahogue el día que la representación social la reproduzca como Testimonial en la audiencia de juicio, pues el artículo 395 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Publico, posteriormente de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa, y por ende, en principio, la declaración de la citada como perito de la parte ofendida debe tener 'verificativo hasta que se concluya con el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a la fiscalía, y no en la data programada para deponer como testigo, de dicha representación social; ello sin perjuicio, que de no existir oposición dé las demás partes y en aras del principio de economía procesal invocado por la ofendida, tal examen pericial se lleve a cabo en la última fecha que se menciona. Luego, se continuará con las pruebas admitidas a la defensa del acusado es decir, la declaración de: Rodolfo R. Peregrina Vasconcelos, Administrador de Análisis Técnico Fiscal "1" de la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. En relación al escrito signado por la defensa particular, recibido en este Centro de Justicia el 13 de los actuales, en el que se reservó precisar el orden de las pruebas de su parte, e informó que promovió amparo indirecto contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades, es de indicarse que a la fecha, no existe impedimento para fijar las jornadas de juicio, toda vez que no se ha informado por parte de autoridad judicial competente que exista prohibición para continuar con el trámite del presente. Para enseguida llevar a cabo la clausura de la audiencia de juicio oral en términos del artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Por otra parte, de la documental allegada por el quejoso a su escrito de demanda (fojas 10 a 21) la cual hace prueba plena en su contra en términos del numeral 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en contra del acuerdo de veinte de febrero del año en curso (antes referido), el aquí agraviado por conducto de su defensor particular interpuso recurso de revocación, el cual le fue declarado infundado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de tribunal de enjuiciamiento (acto aquí reclamado). De los antecedentes narrados se advierte que la resolución aquí reclamada se emitió dentro de la etapa de juicio de la causa penal 199/2017, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en carácter de tribunal de enjuiciamiento, a través de la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veinte de febrero del presente año. A través de dicho proveído el juez de enjuiciamiento fijó fecha y hora para la recepción de las declaraciones con cargo a Josué Miguel Contreras Saldivar, Ady Elizabeth García Pimentel, Mónica Alicia Arredondo Ruiz, Aleyda Santa Cruz de la Cruz, Roberto Álvaro Núñez Jaramillo, lrma Martínez Saucedo, Liliana Trujillo Rubio, José Humberto Santiago Martell, Rodolfo R. Peregrina Vasconcelos, Jorge Antonio Francoz Garate, Hugo Gerardo Moreno Romero, Antonio López Camacho, Lucila Saúl Hernández, David Alberto Sánchez Espinosa, Inés Pérez Mejía, Erika Soriano Ortiz, Ramiro Galindo Córdova, Angélica García Soperanes y José Antonio Martínez Soto. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto que para la celebración de juicio oral fijó fechas y horas para la recepción de diversas probanzas (declaraciones), es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, pues tal actuar solo conlleva la prosecución del trámite para preparar (mediante citación de testigos y peritos) de los medios de prueba que habrán de recibirse dentro del proceso aludido en su etapa de juicio. Las cuáles serán valoradas y justipreciadas en términos del artículo 16 constitucional al momento de resolver en definitiva el proceso penal, de modo tal que en caso de que ésta sea favorable a los intereses del aquí quejoso la posible afectación que pudiera ocasionarse al inconforme con la prosecución del referido tramite quedaría subsanada, y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa que se haga valer, e incluso mediante el juicio de amparo que en su caso se promueva en contra de la determinación que ponga fin al mismo, en el que invoque como violación al procedimiento la recepción de las pruebas en comento, como estatuye el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como, por analogía, la jurisprudencia con registro 394363, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 273, que dispone: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley". Y, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.I.P. J/41 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 962, que ordena: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS. Dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia penal, el artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que actualizan, en los juicios del orden penal, una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, precepto que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, distinguió y precisó cuáles son aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles al Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar contradicciones y antinomias, y permitir la adecuada resolución del juicio de amparo directo en esa materia. Ahora, conforme a lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B del precepto legal citado, permanecieron diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral. En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. Así en consonancia con lo resuelto por la Primera Sala, se concluye que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación". Así como la jurisprudencia VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera." Y la tesis XIII.P.A.33 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1480, de rubro y texto siguiente: "DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la determinación del Juez de control emitida en la etapa de investigación complementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba que se aduce se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, es improcedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha negativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio". No obsta lo anterior el hecho de que en el acuerdo recurrido, el cual quedó firme merced a lo infundado del medio de impugnación hecho valer en su contra a través de la resolución aquí reclamada, que en éste se fijaron las doce horas del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, para la recepción de las declaraciones de Angélica García Soperanes y José Antonio Martínez Soto, peritos oficiales en contabilidad de la Fiscalía General de la República ya que tal producción probatoria solo conlleva que las personas citadas den respuesta al interrogatorio que se les formule sobre los dictámenes que previamente rindieron, sin que ello produzca que dichos peritos vayan a emitir un nuevo dictamen en el cual tengan a la vista información contable del aquí quejoso. Lo anterior se robustece con lo previsto por los artículos 371 y 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra disponen: "Artículo 371. Declarantes en la audiencia de juicio. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones, o de otros documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas realizadas por las partes". "Artículo 376. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiere elaborado.". Por lo anterior es que no se contraviene lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 145/2011 (9a.), ya que al no versar la prueba a cargo de Angélica García Soperanes y José Antonio Martínez Soto, en la emisión de un nuevo dictamen en el cual sea materia la contabilidad del aquí quejoso, sino que por el contrario, se les van a formular preguntas respecto de las opiniones técnicas que realizaron previamente en la fase de investigación, deviene inconcuso que tales probanzas deben ser consideradas como simples declaraciones, las cuales no generan una afectación en los derechos sustantivos del promovente del amparo. Además, debe hacerse notar que el acto aquí reclamado no es el auto de apertura a juicio, ni el diverso que levantó la suspensión del procedimiento que se había decretado con motivo de la apelación que fue interpuesta contra aquel, y el hecho de que se haya promovido amparo contra el diverso proveído de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, que desechó el referido recurso de apelación atañe directamente a aquella determinación, incluyendo la suspensión del acto reclamado que allí pudiera decretarse. De ahí que la determinación como la reclamada, emitida con posterioridad al auto de apertura a juicio no puede ser reclamada en amparo indirecto, dado que, por sí, no afecta derechos sustantivos del quejoso atento a las razones ya anotadas. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la autoridad oficiante desahoga el requerimiento efectuado mediante proveído de cinco de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese.

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