Pablo Antonio Romero Barrera

Expediente 138/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
138/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Pablo Antonio Romero Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, del que se advierte que dicho Tribunal aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo 138/2019-III, del que deriva en presente cuaderno, asimismo acusa de recibo del oficio 2506/2019 y anexos. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa; en consecuencia, archívese el presente asunto como concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en este cuaderno de antecedentes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del presente cuaderno, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra el acto del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 138/2019-III. Ahora bien, cabe señalar que la parte promovente del amparo señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. Autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras: A) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.--- B) PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--- C) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL.--- D) ENCARGADO DEL DIERIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.--- E) CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.- - -F) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ.--- Los actos que se reclaman, son los que a continuación se mencionan:--- A. DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, lo siguiente: 1. La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, el artículo 467.--- B. DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 1. La expedición y promulgación de la disposición tildada de inconstitucional. Estos actos del titular del Ejecutivo Federal, al ser derivados de actos (ley inconstitucional), adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad; por lo que violan los derechos humanos que establecen los artículos 1°, 14, 16,17, 18, 21, y 133 constitucionales, establecidos a favor de los quejosos.--- C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL: 1. El refrendo del Código Nacional de Procedimientos Penales.--- 2. Las órdenes para que el encargado del Diario Oficial de la Federación, publicara el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene la norma tildada de inconstitucional, en tanto que es contraria a los derechos humanos de los quejosos, que establecen a su favor los numerales 1°, 14, 16,17, 18, 21, y 133 constitucionales.--- D. DEL ENCARGADO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, se reclama la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, el referido numeral 467, que adolecen de los mismos vicios de ¡inconstitucionalidad, como enseguida se justifica.--- E. DEL CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Se reclama la aplicación de la disposición tildada de inconstitucional (arábigo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al inadmitir, en el fallo de inadmisión dictado en el recurso de apelación interpuesto contra la determinación diversa de 2 de enero de 2019, identificado con el numeral 12/2019-11, consistente en la improcedencia del incidente de nulidad de datos de prueba ilícitos y lo resuelto en la audiencia intermedia.--- F. DEL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SAN LUIS POTOSI. S.L.P., Se reclama la ejecución de la indicada inadmisión al recurso de apelación, en la causa identificada con el numeral 199/2017.". Lo resaltado es propio. Por su parte, los artículos 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 36 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTICULO 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de los previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia del aquel que haya emitido el acto impugnado; [.] Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." De lo dispuesto en los artículos antes transcritos, se colige que cuando se promueva un juicio de amparo indirecto en contra de un Tribunal Unitario, la autoridad competente para conocer de ese asunto lo será un tribunal unitario del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a aquél en que hubiere sido emitido el acto reclamado. Puntualizado lo anterior, debe señalarse que este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que de su análisis se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros, el desechamiento del recurso de apelación dictado el dos de enero de dos mil diecinueve, por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, en el toca de apelación 12/2019-II, a través del cual se realizó el primer acto de aplicación de la norma considerada inconstitucional (467 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En consecuencia, se declara que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y por ende, se ordena remitir la misma, con sus copias, vía mensajería autorizada, al Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, en turno, con excepción del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, ya que el primero citado se encuentra en el mismo circuito del diverso señalado como autoridad responsable, órgano jurisdiccional más cercano al señalado como responsable, para que resuelva lo que estime procedente, solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.25/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, visible en la página 17, del contenido literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama. En la inteligencia de que este juzgador no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, pues corresponderá hacerlo al Magistrado del Tribunal Unitario que se considera competente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ***, quien cuenta con cédula profesional número ***, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, no ha lugar a acordar de conformidad su petición relativa a que se le realicen las notificaciones a los correos electrónicos que proporciona, toda vez que los artículos 30 de la Ley de Amparo y 81 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, sólo permiten que las notificaciones electrónicas se realicen a través de la firma electrónica, de ahí que no es factible que se ordene se le notifique por medio de los correos electrónicos que proporcionan. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 138/2019-III; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito y de otras autoridades; agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO PABLO ANTONIO ROMERO BARRERA, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra el acto del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 138/2019-III. Ahora bien, cabe señalar que la parte promovente del amparo señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. Autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras: A) CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.--- B) PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--- C) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL.--- D) ENCARGADO DEL DIERIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.--- E) CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.- - -F) JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ.--- Los actos que se reclaman, son los que a continuación se mencionan:--- A. DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, lo siguiente: 1. La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, el artículo 467.--- B. DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 1. La expedición y promulgación de la disposición tildada de inconstitucional. Estos actos del titular del Ejecutivo Federal, al ser derivados de actos (ley inconstitucional), adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad; por lo que violan los derechos humanos que establecen los artículos 1°, 14, 16,17, 18, 21, y 133 constitucionales, establecidos a favor de los quejosos.--- C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL: 1. El refrendo del Código Nacional de Procedimientos Penales.--- 2. Las órdenes para que el encargado del Diario Oficial de la Federación, publicara el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene la norma tildada de inconstitucional, en tanto que es contraria a los derechos humanos de los quejosos, que establecen a su favor los numerales 1°, 14, 16,17, 18, 21, y 133 constitucionales.--- D. DEL ENCARGADO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, se reclama la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, el referido numeral 467, que adolecen de los mismos vicios de ¡inconstitucionalidad, como enseguida se justifica.--- E. DEL CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Se reclama la aplicación de la disposición tildada de inconstitucional (arábigo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al inadmitir, en el fallo de inadmisión dictado en el recurso de apelación interpuesto contra la determinación diversa de 2 de enero de 2019, identificado con el numeral 12/2019-11, consistente en la improcedencia del incidente de nulidad de datos de prueba ilícitos y lo resuelto en la audiencia intermedia.--- F. DEL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN SAN LUIS POTOSI. S.L.P., Se reclama la ejecución de la indicada inadmisión al recurso de apelación, en la causa identificada con el numeral 199/2017.". Lo resaltado es propio. Por su parte, los artículos 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 36 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTICULO 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de los previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia del aquel que haya emitido el acto impugnado; [.] Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." De lo dispuesto en los artículos antes transcritos, se colige que cuando se promueva un juicio de amparo indirecto en contra de un Tribunal Unitario, la autoridad competente para conocer de ese asunto lo será un tribunal unitario del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a aquél en que hubiere sido emitido el acto reclamado. Puntualizado lo anterior, debe señalarse que este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que de su análisis se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros, el desechamiento del recurso de apelación dictado el dos de enero de dos mil diecinueve, por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, en el toca de apelación 12/2019-II, a través del cual se realizó el primer acto de aplicación de la norma considerada inconstitucional (467 del Código Nacional de Procedimientos Penales). En consecuencia, se declara que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y por ende, se ordena remitir la misma, con sus copias, vía mensajería autorizada, al Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, en turno, con excepción del Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, ya que el primero citado se encuentra en el mismo circuito del diverso señalado como autoridad responsable, órgano jurisdiccional más cercano al señalado como responsable, para que resuelva lo que estime procedente, solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.25/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, visible en la página 17, del contenido literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama. En la inteligencia de que este juzgador no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, pues corresponderá hacerlo al Magistrado del Tribunal Unitario que se considera competente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a ***, quien cuenta con cédula profesional número ***, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, no ha lugar a acordar de conformidad su petición relativa a que se le realicen las notificaciones a los correos electrónicos que proporciona, toda vez que los artículos 30 de la Ley de Amparo y 81 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, sólo permiten que las notificaciones electrónicas se realicen a través de la firma electrónica, de ahí que no es factible que se ordene se le notifique por medio de los correos electrónicos que proporcionan. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente".

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