Oswaldo Lopez Vazquez

Expediente 986/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
986/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Oswaldo Lopez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnara la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha determinación que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, toda vez que obran diversos documentos que fueron exhibidas por la parte quejosa, que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia de los documentos respectivos para que se realice el cotejo y devolución del original, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que de conformidad con el contenido del oficio SEPLE./ADS./4197/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Titular de este Juzgado será la Juez Aracely del Rocío Hernández Castillo, lo que se comunica para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, y en atención a su contenido, téngase recibido testimonio de la resolución de veintiuno de octubre del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja penal 121/2021. Acúsese recibo, y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja".

  3. Principal

    1. Se acuerda escrito. Visto el escrito de cuenta signado por Oswaldo López Vázquez; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de seis de octubre del año en curso. 2. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio relativo, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La omisión del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, de notificarle a sus abogados defensores la acusación formulada en su contra por el Fiscal General del Estado, dentro de los autos de la causa penal ***. Lo anterior, pues deviene pertinente señalar que en el apartado de actos reclamado del escrito inicial de demanda, aduce reclamar de la "autoridad omisa": "El Viernes 17 de septiembre del año 2021, mis abogados defensores consultaron la carpeta administrativa de la causa penal ***, donde el suscrito tiene el carácter de imputado, y se dieron cuenta que, no existe acusación del ministerio público a pesar que la investigación complementaria se cerró el 21 de marzo de 2021, o cuando menos no se me ha notificado la acusación, lo que violenta del artículo 336 del código nacional de procedimientos penales." Por su parte, en las manifestaciones que vierte bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, señala que al concluirse los tres meses, el Ministerio Público que substancia la carpeta de investigación ***, omite formular acusación en su contra. Luego, el cinco de agosto del año en curso, el Fiscal General del Estado, subsanando la omisión del Ministerio Público, formula acusación, "que si bien es cierto me la notifican a mi, no así nunca se la notificaron a mis abogados defensores, con lo que se obstruye mi defensa técnica a que tengo derecho". Precisado lo anterior, respecto de la omisión reclamada, el suscrito considera que se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, en contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ya ha quedado de relieve que el acto que aquí se reclama consiste en la omisión del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, de notificarle a sus abogados defensores la acusación formulada en su contra por el Fiscal General del Estado, dentro de los autos de la causa penal ****. En ese orden de ideas, debe precisarse que dentro del Capítulo VII del Título Quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé el medio ordinario de defensa para impugnar y subsanar la omisión como la que en la especie se reclama, y así subsanar la consecuencia que se hace depender de ella relativa a la dilación del proceso, el cuál es el recurso de queja. A efecto de evidenciar lo anterior, resulta pertinente destacar el contenido del aludido artículo 135 del citado Código Adjetivo Penal, el cual establece lo siguiente: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De conformidad con dicho dispositivo legal, el recurso de queja procede en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en dicha legislación. Dicho medio de impugnación podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. Así, la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso, el cual, hecho lo anterior, tendrá un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitirá el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. Recibido lo anterior por la autoridad jurisdiccional competente, esta tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en términos de las disposiciones aplicables. Además, cabe destacar que de conformidad con dicho dispositivo legal, en ningún caso el órgano jurisdiccional competente, para resolver la queja podrá ordenar al omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Pues bien, como se adelantó, del precepto aludido, se desprende que la omisión que por esta vía se combate puede ser impugnada mediante el recurso de queja, cuya tramitación prevé el Capítulo VII del Título Quinto Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, los agraviados se encontraban obligados a agotar previo a promover el juicio de amparo, pues a través de dicho recurso pudieron lograr que se subsane o se ordene al órgano jurisdiccional que realice el acto omitido. Además cabe destacar que el medio de impugnación señalado con antelación es más expedito que el propio juicio de amparo, y por tanto resulta de mayor beneficio para el inconforme, pues como se señaló con antelación, una vez presentado dicho medio de impugnación, en el caso la autoridad omisa tendrá un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión; caso contrario, deberá realizar un informe sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal omitido, remitiéndolo junto con el recurso al órgano jurisdiccional competente, quien lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días. Lo anterior, resulta ser más rápido que el juicio constitucional, pues de inicio, de conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, de no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda de garantías, señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes, y pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, las cuales lo deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. Además, entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir la audiencia constitucional. Como se puede advertir, el trámite del recurso de queja previsto por el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta más expedito que el propio juicio de amparo, de ahí que se afirme que reporta mayores beneficios a la parte quejosa. Así pues, como el quejoso no observó el principio de definitividad, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que ve a la omisión en estudio. Sin que sea óbice a lo anterior, la eventual posibilidad de que la omisión atribuida a la autoridad genera consecuencias de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación respecto de la omisión en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: ...al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación respecto de la omisión en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo...

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