Pablo Calderón González

Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1389/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Pablo Calderón González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente juicio y se tuvo como asunto concluido; sin embargo de las constancias de autos, se advierte que se omitió señalar el destino del cuaderno incidental y su archivo. Regulariza. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al 2° de la Ley de Amparo, se ordena archivar el cuaderno incidental. Valoración del incidente. Ahora, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se concedió la medida cautelar; archívese el cuaderno incidental por separado, en el entendido de que, el cuaderno original del incidente de suspensión es CONSERVABLE. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir del VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, toda vez que no existen actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, como esta ordenado en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, remítase el mismo al archivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por medio de lista y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Rafael Tiscareño Mercado, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que sí son ciertos los actos que se le reclaman a las referidas autoridades. Delegados. Como lo solicita la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de: a) La Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la que reclama: - La omisión de dar entrada al incidente de liquidación en autos del juicio laboral 845/2020, solicitada mediante escrito de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, que tiene como consecuencia la dilación y/o paralización total del procedimiento laboral. b) Del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje reclama: -La omisión de dictar auto de requerimiento en el procedimiento laboral 845/2020, solicitada mediante escrito de ocho de agosto de dos mil veintitrés. -La omisión de atender a la petición de aplicar las medidas necesarias ante el incumplimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social de realizar el pago de pensión mensual, petición que se realizó en fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el citado juicio laboral. Actualiza causa de improcedencia. Del oficio de cuenta remitido por la responsable y sus anexos, se advierte que en relación con dichas omisiones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y sus anexos, se advierte que las omisiones reclamadas han cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable: 1) El nueve de octubre de dos mil veintitrés acordó el escrito presentado por la parte aquí quejosa el ocho de agosto del presente año, mediante el cual se dio entrada al incidente de liquidación, dentro del juicio laboral de origen 845/2020, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de pruebas y alegatos, para el trece de noviembre de dos mil veintitrés. 2) El diez de octubre de dos mil veintitrés la autoridad responsable acordó la petición presentada por el quejoso el ocho de agosto del presente año, ordenando turnar los autos al Secretario de Acuerdos a efecto de que certifique si existe o no algún amparo promovido en contra de la resolución incidental en la cual se haya ordenado lo solicitado. 3. Habiendo hecho la revisión correspondiente, el secretario de acuerdos certificó la resolución de procedimiento especial de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, al haber quedado firme. 4. En consecuencia, se despachó Auto de Ejecución con Efectos de Mandamiento en Forma para el cumplimiento de la resolución, a efecto de requerir al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social para que acreditara las gestiones realizadas, para que el quejoso fuera incluido a la nómina de pensionados y se le esté cubriendo el pago de la pensión mensual actualizada al año dos mil veintidós, de "Cesantía en Edad Avanzada", en la cantidad de $9,431.52 (nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 52/100 moneda nacional), sin perjuicio de las mensualidades que se siguieran generando al día en que la parte demandada otorgara el beneficio adquirido por el quejoso, con el apercibimiento a la autoridad demandada que en caso de no acreditar el preindicado cumplimiento, se le aplicarían los medios de apremio, establecidos por el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se desprende que los actos reclamados han cesado en sus efectos, toda vez que la junta responsable demostró: 1) haber dado entrada al incidente de liquidación solicitado, 2) dictar auto de requerimiento y 3) Atender la petición de ocho de agosto de dos mil veintitrés de aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución, dentro de los autos del juicio laboral de origen 845/2020, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues los actos omisivos en estudio ya fueron subsanados por las citadas responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". No escapa a la atención de la suscrita, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva, por la que se notificó a la parte quejosa las determinaciones dictadas; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haber acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las TRECE HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista, y mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Rafael Tiscareño Mercado, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que mediante la Circular 28/2023, emitida el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés por el Secretario Ejecutivo del Peno del Consejo de la Judicatura Federal, entre otras cosas, se declaró como inhábiles los días del diecinueve al veinticuatro de octubre del presente año, así como de manera retroactiva los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre de esta anualidad, en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado, lo anterior, a fin de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal. Asimismo, que se encuentra pendiente de emplazar a la tutora de los niños, designada por el Juzgado de origen. Diferimiento. A efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, se programan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Familiar en el Estado, por medio del cual comunica que se designó como tutora interina de los niños de iniciales ********************y********************, a ********************, quien puede ser localizada en ********************. Por tanto, téngase a dicha tutora como tercera interesada en este asunto, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Comisión a la Actuaria Judicial. Consecuentemente, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a efecto de que emplace a la tercera interesada de referencia en el domicilio referido, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído, hacerle saber la fecha y hora que se fijó para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezca a este juicio, si así lo considera, y la prevenga para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se les harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la tercera interesada ********************; y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, mediante el cual informa el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio de amparo *** de su índice; en el que se determinó solicitar la vinculación de este expediente electrónico para estar en aptitud de analizar la incompetencia planteada. En consecuencia, póngase a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo citado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por medio de lista y por oficio al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano