Osvaldo u Oswaldo Martínez Trinidad
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Osvaldo u Oswaldo Martínez Trinidad
Actuaciones
- Principal
pral.354/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintidós. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de veinticuatro de marzo de este año, por la cual se desechó su demanda de amparo, no obstante su notificación el veintiocho siguiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en resolución de veinticuatro de marzo de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.
- Principal
PRAL.354/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por***, por propio derecho; firmada electrónicamente por ****, presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintidós de marzo de este año, como se advierte de la evidencia criptográfica, y turnada a este órgano jurisdiccional el día siguiente, como se hizo constar en la certificación de cuenta, contra un acto del juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 354/2022. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la ley en comento prevé la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración y que se advierte de manera clara y directa, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene certeza y plena convicción. En ese tenor, si bien existen diversas causas que generan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, con la finalidad de no tramitar un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales; por esa razón, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que lista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3, 6 y 15, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la demanda presentada en línea se promueve por propio derecho con el nombre de Osvaldo u Oswaldo Martínez Trinidad; sin embargo, se encuentra firmada electrónicamente por Samuel Reyes Merino, persona a quien autoriza para recibir notificaciones, pues a pesar que proporciona su cédula profesional -5130623-, omitió precisar si esa autorización es en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, aun cuando la autorización de Samuel Reyes Merino fuera en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello no lo posibilita para firmar electrónicamente la demanda que promueve diversa persona por propio derecho; pues no se advierte la actualización de los supuestos que establece el artículo 109 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 10, párrafo segundo del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en los cuales no se requiere de firma electrónica. Ello, en atención a que la parte quejosa reclama del juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el auto de formal prisión dictado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós en la causa penal 87/2013; de ahí que es evidente que dicho acto no es de aquéllos que puedan importar peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que prevé el numeral 15 de la Ley de Amparo. Ahora, los artículos 107 Constitucional y los diversos numerales 3°, 5°, 6°, 15 primer párrafo, 61 y 108, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.[.] "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.]" Como se desprende del contenido de la anterior transcripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ello, el artículo 6º de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo solo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. En tal sentido, la expresión de la voluntad en un procedimiento es, a través de la firma, formalidad indispensable tanto para darle curso como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, asentándose tal circunstancia, pero imprimirán su huella dactilar, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado; o en los casos previstos por la ley, podrá promoverse la demanda a favor o en representación de otra persona. Correlativo a ello, se precisa que en la normatividad del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cago del propio Consejo, en vigor el quince de junio de dos mil veinte, se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicios de amparo, y en específico, en los numerales 6, 16, 45 y 51, se prevé la utilización de la firma electrónica, de carácter personal e intransferible, como el conducto para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la promoción de demandas, recursos y promociones vía electrónica, en los cuales dicha firma tendrá los mismos efectos legales que la firma autógrafa. En este tópico es destacable lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación, será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que si la firma autógrafa o electrónica es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; produce ese mismo efecto para aquellas que se presenten con firma electrónica. En el caso, la demanda fue presentada vía electrónica, a través de la modalidad de "juicio en línea", sin embargo, carece de la firma electrónica del directo quejoso Osvaldo u Oswaldo Martínez Trinidad, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6° y 108, ambos de la Ley de Amparo, al carecer de ese requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa extraordinario. Es así, debido a que la demanda de amparo fue presentada por medios electrónicos mediante la firma electrónica de una persona distinta al quejoso, en este caso, su autorizado para recibir notificaciones; sin embargo, en términos de las consideraciones antes apuntadas, la firma electrónica que debió adjuntarse al documento es la del propio quejoso y no la de una diversa persona; salvo que ésta hubiera promovido como apoderado o representante legal, o como defensor particular del quejoso en la causa penal 87/2013 del índice de la autoridad responsable; lo que no acontece, pues el suscriptor de la demanda es la persona autorizada por el quejoso. En esas condiciones, la presentación de la demanda en línea mediante el uso de una firma electrónica de una persona distinta a la parte quejosa, no puede subsanarse, pues no es una irregularidad de la demanda prevista por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto no se aprecia la voluntad del agraviado; por tanto, la demanda resulta improcedente. Sin que pase desapercibido para este juzgador que la foja 37 del escrito de demanda contiene al calce el nombre del quejoso y un signo que, al parecer, es su firma, dado que al ser presentada la demanda en línea, la firma electrónica es la que rige en el juicio de amparo; pues la firma asentada sobre el nombre, no es original, sino parte de un procedimiento de escaneo. Sin que con esta determinación se deje a la parte quejosa en estado de indefensión, tomando en consideración que es un hecho notorio que en este Juzgado se recibió la misma demanda, con firma autógrafa del quejoso, misma que se radicó en esta fecha con el número de expediente 355/2022. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de estudio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 6 y 15, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, registro 2019715, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2018943, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 11 de enero de 2019, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". 4. Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 5. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su demanda y, por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por no solicitarlo expresamente en términos amplios. 6. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tomarán en cuenta los correos electrónicos y el número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución emitida, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Osiris Jiménez Matus355/2021
- Osmar Isaí Rivera Pérez830/2017
- Ossiel Melchor Martinez444/2020
- Osvaldo Hernández Pin731/2018
- Osvaldo López Uribe214/2017
- Osvaldo Murillo Rueda1230/2022
- Oswaldo Chávez Silva461/2020
- Oswaldo de Jesús Hernández Santaella1187/2017
- Oswaldo Gómez Ramírez1054/2022
- Oswaldo Guadalupe Avendaño Aquino499/2020
- Oswaldo Guadalupe Avendaño Aquino522/2020
- Oswaldo Pérez Matus195/2021