Osvaldo Diaz Perez

Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
582/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Osvaldo Diaz Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. I.CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, debe indicarse que no obsta lo anterior, que no obren los acuses de notificación de la sentencia a las autoridades responsables foráneas: 3. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, y 7. Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudenciaXIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. AMPARO: 582/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL: ALEJANDRO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E-813-1 Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucán, Puebla. OF.E-813-2 Karla Patricia Ambrocio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. OF.E-813-3 Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla OF.E-813-4 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. OF.E-813-5 Estela Clemente González, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Casa Habitación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia (en su denominación correcta). OF.E-813-6 Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. OF.E-813-7 Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (en su denominación correcta). OF.E-813-8 Jefe de Grupo titular de la Agencia Estatal de Investigación de Huejotzingo, Puebla. OF.E-813-AMF Agente del Ministerio Público Federal adscrito (no responsable.) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 582/2021-E, PROMOVIDO OSVALDO DÍAZ PÉREZ, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. I.CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, debe indicarse que no obsta lo anterior, que no obren los acuses de notificación de la sentencia a las autoridades responsables foráneas: 3. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, y 7. Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudenciaXIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 13 DE AGOSTO DE 2021. A T E N T A M E N T E (FIRMA ELECTRÓNICA) MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el sobre devuelto por el Administrador de Correos de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio A-SF-106-7, dirigido a la autoridad responsable: Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (en su denominación correcta), con la leyenda: "cite dirección, desconocido"; en consecuencia, reenvíese el oficio de mérito a la dirección correcta, a efecto de notificar la sentencia pronunciada en este sumario constitucional. Notifíquese a la autoridad referida en este acuerdo el oficio A-SF-106-7; y, cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 582/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Osvaldo Díaz Pérez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Osvaldo Díaz Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintinueve de junio del presente año, la demanda promovida por Osvaldo Díaz Pérez, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 582/2021; y se desechó parcialmente, respecto del acto reclamado siguiente: a) La integración de una carpeta de investigación en su contra, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que la integración e investigación de hechos constitutivos de delito, es realizada por el Ministerio Público, por tanto, no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario del amparo quien esté sujeto a investigación. Lo anterior, porque será hasta que la autoridad judicial a la que corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado, si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, citación o comparecencia. En ese contexto, en el propio auto de veintinueve de junio del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo por los actos de autoridad reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión y presentación, emitidas por las autoridades responsables, así como su ejecución, en contra del quejoso Osvaldo Díaz Pérez. En dicho proveído se ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintisiete de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, Osvaldo Díaz Pérez, en esta instancia constitucional, reclama: a) Las órdenes de aprehensión y presentación; y. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucán, Puebla. Niega (foja 47) 2 Karla Patricia Ambrocio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Niega (foja 44) 3 Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. Niega (foja 55) 4 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Niega (foja 59) 5 Estela Clemente González, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Casa Habitación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia (en su denominación correcta). Niega (foja 49) 6 Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Niega (foja 48) 7 Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (en su denominación correcta). Niega (foja 72) 8 Jefe de Grupo titular de la Agencia Estatal de Investigación de Huejotzingo, Puebla. Niega (foja 58) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye, destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este resolutor, que al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Martín Texmelucán, indicó que en su estadística, existe registrada la causa penal 138/2021/SAN MARTÍN, en la que se señalaron las nueve horas del siete de julio último, para desahogar la audiencia de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Osvaldo Díaz Pérez, por su probable participación en hechos que la ley señala como delitos de violencia familiar y despojo, en agravio de Hortencia Pérez Anguiano, motivo por el que fue citado a fin que comparezca ante ese resolutor. Sin embargo, tal circunstancia no incide en el sentido de la resolución que se emite, tomando en consideración que la citación del quejoso a dicha audiencia, por sí sola no genera una afectación a su libertad personal, pues sólo se formalizará la investigación que se sigue en su contra y eventualmente, se formulará la imputación respectiva vinculándolo a proceso, e imponiéndole alguna medida cautelar. Además, que la demanda de amparo que originó el presente juicio, fue desechada parcialmente respecto del acto reclamado que hizo consistir en la integración de una carpeta de investigación en su contra, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se indicó en los antecedentes del presente fallo. No obstante, a mayor abundamiento, no pasa inadvertido para este resolutor, que conforme lo que dispone el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control está facultado para emitir, a solicitud del agente del Ministerio Público, orden de aprehensión en contra de un imputado, siempre y cuando estén reunidos los requerimientos siguientes: 1. El Representante Social advierta que existe la necesidad de cautela. 2. Una persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 3. El imputado se haya sustraído de la acción de la justicia. De lo antes expuesto se colige, que si el quejoso fue citado para comparecer ante el Juez de Control, el siete de julio del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación, solicitada por el Agente del Ministerio Público, dentro de la causa penal 138/2021/SAN MARTÍN iniciada en su contra, por el delito de violencia familiar y despojo en agravio de Hortensia Pérez Anguiano, resulta inconcuso, que únicamente cuando el peticionario de amparo incurra en alguno de los supuestos arriba indicados, podrá emitirse mandamiento de captura en su contra. Por ende, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda, no se había emitido alguna orden de aprehensión en contra del quejoso Osvaldo Díaz Pérez, máxime que al rendir su informe con justificación, 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Martín Texmelucán, fue explícito en negar la existencia de tal acto de autoridad, sin que la parte quejosa acreditara lo contrario, por lo que resulta inconcuso que prevalece la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Osvaldo Díaz Pérez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (abrogada), y por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/1105/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Romina Ortiz Ávila, secretario quien autoriza y da fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 582/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Osvaldo Díaz Pérez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); Osvaldo Díaz Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos de 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintinueve de junio del presente año, la demanda promovida por Osvaldo Díaz Pérez, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 582/2021; y se desechó parcialmente, respecto del acto reclamado siguiente: a) La integración de una carpeta de investigación en su contra, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que la integración e investigación de hechos constitutivos de delito, es realizada por el Ministerio Público, por tanto, no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario del amparo quien esté sujeto a investigación. Lo anterior, porque será hasta que la autoridad judicial a la que corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado, si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, citación o comparecencia. En ese contexto, en el propio auto de veintinueve de junio del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo por los actos de autoridad reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión y presentación, emitidas por las autoridades responsables, así como su ejecución, en contra del quejoso Osvaldo Díaz Pérez. En dicho proveído se ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintisiete de julio del presente año, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, Osvaldo Díaz Pérez, en esta instancia constitucional, reclama: a) Las órdenes de aprehensión y presentación; y. b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucán, Puebla. Niega (foja 47) 2 Karla Patricia Ambrocio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Niega (foja 44) 3 Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. Niega (foja 55) 4 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Niega (foja 59) 5 Estela Clemente González, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Casa Habitación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia (en su denominación correcta). Niega (foja 49) 6 Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Niega (foja 48) 7 Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (en su denominación correcta). Niega (foja 72) 8 Jefe de Grupo titular de la Agencia Estatal de Investigación de Huejotzingo, Puebla. Niega (foja 58) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye, destacados en el considerando segundo de este fallo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este resolutor, que al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Martín Texmelucán, indicó que en su estadística, existe registrada la causa penal 138/2021/SAN MARTÍN, en la que se señalaron las nueve horas del siete de julio último, para desahogar la audiencia de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Osvaldo Díaz Pérez, por su probable participación en hechos que la ley señala como delitos de violencia familiar y despojo, en agravio de Hortencia Pérez Anguiano, motivo por el que fue citado a fin que comparezca ante ese resolutor. Sin embargo, tal circunstancia no incide en el sentido de la resolución que se emite, tomando en consideración que la citación del quejoso a dicha audiencia, por sí sola no genera una afectación a su libertad personal, pues sólo se formalizará la investigación que se sigue en su contra y eventualmente, se formulará la imputación respectiva vinculándolo a proceso, e imponiéndole alguna medida cautelar. Además, que la demanda de amparo que originó el presente juicio, fue desechada parcialmente respecto del acto reclamado que hizo consistir en la integración de una carpeta de investigación en su contra, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se indicó en los antecedentes del presente fallo. No obstante, a mayor abundamiento, no pasa inadvertido para este resolutor, que conforme lo que dispone el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control está facultado para emitir, a solicitud del agente del Ministerio Público, orden de aprehensión en contra de un imputado, siempre y cuando estén reunidos los requerimientos siguientes: 1. El Representante Social advierta que existe la necesidad de cautela. 2. Una persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 3. El imputado se haya sustraído de la acción de la justicia. De lo antes expuesto se colige, que si el quejoso fue citado para comparecer ante el Juez de Control, el siete de julio del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación, solicitada por el Agente del Ministerio Público, dentro de la causa penal 138/2021/SAN MARTÍN iniciada en su contra, por el delito de violencia familiar y despojo en agravio de Hortensia Pérez Anguiano, resulta inconcuso, que únicamente cuando el peticionario de amparo incurra en alguno de los supuestos arriba indicados, podrá emitirse mandamiento de captura en su contra. Por ende, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda, no se había emitido alguna orden de aprehensión en contra del quejoso Osvaldo Díaz Pérez, máxime que al rendir su informe con justificación, 1. Salvador Hernández Martínez, Juez de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con residencia en San Martín Texmelucán, fue explícito en negar la existencia de tal acto de autoridad, sin que la parte quejosa acreditara lo contrario, por lo que resulta inconcuso que prevalece la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Osvaldo Díaz Pérez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 7. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrita al Municipio de San Martin Texmelucan, Puebla.; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.

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