OSIRIS GARCIA MARTINEZ o RODRIGUEZ

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • OSIRIS GARCIA MARTINEZ o RODRIGUEZ
  • Antonio Ayala Herrera (Autorizado Procesal)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil veintitrés.********************Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio JOPTEH/126/2023 suscrito por la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Sur- Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgado federal en auto de treinta de diciembre del dos mil veintidós, dicha autoridad acusa recibo de la misiva 1760/2022, del índice de este juzgado, por la cual se le devolvieron las pruebas que ofreció en apoyo a su informe de ley, consistentes en: 1. Tres discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veintiséis de julio y quince de noviembre, todos de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************; y, 2. Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el anexo I de pruebas del presente juicio de amparo.******************** De lo anterior toma conocimiento esta potestad federal, para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El diez de octubre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo a la quejosa Osiris García Martínez, respecto al auto de vinculación a proceso dictado en su contra en audiencia inicial celebrada el veintiséis de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 399/2021/TEHUACÁN, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338, fracción VIII, y 338 bis, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miriam Yanet Pérez Reyes; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veintiocho de octubre del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de dieciocho de noviembre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo el oficio JOPTEH/7451/2022 -registro 19594 de 2022-, por el cual, informó el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó un disco en formato versátil digital (DVD). En consecuencia, con su contenido y anexo, así como con el diverso JOPTEH/7312/2022 y su anexo -registro 19305 de 2022-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el auto de 06/05/23 15:03:39 vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa Osiris García Martínez en audiencia inicial celebrada el veintiséis de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 399/2021/TEHUACÁN, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338, fracción VIII, y 338 bis, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miriam Yanet Pérez Reyes. Lo anterior, por violar el debido proceso, consagrado en el artículo 14 Constitucional, y el derecho de defensa adecuada, reconocido por en el artículo 20, Apartado B, fracción III, de la propia Constitución, por lo que se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Lo anterior, con base, principalmente, en lo siguiente: A. Que el juez de control no cumplió con una formalidad del procedimiento, de las creadas por la ley para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación; lo anterior, cuenta habida que dio oportunidad a la asesora jurídica victimal de exponer sus datos de prueba, con posterioridad a que la quejosa eligiera el momento en que se resolvería su situación jurídica. B. Al respecto, se señaló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 212/2016, entre otras cuestiones, determinó: i) que la vinculación a proceso debía pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad 06/05/23 15:03:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.b3 Víctor Hugo Jiménez Loranca 5 ???????A????? de contestar el cargo; y, ii) que el plazo de setenta y dos horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituía un derecho fundamental, cuya ampliación procedía sólo cuando el propio imputado lo solicitara, lo cual implicaba que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. C. En ese sentido, también se dijo que la Corte consideró que dichas proposiciones constituían la pauta interpretativa que permitía considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso eran actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no podía operar en su detrimento, pues su finalidad era que tuviera más tiempo para ejercer su defensa, tan era así, que el artículo 314 del Código Nacional establecía la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estimara convenientes. D. Por lo anterior, se enfatizó que la Primera Sala concluyó que el ministerio público, de estimarlo procedente, debía solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decidiera si se acogía o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resolviera sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendría como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. E. En otras palabras, se destacó que la Corte estimó que si el imputado o su defensor elegían posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, era lógico que esa decisión debía partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estimaba que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditaban la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estaría en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, - agregó- de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretendiera incorporar. F. En ese sentido, este órgano jurisdiccional consideró que ese criterio jurídico resultaba aplicable para los datos de prueba que pretendiera incorporar la asesoría jurídica victimal, en favor de sus representados, para fortalecer la solicitud de vinculación a proceso. Si bien, se dijo, era cierto que, de conformidad con el artículo 20, Apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho de la víctima o del ofendido del delito que se le recibieran todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso; ello, no significaba que en audiencia inicial, la exposición relativa de sus datos de prueba pudiera realizarse en cualquier momento antes de resolverse la situación jurídica del imputado ni menos después de que aquél haya decidido el momento en que se resolvería esa situación. G. No verlo de esa manera, se señaló, significaría que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso, no operaría en su beneficio, cuando, como se vio, su finalidad era que tenga más tiempo para ejercer su defensa, lo que se traducía en la posibilidad real de ofrecer los datos o medios de prueba que estimara pertinentes para apoyar su teoría del caso. Sólo así, la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendría como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que considerara podrían desvirtuar la postura ministerial y, en su caso, de la asesoría jurídica victimal . H. Por tanto, en el caso en concreto, se indicó que el juez de control responsable, después de escuchar los datos de prueba expuestos por la fiscalía, debió dar el uso de la voz a la asesora 06/05/23 15:03:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.b3 Víctor Hugo Jiménez Loranca 8 jurídica victimal para que, en su caso, narrara sus datos de prueba y, con posterioridad, cuestionar a los imputados el momento en que deseaban que se resolviera su situación jurídica, que podía ser en la misma audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas, o bien, en el plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. I. Que con el actuar del juez de control en audiencia, se restringió la oportunidad de la quejosa de contar, junto con su abogado, con tiempo para desvirtuar los antecedentes expuestos por la asesora jurídica victimal. Lo cual, cobraba especial relevancia si se tomaba en cuenta que la autoridad responsable, para vincular a proceso a la ahora quejosa por los hechos materia de la imputación, valoró los datos de prueba expuestos por la referida asesora jurídica e, incluso, de ese ejercicio argumentativo, derivó una aclaración sobre un dato de prueba expuesto por la fiscalía, misma que resultó de suma importancia para establecer la probable responsabilidad de quejosa en la comisión del hecho con apariencia de delito. J. Que, entonces, al no ajustarse la actuación del juez de control a los parámetros antes indicados, se determinó que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento establecidas para el desarrollo de la audiencia inicial y, en su caso, continuación, de conformidad con los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual repercutió a su derecho de defensa adecuada dentro del proceso penal de origen. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para que la autoridad responsable David Rodríguez González, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 399/2021/TEHUACÁN, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos únicamente el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa Osiris García Martínez en audiencia inicial celebrada el veintiséis de julio de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338, fracción VIII, y 338 bis, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miriam Yanet Pérez Reyes. 2. Reponer el procedimiento de la audiencia inicial justo al momento en que declaró cerrado el debate relativo a la vinculación a proceso (esto es, hasta el instante previo al dictado de esa determinación), luego, a fin de no comprometer los principios de igualdad procesal, continuidad y concentración de actos procesales, reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes desde el inicio de la audiencia hasta el momento en que dictó su resolución de vinculación a proceso, que, desde luego, incluiría, la formulación de la imputación, la 06/05/23 15:03:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.b3 Víctor Hugo Jiménez Loranca 10 contestación al cargo por parte de los imputados, la exposición de los datos de prueba de la fiscalía y de la asesora jurídica victimal, los debates generados en el inter y después de esa exposición y las aclaraciones efectuadas; lo anterior, en los términos de la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, cuestionar a la aquí quejosa sobre el momento en que deseaba que se resolviera su situación jurídica, que podría ser en ese momento, dentro del plazo de setenta y dos horas, o bien, en su ampliación de ciento cuarenta y cuatro horas, conforme al artículo 19 Constitucional. 4. Luego, en el momento procesal oportuno, con libertad de jurisdicción, con base en lo aportado en audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós y, en su en caso, con la nueva información derivada de los elementos probatorios que aporte la defensa y del debate sostenido entre las partes, resolver la situación jurídica de la quejosa. 5. De igual manera, dependiendo del plazo que elijiera la quejosa para que se resolviera su situación jurídica y en los momentos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, pronunciarse nuevamente sobre las solicitudes, que en su caso formulara la fiscalía, sobre la medida cautelar que debía imponerse a la quejosa y sobre el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, se indicó que los efectos antes apuntados sólo circunscribían respecto a la persona de la quejosa y no sobre a la persona de sus coimputados, 06/05/23 15:03:39 por lo que la determinación que resolvió su situación jurídica y el desarrollo de la audiencia inicial y su continuación, en todo caso, debían quedar intactos por cuanto a aquéllos; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. De igual forma, se señaló que la protección constitucional concedida a la quejosa, no tenía el alcance de dejarla en libertad, sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que el juez de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirla en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. Finalmente, se dijo que el referido juez de control responsable debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, David Rodríguez González, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, en audiencia oral de nueve de noviembre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 399/2021/TEHUACÁN, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa Osiris García Martínez en audiencia inicial celebrada el veintiséis de julio de dos mil 06/05/23 15:03:39 veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338, fracción VIII, y 338 bis, en relación con los diversos 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Miriam Yanet Pérez Reyes. 2. Repuso el procedimiento de la audiencia inicial justo al momento en que declaró cerrado el debate relativo a la vinculación a proceso (esto es, hasta el instante previo al dictado de esa determinación), luego, a fin de no comprometer los principios de igualdad procesal, continuidad y concentración de actos procesales, reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes desde el inicio de la audiencia hasta el momento en que dictó su resolución de vinculación a proceso, que incluyó la formulación de la imputación, la contestación al cargo por parte de los imputados, la exposición de los datos de prueba de la fiscalía y de la asesora jurídica victimal, los debates generados en el inter y después de esa exposición y las aclaraciones efectuadas; lo anterior, en los términos de la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós. 3. Enseguida, cuestionó a la aquí quejosa sobre el momento en que deseaba que se resolviera su situación jurídica, que podría ser en ese momento, dentro del plazo de setenta y dos horas, o bien, en su ampliación de ciento cuarenta y cuatro horas, conforme al artículo 19 Constitucional; a lo que manifestó que su deseo era que se resolviera dentro del indicado plazo constitucional ampliado, por lo que el juez de control señaló las diez horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia inicial. 4. Luego, previa solicitud de la fiscalía, impuso a la referida quejosa la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Luego, en audiencia oral de quince de noviembre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal de origen, el juez de control realizó lo siguiente: 1. Con base en lo debatido y al material probatorio incorporado por la defensa, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de la quejosa Osiris García Martínez, respecto de la imputación que se realizó como probable responsable en la comisión de los hechos con apariencia de delito de feminicidio, previsto y sancionado en los artículos 338, fracción VIII, y 338 bis, del Código Penal del Estado de Puebla, haciendo la precisión de que dicho auto término constitucional carecía de efectos de sobreseimiento; y, 2. Dejó sin efectos la prisión preventiva oficiosa que se impuso a la referida quejosa y ordenó su inmediata libertad únicamente por cuanto a la citada causa penal. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. 06/05/23 15:03:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.b3 Víctor Hugo Jiménez Loranca 14 Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos únicamente el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) repuso el procedimiento de la audiencia inicial en los términos indicados en la sentencia y reiteró y dejó intocado las actuaciones que le fueron indicadas; iii) cuestionó a la aquí quejosa sobre el momento en que deseaba que se resolviera su situación jurídica, que podría ser en ese momento, dentro del plazo de setenta y dos horas, o bien, en su ampliación de ciento cuarenta y cuatro horas, conforme al artículo 19 Constitucional; y, iv) luego, en el momento procesal oportuno, con libertad de jurisdicción, con base en lo aportado en audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós y con la nueva información derivada de los elementos probatorios que aportó la defensa y del debate sostenido entre las partes en audiencia de quince de noviembre del actual, resolvió la situación jurídica de la quejosa. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente a la quejosa Osiris García Martínez, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista a la tercera interesada Miriam Yanet Pérez Reyes -occisa víctima del delito-, por conducto de su hermano César Pérez Reyes, en cumplimiento al auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós; por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a la autoridad o autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio JOPTEH/7451/2022 remitido por la autoridad responsable ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán, mediante el cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remite un disco versátil digital en el que obra la audiencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, llevada a cabo dentro de la causa penal ********************. En consecuencia, con el contenido del oficio JOPTEH/7451/2022 y anexo -disco versátil digital-, así como con el diverso JOPTEH/7312/2022 -registro 19305 de 2022- y su anexo -disco versátil digital-, acordado por auto de once de noviembre del actual; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese electrónicamente a la quejosa ********************, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista a la tercera interesada ********************-occisa víctima del delito-, por conducto de su hermano ********************, en cumplimiento al auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós; y, por oficio a los fiscales terceros interesados.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio JOPTEH/7451/2022 remitido -vía correo electrónico institucional- por ********************, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente del Estado de Puebla, con sede en Tehuacán; y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues -esencialmente- comunica que en audiencia oral de quince de noviembre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal ********************, realizó lo siguiente: 1. Dictó auto de no vinculación a proceso en favor de la quejosa ********************, respecto de la imputación que se realizó como probable responsable en la comisión de los hechos con apariencia de delito de feminicidio, previsto y sancionado en los artículos 338, fracción VIII, y 338 bis, del Código Penal del Estado de Puebla; y, 2. Dejó sin efectos la prisión preventiva oficiosa que se impuso a la referida quejosa en audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós y ordenó su inmediata libertad únicamente por cuanto a la citada causa penal. De igual forma, el juez de control responsable, en su oficio de mérito, refiere que remitió el registro audio-visual de la indicada audiencia. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra a la espera de la remisión por la vía ordinaria de la aludida misiva y de su anexo. Notifíquese por lista a las partes.

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