Osvaldo Zafra Flores

Expediente 822/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
822/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Osvaldo Zafra Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de queja 101/2020, del índice de dicho órgano, interpuesto por la parte quejosa, a través de su autorizado, en contra del auto dictado el ocho de septiembre de dos mil veinte; misma que en su único punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se decretó la suspensión del procedimiento en el presente juicio de garantías, hasta en tanto el órgano jurisdiccional de alzada resolviera respecto del referido medio de impugnación; acontecido esto, se ordena levantar la suspensión del procedimiento en el presente juicio y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, en atención a la ejecutoria de mérito se provee: Visto el escrito signado por José Eduardo Herrera Galeazzi, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el cual obra agregado en autos, con registro 9730; con fundamento en los artículos 1, fracción I, 37, 107, 111, fracción I, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda planteada, respecto a los conceptos de violación que se hacen valer. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto, enseguida se detallan: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." De igual manera, resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." Lo anterior, hágase del conocimiento de las demás partes con copia autorizada del escrito de ampliación, para los efectos legales a que haya lugar. Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le corresponde. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada III.2o.P. 2 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyos rubro, texto y datos de localización son: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE REALIZA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADOS, EL JUEZ QUE LA ADMITA DEBE EMPLAZAR A LAS PARTES CON EL ESCRITO RELATIVO, PUES DE NO SER ASÍ SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. En relación con la figura de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversas jurisprudencias, que procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, siempre y cuando se realice dentro del término del que dispone para promover el juicio de garantías, conforme a los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo y se haga valer antes de que se celebre la audiencia constitucional; por tanto, cuando se realiza respecto de los conceptos de violación originalmente planteados, esto implica la ampliación formal y material de la demanda, porque aquéllos son parte integrante de ésta; de ahí que el Juez de Distrito que la admita debe emplazar a las partes con el escrito en el que se contienen esos novedosos motivos de inconformidad contra el acto reclamado, pues si no lo lleva a cabo, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento, que da lugar a que la autoridad revisora ordene su reposición". Ahora bien, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, derivado de la ampliación admitida en el presente acuerdo, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; para tal efecto se les remite copia del escrito de ampliación. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirán, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Tiene aplicación a lo anterior, la contradicción de tesis número 425/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (pendiente de publicar), cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICTAR CUANDO LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Se apercibe a las referidas autoridades responsables que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables, que en el caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá, de forma separada, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la moral tercera interesada "Productos Viales", S.A. de C.V., a través de su apoderado legal; así como por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, al agente del Ministerio Público Federal adscrito y a la superioridad.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veinte. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid-19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período; Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintisiete de octubre dos mil veinte, mediante buzón judicial, y remitida en la misma data, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de Partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; pero sin que a la fecha se haya remitido el documento físico de la demanda a este juzgado; No obstante lo anterior, de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el servidor público responsable de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, asentó que la demanda -con la que se dará cuenta-, fue presentada sin anexos y contiene "firma no autógrafa". Atento a lo anterior, si bien este órgano jurisdiccional, a la presente fecha, no ha recibido el documento físico de la demanda de amparo, lo cierto es que se tiene certeza sobre su contenido y que la misma no cuenta con firma autógrafa (en atención a lo asentado por el servidor público de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal), por lo que, a efecto de no irrogar perjuicio al peticionario de amparo y evitar dilaciones procesales, en observancia a la garantía de pronta y expedita administración de justicia, consagrada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la impresión del archivo digital remitido por la Oficina de Correspondencia Común, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 822/2020, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado; y, en su oportunidad, una vez que sea remitido a este órgano de control constitucional el documento físico de la demanda, intégrese al expediente para que surta los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. Del análisis realizado al escrito de demanda se advierte que el mismo carece de firma autógrafa del promovente Osvaldo Zafra Flores, por lo que resulta inconcuso que dicha persona no expresó su voluntad para ejercitar la acción constitucional y por ello no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo de conformidad con el 107, fracción I, de la Constitución Federal. Razón por la cual, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio, pues como ya se dijo, carece de firma autógrafa, y se está ante una causa de improcedencia por falta de la manifestación de la voluntad de la parte que se ostenta como quejosa, lo cual tiene como consecuencia, conforme a los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que no adquiera el carácter de quejoso en el juicio, toda vez que éste es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en los términos señalados, ya sea por propio derecho, por su representante o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en la ley. Por lo anterior, al no encontrarse plasmada firma alguna en original en la demanda, es evidente que ninguna de las personas a quienes la ley autoriza para ese efecto, ha manifestado su voluntad, por lo que no puede considerársele parte material en el juicio. Sirve de apoyo la Tesis Asilada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Sin que proceda aplicar la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." En el sentido de presumir que el escrito de demanda se exhibió con la signatura referida o con la firma relativa, ya que dicho supuesto no se actualiza en el caso estudio, porque en la boleta de turno respectiva el Oficial de Partes de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asentó lo siguiente: "Observaciones: BUZÓN JUDICIAL FOLIO 1520401 SIN FIRMA AUTÓGRAFA SOLO FIRMA IMPRESA"; de ahí que, dicha presunción no aplica en el presente asunto. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que refiere en su escrito de demanda para efecto de recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo de Jesús e Isaías Torres Ávalos, por así haberlo solicitado de manera expresa el promovente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 57 y 228 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente al promovente...

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE 21 DE OCTUBRE DE 2020, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación que antecede se aprecia que la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Garrido Lozada, no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: ".Octavo. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede a Miguel Ángel Garrido Lozada, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, en el proceso penal 124/1992, de su índice, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, en la que reitere las consideraciones relativas al acreditamiento del cuerpo del delito de homicidio calificado, y purgue los vicios formales que la afectaban y que han quedado precisados en esta sentencia, o en sentido contrario, esto es: 2.1. Deberá fundar y motivar la competencia; eso es, expondrá los preceptos legales que sustenten su competencia y las razones que la actualizan. 2.2. En el apartado relativo a las agravantes, deberá exponer claramente cual o cuales calificativas se actualizan en el ilícito en estudio. 2.3. Precise cuáles fueron las declaraciones de los testigos de cargo que le permitieron arribar a esa conclusión de que se actualiza la agravante o agravantes, así como el valor probatorio y motivar el porqué de esa valoración 2.4. Indique los medios de convicción que estime pertinentes a fin de acreditar dicho extremo, así como la valoración las pruebas que lo conduzcan a formar su decisión. 3. En el apartado de la probable responsabilidad, deberá precisar cuáles son las pruebas en específico con las cuales se acredita la probable participación del aquí quejoso, qué valor le merecieron esos medios convictivos, ya sea pleno o indiciario, así como por qué ese valor; e indicar, en su caso, qué indicios particulares le otorgan esas pruebas, asimismo, de su adminiculación lo lleve a concluir la probable responsabilidad. 3.1. Precise mayores datos de identificación respecto del "dictamen pericial de levantamiento" a que hace mención en este apartado. No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La concesión del amparo no implica dejar en libertad al probable responsable ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado; por consiguiente, al no estar afectado el fondo del acto reclamado, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se indica: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas."2 Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución reclamado al 2. Director del Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia VI.2o. J/338, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.3" Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de nocumplir dentro del término que se señala, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento, que en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.5NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al autorizado de la parte promovente el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III6, y 237 del citado Acuerdo General. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro de Reinserción Social de la ciudad de Zacapoaxtla,Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones personales se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso."8 Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO ENESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso."9 Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló en el proemio de la demanda por conducto de su autorizado; y por lista al tercero interesado (en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de febrero de dos mil veinte); por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable -tercero interesado-, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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