Osvaldo Sanchez Jurado
Expediente 1011/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Osvaldo Sanchez Jurado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa OSVALDO SÁNCHEZ JURADO, visto su contenido, se provee: Como se solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que indica, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 46 a 58), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Osvaldo Sánchez Jurado para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo pronunciado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 355/2014 de su índice únicamente en la parte en la que se fijaron los montos para que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución. 2. Con plenitud de jurisdicción emita un nuevo proveído, en el que subsane la irregularidad cometida por cuanto hace a la indebida fundamentación y motivación, esto es: Establezca el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para el Estado de Puebla, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto; Fije el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para el Estado de Puebla, el cual deberá ser asequible; Determine el monto por concepto de reparación del daño atendiendo al delito de que se trata, debiendo señalar los elementos que consideró para concluir que esa cantidad es la idónea para tal efecto; y, Notifique ese nuevo acuerdo de manera personal al quejoso." (foja 58). Por auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 75 a 78). Mediante oficio 8170, el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió copia certificada de la resolución de siete de octubre de dos mil dieciséis en la que realizó lo siguiente: Dejó sin efecto el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis dictado dentro de la causa penal 355/2014 (acto reclamado), en el que fijó el monto de las garantías para que el quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución; Pronunció un nuevo proveído en el que siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora estableció el monto de las obligaciones procesales a cargo del aquí quejoso, a partir del análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, estableció por qué consideró asequible la cantidad establecida por este concepto; y, Determinó el monto por concepto de reparación del daño atendiendo al delito de que se trata. (fojas 92 a 97). Sin embargo, como el referido juzgador para garantizar dicha reparación del daño, estableció la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos cero centavos M.N.) sin precisar los elementos que tomó en consideración para arribar a la conclusión de que tal cantidad era la idónea para garantizar, en su caso, el resarcimiento de los daños causados, mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciséis se le requirió nuevamente para que diera pleno cumplimiento a la sentencia amparadora. Atento a lo anterior, la autoridad responsable mediante oficio 83941 de trece de octubre de dos mil dieciséis, remitió la resolución de siete del mismo mes y año (fojas 103 y 111 a 113), la cual mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, esta autoridad federal, consideró que la responsable fue omisa en dejar insubsistentes las resoluciones de veinticuatro de mayo y siete de octubre de dos mil dieciséis y se le requirió una vez más su cumplimiento (fojas 119 y 120). Posteriormente, dicho juzgador exhibió el oficio 8574 de veinte de octubre de dos mil dieciséis pronunciado en la causa penal 355/2014, al que anexó la resolución emitida en esa misma fecha (fojas 124 a 128), y mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis esta autoridad tuvo por no cumplida la sentencia de mérito por las razones que se desprenden del mismo -fojas 140 a 143.- por lo que se le requirió una vez más su cumplimiento Finalmente, mediante oficio 9102 de once de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de lo Penal responsable, informó haber dejado sin efectos el auto de veinte de octubre (acto reclamado), el de veinticuatro de mayo y el diverso de siete de octubre, todos de dos mil dieciséis, y remitió la resolución que pronunciara el once de noviembre de dos mil dieciséis, en la que fijó el monto de las garantías para que el quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución, llevando a cabo los efectos siguientes: Estableció la cantidad de 10,000.00 (diez mil pesos cero centavos) para garantizar las obligaciones procesales a cargo del aquí quejoso, a partir del análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, precisó por qué consideró asequible la cantidad establecida por este concepto; Determinó el monto por concepto de reparación del daño material en la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos) y para garantizar el daño moral fijó la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos cero centavos); y, Precisó que el delito imputado no contempla multa alguna como garantía respecto de las sanciones pecuniarias. Ahora, por lo que hace a las garantías para establecer la reparación del daño dicho juzgador como fundamento citó los artículos: 20, apartado B, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1958, 1987, 1988, 1991, 1992, todos del Código Civil para el Estado de Puebla; y 51, fracción II, 51 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y motivó lo resuelto, precisando lo siguiente: "(.) La cantidad de $50, 000.00 CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL COMO POSIBLE REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL que es el equivalente a 784 setecientos ochenta y cuatro días de salario mínimo vigente en la época del delito, esto es para el dos mil catorce el salario mínimo estaba el $63.77 (sic) sesenta y tres pesos setenta y siete centavos moneda nacional, esto en razón que la víctima a razón de la conducta desplazada por el activo sufrió la alteración en su organismo consistente en 1. Escoriación en forma irregular de 2 centímetros en mejilla derecha; 2. Herida por objeto punzocortante no suturada de 0.5 centímetros de diámetro en forma irregular, en hopocondrio, flanco izquierdo; 3. Escoriación de forma oblicua de 3 centímetros en cara posterior del tórax del lado derecho, tercio medio Escoriación de 0.5 centímetros en cara posterior del brazo derecho tercio proximal; 5. Escoriación de forma oblicua de 4 centímetros, e cara anterior del tórax lado izquierdo, tercio medio; 6. Equimosis violácea de 5 por 4 centímetros en hombro derecho; 7. Escoriación de forma irregular de tres centímetros de diámetro, en cara lateral interna de antebrazo derecho, tercio distal [.] y que el médico legista en su dictamen 764 de fecha veintiséis de abril de dos mil catorce las clasificara como aquellas que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días provisional; Esto es, que por las lesiones que sufrió debe erogar diversos gastos para sus curaciones, que a la fecha no se cuenta con un monto específico, pero sí con el tipo de lesiones que sufrió lo que equivale a erogar dinero para sus curaciones, lo que en su momento deberá acreditar el agraviado; sin embargo a efecto de no dejar en estado de indefensión al ofendido, así como tampoco afectar mucho la economía del inculpado, se procede a fijar un monto por arriba del término medio, en atención que las lesiones que sufrió el agraviado es de aquellas que ponen en peligro la vida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1988, fracción I del Código Civil del Estado que indica que el monto será hasta mil doscientos días de salario. ASIMSIMO SE FIJA LA CANTIDAD DE $20,000.00 VEINTE MIL PESOS por concepto DE REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL, cantidad que equivale a 314 días de salario mínimo vigente en la época del delito, que para el año 2014 dos mil catorce equivale estaba en $63.77 (sic) sesenta y tres pesos setenta y siete centavos moneda nacional, en razón que el ofendido con motivo de las lesiones sufridas sufrió una alteración en su organismo y que el médico legista en su dictamen 764 de fecha veintiséis de abril de dos mil catorce las clasificara como aquellas que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días y que si bien el artículo 1958 del Código Civil del Estado, en atención a que este concepto daño moral resulta de la violación de los derechos de la personalidad, y el ofendido como se ha indicado en líneas anteriores se ha sufrió (sic) una afectación en su integridad física, existiendo un menoscabo ilegítimamente a la integridad física de las personas." (foja 155). Dichas constancias son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 46 a 58), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Osvaldo Sánchez Jurado para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo pronunciado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la causa penal 355/2014 de su índice únicamente en la parte en la que se fijaron los montos para que pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución. 2. Con plenitud de jurisdicción emita un nuevo proveído, en el que subsane la irregularidad cometida por cuanto hace a la indebida fundamentación y motivación, esto es: Establezca el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para el Estado de Puebla, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto; Fije el monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para el Estado de Puebla, el cual deberá ser asequible; Determine el monto por concepto de reparación del daño atendiendo al delito de que se trata, debiendo señalar los elementos que consideró para concluir que esa cantidad es la idónea para tal efecto; y, Notifique ese nuevo acuerdo de manera personal al quejoso." (foja 58). Por auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 75 a 78). Mediante oficio 8170 el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria remitió copia certificada de la resolución de siete de octubre de dos mil dieciséis en la que realizó lo siguiente: Dejó sin efecto el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis dictado dentro de la causa penal 355/2014 (acto reclamado), en el que fijó el monto de las garantías para que el quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución; Pronunció un nuevo proveído en el que siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora estableció el monto de las obligaciones procesales a cargo del aquí quejoso, a partir del análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, estableció por qué consideró asequible la cantidad establecida por este concepto; y, Determinó el monto por concepto de reparación del daño atendiendo al delito de que se trata. Sin embargo, como el referido juzgador para garantizar dicha reparación del daño, estableció la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos cero centavos M.N.) siendo omiso en señalar qué elementos tomó en consideración para llegar a la conclusión de que tal cantidad era la idónea para garantizar en su caso, el resarcimiento de los daños causados, mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciséis se le requirió nuevamente para que diera pleno cumplimiento a la sentencia amparadora, debiendo también dejar sin efecto la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis y, la diversa de siete de octubre del año en curso, con la que pretendió cumplir. Atento a lo anterior, mediante oficio 8574 de veinte de octubre de dos mil dieciséis, el juez penal responsable remitió a esta autoridad el proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, emitido dentro de la causa penal 355/2014, en el que se advierte que llevó a cabo loa efectos siguientes: Dejó sin efectos el proveído de veinticuatro de mayo (acto reclamado) y el diverso de siete de octubre, ambos de dos mil dieciséis (con la que pretendió dar cumplimiento en primer lugar); Pronunció un nuevo proveído en el que siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora, a partir del análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, estableció el monto de las obligaciones procesales a cargo del aquí quejoso [$10,000.00 (diez mil pesos cero centavos M.N.)] y, precisó la razón por la que consideró asequible la cantidad establecida por este concepto. Sin embargo, por lo que hace a establecer la cantidad que deberá exhibir el ahora quejoso para garantizar la reparación del daño, el juez responsable nuevamente incurre en la misma falta, pues dicho juzgador si bien en esta ocasión establece que por concepto de reparación del daño material el quejoso deberá exhibir la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos cero centavos M.N) y $20,000.00 (veinte mil pesos cero centavos M.N.) por concepto de reparación de daño moral, no precisa los elementos que tomó en consideración para llegar a tal conclusión. En efecto, el juez responsable refiere fijar los montos precisados por concepto de reparación del daño material y moral con fundamento en los artículos 51 y 51 Ter del Código de Defensa Social del Estado de Puebla y, 1958, 1987, 1988, 1991 y 1992 del Código Civil del Estado, y como motivación únicamente hace alusión a que las lesiones ocasionadas a la parte agraviada son aquellas que en su momento el médico legista en su dictamen clasificara como de las que ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, siendo omiso en señalar los aspectos legales que tomó en consideración para llegar a la conclusión de que tales cantidades son idóneas para garantizar en su caso, el resarcimiento de los daños causados (materiales y morales), no obstante que conforme a la sentencia de amparo está obligado a señalar los elementos que tomó en consideración para llegar a la conclusión de que tal cantidad o cantidades son las idóneas para garantizar, en su caso, el resarcimiento de los daños a que se refiere. Atento a lo anterior, resulta evidente que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé pleno cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la diversa de siete de octubre del año en curso y veinte de octubre de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento. Así mismo deberá remitir la constancia de notificación al quejoso de la nueva resolución que emita en acatamiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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