Osiel Luna Fierro
Expediente 186/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Osiel Luna Fierro
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de once de abril del año en curso, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, agréguese el original del incidente de suspensión y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como que las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Por otra parte, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no serán objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de marzo de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los informes justificados y respecto a la suspensión de plano rinden las autoridades oficiantes, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social y Director General de Ejecución de Sentencias; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa; asimismo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, en términos de los artículos 15, 117 y 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el Secretario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, remite la demanda de amparo promovida por ******************** debido a que, mediante auto dictado en esta fecha, determinó que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón territorial, por lo que, al compartirse los argumentos esgrimidos por la autoridad declinante y se ordena registrar bajo el número de juicio de amparo indirecto ********************, y realizar las anotaciones y registros electrónicos correspondientes. El valor probatorio pleno con que cuentan las constancias de referencia, encuentra apoyo en lo dispuesto por la Tesis 1ª. XXXII/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicado de forma análoga, consultable en la página 277, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo del 2001, cuyo rubro es el siguiente: CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Por ende, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se admite la competencia planteada, debiendo notificársele tal determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, así como acusarle recibo de su oficio y anexo. Así pues, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** y con fundamento en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, con relación a la orden de traslado reclamada, para que el quejoso no sea trasladado a un Centro Penitenciario diverso de aquel en que actualmente se encuentra recluido, toda vez que se trata de un acto que afecta de forma indirecta su libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues tiende a modificar las condiciones en que debe llevarse a cabo o ejecutarse la privación de la libertad en que esté el justiciable, máxime cuando se encuentra imposibilitado para promoverla, con motivo de su condición de recluso en un centro penitenciario; de ahí que se ubique dentro de uno de los actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano referida, debiendo agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis 1ª./.J. 17/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 800, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo. Luego, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del once de abril de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo y con copia de la demanda, pídase a las autoridades responsables informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al que reciba el oficio de notificación relativo; luego, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado; además si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo 251, de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso, de conformidad con el dispositivo 26, fracción primera, del ordenamiento invocado. De conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada en amplios términos, a la persona propuesta. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; por lo que, se autoriza la expedición de las copias solicitadas por el quejoso. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del Juzgado, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente, con excepción de las detalladas supra líneas, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las jurisdicciones y determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De igual manera, con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Óscar Toscano Carrillo456/2022
- Oscar Vladimir Estrada Bustillos602/2019
- Oscar Wilman Orellana y Otros.71/2022
- Óscas Andrade Ibarra180/2022
- Osiel Luna Fierro726/2018
- Osiel Luna Fierro479/2018
- Osiel Ramón Gaytán Díaz149/2016
- Osiel Ramón Gaytán Díaz150/2016
- OSIEL YEVERINO RUBIO y Otros.278/2015
- Osiel Yeverino Rubio y Otros.305/2017
- Osmar Ramírez Fabre y Otros.324/2022
- Osvaldo Alonso Morales Herrera y Otros.550/2021