Osmar Ramírez Fabre y Otros.
Expediente 324/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Osmar Ramírez Fabre y Otros.
- Osmar Ramírez Fabre
- Titular de la Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diez de agosto de dos mil veintidós, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como simple antecedente el informe justificado que remite el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad; en virtud de que mediante auto de diez de agosto del presente año, se emitió sentencia en el presente asunto, en la cual, se sobreseyó. Asimismo, respecto a las diversas manifestaciones que realiza, con fundamento en los artículos 28 de la Ley de Amparo, téngasele proporcionando la dirección de correo electrónico institucional ***@inami.gob.mx, para oír y recibir notificaciones no procesales, lo cual, también encuentra sustento en lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de agosto de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 324/2022-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, se recibió la demanda promovida por ***, a favor de ***, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: *** La ilegal e inconstitucional condición en que tienen a los quejosos en calidad de alojados, reteniéndolos privados efe su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. La violación a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle a las quejosas su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, pero las responsables le impiden iniciar el trámite a fin de ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, en razón de que huyó de .su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El impedir a los quejosos tener acceso, a través de cualquier medio de comunicación, con un representante legal y la negativa a reconocer al suscrito como representante legal de los quejosos, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que las quejosas desconocen la situación legal en que se encuentran en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido del artículo 102 de la Ley de Migración, pues se le impide recobrar su libertad colmando las condiciones que establece dicho precepto. El estado de hacinamiento en que tienen a los quejosos, dado que las estaciones migratorias en que son ilegalmente detenidos y alojados no tienen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales encaminadas a fomentar el distanciamiento social con el propósito de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentra recluido el quejoso y otros migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se le suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. *** es inminente su deportación, pues de otra manera no se explica que se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y se le niegue ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno. *** SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El cinco de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, radicó la demanda con el consecutivo 839/2022, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación de los quejosos a su país de origen o diversa estación migratoria dentro o fuera del Estado de Chihuahua, y cesara la incomunicación, la tortura y el estado de hacinamiento; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por aquel órgano jurisdiccional. Luego, el siete de abril del año que transcurre, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, se declaró incompetente para conocer del citado asunto y remitió los autos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad y, por razón de turno, correspondió conoce a este Tribunal, radicando el expediente bajo el número 324/2022-V; así. el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda ***, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del *** Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, *** Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, *** Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y ** Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todos residentes en esta ciudad; así como del *** Representante Local y ** Encargado de la Estancia Provisional, ambos del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua, residentes en Chihuahua. La privación de la libertad en calidad de alojados y retenidos, deportación a su país de origen en Cuba; el estado de hacinamiento; la incomunicación; el impedirles realizar su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados a efecto de ser considerados como refugiados. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Por su parte, el Representante Local y el Encargado de la Estancia Provisional, ambos del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua residentes en esa ciudad; así como el Representante Local y el Subrepresentante Local Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración adscritos a la Oficina de Representación en Chihuahua, en esta ciudad, fueron omisos en rendir sus informes justificados; sin embargo, no ha lugar a tener por ciertos los actos que se les endilgan. Lo anterior es así, pues de las constancias que conforman el sumario, se advierte que los justiciables se encontraban a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad; lo que de suyo lleva a concluir la inexistencia de los actos que se les reclaman. II. Por lo que hace deportación a su país de origen en Cuba; al estado de hacinamiento; la incomunicación y el impedirles realizar su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados a efecto de ser considerados como refugiados, de los informes sobre la suspensión de plano y justificados, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el registro de llamadas telefónicas realizadas el cuatro y seis de abril de dos mil veintidós por ***; la autorización de notificación consular y los oficios librados el cuatro de abril de dos mil veintidós al Consulado General de Cuba, a efecto de hacer de su conocimiento que los justiciables se encontraban en calidad de presentados en esas oficinas y las cartas de derechos de los alojados en las estancias provisionales, en las que obran las firmas de los quejosos. Además, se toma en consideración que el siete de abril de dos mil veintidós, el Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, dictó un acuerdo de salida con fines de regularización a favor de los justiciables, salvaguardado su derecho de libre tránsito, a efecto de que acudieran a las oficinas de Regulación Migratoria de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, y regularizaran su situación migratoria, en términos del numeral 52, fracción V, último párrafo de la Ley de Migración, a saber por razones humanitarias. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado; por lo que acorde a lo establecido en los ordinales 115 en relación con el 117, de la Ley de la Materia, se presume su existencia, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojados y retenidos de los quejosos. Lo anterior es así, pues de su informe sobre la suspensión de plano e informe recibido el veintiséis de abril del año que transcurre, se desprende que el cuatro de abril de dos mil veintidós, los quejosos fueron detectados en el punto de revisión carretero denominado Precos, situado en el kilómetro 311+341 de la carretera Chihuahua-Juárez, en esta ciudad, y en la misma data fue puesto a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, quien dictó el acuerdo de presentación y ordenó alojar de manera temporal a los justiciables en esa estación migratoria. Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El cinco de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por ***, a favor de ***, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar. 2. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Representante Local adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo copia de los proveídos dictados el siete del citado mes y año, que contiene el acuerdo de salida con fines de regularización a favor de ***,, salvaguardado su derecho de libre tránsito, a efecto de que acudieran a las oficinas de Regulación Migratoria de Representación en Chihuahua, y regularizaran su situación migratoria, en términos del numeral 52, fracción V, último párrafo de la Ley de Migración, a saber por razones humanitarias. 3. Del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, quedó debidamente notificado el veintiocho siguiente el licenciado Jorge Vázquez Campbell, sin que hubiere hecho manifestación alguna. De lo que se tiene, que los justiciables se encuentran gozando de su libertad a efecto de que regularicen su situación migratoria, de ahí que cesó la privación de la libertad con motivo de haber sido puestos a disposición de la autoridad migratoria. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 324/2022-V, promovido por ***. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la que suscribe, Secretaria Encargada del Despacho, no está facultada para fallar en definitiva, de conformidad con el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil veintidós. En tal sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS
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