Oscar Wilman Orellana y Otros.
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Oscar Wilman Orellana y Otros.
- Rosa Esmirna López Godoy y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se tiene que este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto, aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil veintidós.Visto para resolver el juicio de amparo 71/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda; declaración de incompetencia de diverso órgano; y admisión en este juzgado. Mediante escrito presentado en ante el órgano jurisdiccional de turno, de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua capital, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, *******, presentó demanda de amparo en favor de *******, *******, *******, ******* y *******. De tal asunto, correspondió conocer al juzgado que en ese momento que se encontraba de guardia, que resultó ser el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua; órgano que, en proveído de esa misma fecha (veintiséis de enero de dos mil veintidós), concedió en favor de los directamente agraviados la suspensión de plano y ordenó que se girara exhorto a efecto de buscar en las estaciones migratorias en esta ciudad, a los referidos agraviados. Enseguida, al recibir el citado exhorto, debidamente diligenciado, en el que los directamente agraviados externaron su deseo de ratificar la demanda de amparo entablada en su favor, dicho juzgado se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para seguir conociendo de dicho asunto; por lo que, ordenó su remisión al juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, para su conocimiento, que resultó ser este órgano jurisdiccional. De modo que, en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, al tenerse lo previo por recibido, se aceptó la competencia legal planteada y se registró como el juicio de amparo indirecto 71/2022-II, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Cuatro quejosos se desisten de la demanda de amparo; se sobresee respecto a ellos; y auto mediante el cual queda firme tal determinación. A través de las constancias de fecha once de febrero de dos mil veintidós, en que la actuaria de la adscripción hizo del conocimiento de los aquí quejosos el auto de admisión a trámite dictado en este asunto, de nueve de febrero de dos mil veintidós, los peticionarios del amparo de nombres *******, *******, ******* y *******, manifestaron ante la actuaria de la adscripción su deseo de desistirse de la presente demanda de amparo. De modo que, en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, al acordarse tales constancias actuariales, se sobreseyó este asunto respecto de los quejosos en cuestión, al haber externado su deseo de desistirse del presente asunto, en la presencia de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, servidora dotada de fe pública. Posteriormente, en auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, entre otras cosas, se dejó firme dicho sobreseimiento, al no haber sido recurrido por los quejosos, ni por sus autorizados en amplios términos. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades señaladas como responsables: - La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. - La negativa a otorgarle visa por razones humanitarias. - La orden de deportación emitida en su contra. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables fueron omisas en rendir sus informes justificados; por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, deberían presumirse todos los actos que les fueron endilgados. El citado numeral, es del siguiente contenido: Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. (.) Empero, como se colige del propio contenido del numeral en comento, para presumirse ciertos los actos reclamados, es preciso que no obre en autos, prueba en contrario. Ahora bien, (1) se desprende que los directamente agraviados fueron localizados en las instalaciones de la estación Migratoria en esta ciudad, no en Chihuahua, capital. De modo que, el acto reclamado a las autoridades responsables foráneas, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y el Encargado de la Estancia Provisional Chihuahua, ambos con sede en Chihuahua, capital, consistente en la privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, no puede presumirse cierto, pues tales personas no se encontraban en la ciudad de Chihuahua, sino en esta localidad. Luego, (2) una vez admitida la demanda de amparo (en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós), se comisionó a la actuaria responsable a que lo hiciera del conocimiento de los aquí quejosos (cuatro de los cuales, se desistieron en su presencia al momento de la notificación de tal proveído) sin que pudiera localizar a *******, pues fue informada de que ésta ya no se encontraba en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, debido a que se había acogido al beneficio de retorno asistido; sin que le hubiere sido expuesto mayor detalle al respecto. Por ello, en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se instó al Sub representante del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, para que informara el trámite en que se encontraba el aparente retorno asistido a que se acogió dicha persona, así como su paradero. Luego de diversos requerimientos adicionales ante su omisión de remitir la información solicitada, a través de oficio recibido en este juzgado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, acordado en esa misma fecha, el Sub representante del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, remitió copia certificada del procedimiento administrativo migratorio ******* instaurado a la aquí quejosa; e informó que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ésta fue trasladada a la estación migratoria en San Luis Potosí, para la conclusión del trámite correspondiente al retorno asistido que instó. De dichas constancias se desprende que desde el veintiséis de enero de dos mil veintidós, esto es, el propio día de la presentación de la demanda de amparo que originó este asunto, la aquí quejosa solicitó el beneficio de retorno asistido a Guatemala, su país natal. Al respecto, de las constancias que componen dicho procedimiento administrativo no se desprende que en momento alguno, las autoridades señaladas como responsables, hayan emitido orden de deportación en contra de la aquí quejosa, *******, sino que, fue ella quien solicitó el retorno asistido a su nación natal. De modo que, no se presume cierta la orden de deportación, y se tiene por inexistente, pues quedó evidenciado que fue la aquí quejosa quien, de manera voluntaria, solicitó el retorno asistido a su país de origen. Ante las anteriores razones, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades arriba apuntados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los restantes actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos del ya invocado artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al haber sido omisas en rendir sus informes con justificación y no obrar en autos prueba en contrario en torno a la existencia de los mismos. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo2 . En el caso, se estima la actualización de una hipótesis de improcedencia; como se demostrará a continuación. Previo a demostrarlo, conviene recordar que en este juicio de amparo, la quejosa se dolió, de las autoridades responsables, de la privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, así como de la negativa a otorgarle visa por razones humanitarias; actos que se presumieron ciertos, de las autoridades respectivas. Ahora bien, se estima pertinente efectuar el siguiente relato de antecedentes del presente caso: 1. Una vez admitida la demanda de amparo (en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós), se comisionó a la actuaria responsable a que lo hiciera del conocimiento de los aquí quejosos (cuatro de los cuales, se desistieron en su presencia al momento de la notificación de tal proveído) sin que pudiera localizar a *******, pues fue informada tal fedataria de que ésta ya no se encontraba en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, debido a que se había acogido al beneficio de retorno asistido; sin que le hubiere sido expuesto mayor detalle al respecto. 2. Por ello, en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se instó al Sub representante del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, para que informara el trámite en que se encontraba el aparente retorno asistido a que se acogió dicha persona, así como su paradero. 3. Ante la omisión de acatar dicho requerimiento dentro del término de tres días que le fue dado, se instó nuevamente a la autoridad en cita en los mismos términos, en diverso auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós; lo cual, ocurrió nuevamente, como se hizo constar en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, donde, ante tal omisión, se le hizo efectiva la multa con que fue apercibido. 4. Luego, a través de oficio recibido en este juzgado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, acordado en esa misma fecha, el Sub representante del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, remitió copia certificada del procedimiento administrativo migratorio ******* instaurado a la aquí quejosa; e informó que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, ésta fue trasladada a la estación migratoria en San Luis Potosí, para la conclusión del trámite correspondiente al retorno asistido que instó. Cabe destacar que de dichas constancias se desprende que desde el veintiséis de enero de dos mil veintidós, esto es, el propio día de la presentación de la demanda de amparo que originó este asunto, la aquí quejosa solicitó el beneficio de retorno asistido a Guatemala, su país natal. 5. Finalmente, luego de diversos requerimientos en torno a que fuera informada la localización de la accionante del amparo, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, en oficio y anexo recibidos en este juzgado el quince de marzo de dos mil veintidós, informó y acreditó que la aquí quejosa, fue retornada a su país de origen, desde el tres de febrero de dos mil veintidós. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) Conforme al primer párrafo de dicha norma, cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como en el caso, y ocurra un cambio de situación jurídica que implique considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, por no poder afectar decidirse en aquél procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, el juicio de amparo biinstancial será improcedente. Pues bien, en el caso, la aquí quejosa solicitó su retorno asistido el veintiséis de enero de dos mil veintidós, data en la cual, fue interpuesta la demanda que originó, al aceptar a la postre la competencia legal planteada por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Chihuahua, capital; y fecha también en la cual, tal juzgado otorgó la suspensión de plano. Empero, las responsables conocieron de dicha medida suspensional, después de la solicitud de retorno asistido efectuada por la aquí quejosa; y, finalmente, fue retornada a su país de origen, desde el tres de febrero de dos mil veintidós. Las constancias de donde todo lo anterior se desprende, que cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, la situación jurídica de la quejosa, ya no se regula por los actos aquí reclamados, al haber sido emitida resolución a través de la cual se le otorgó el beneficio de retorno asistido a su país natal y al encontrarse incluso espacialmente en éste, desde el tres de febrero del año en curso. En consecuencia, al haber ocurrido el cambio de situación jurídica descrito y actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este asunto. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través de lo cual remite sin diligenciar el exhorto enviado el cuatro de marzo de dos mil veintidós. No se efectúe mayor proveído al respecto, pues en auto de dieciséis de los presentes, se tuvo al Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, informando que la quejosa, *******, fue retornada de forma asistida a su país de origen; lo que acreditó con las constancias respectivas, debidamente certificadas. Lo previo, de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, atiende el requerimiento inserto en auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, toda vez que hace del conocimiento de este juzgado que la quejosa *******, ya no se encuentra en las instalaciones de la Estación Migratoria de San Luis Potosí, pues fue retornada de forma asistida a su país de origen; lo que acredita con las constancias respectivas, debidamente certificadas. Consecuentemente, se ordena hacer relación de dichas constancias al celebrar la audiencia constitucional, determinada para el treinta de marzo de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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