Osiel Luna Fierro
Expediente 726/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Osiel Luna Fierro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral y acuerdo general antes invocados, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva solicitada. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo, transcurridos seis meses destrúyase. Doy fe. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgado califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público Federal en Función de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, mediante proveído de dieciocho de los corrientes, comunica que en relación a la tortura denunciada por el quejoso, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, se radicó el registro de atención *******, y fue turnado a la Mesa I del Área de Atención y Determinación Inmediata a cargo del Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Orientador; igualmente, informa que dicho registro se encuentra actualmente en trámite; de lo cual toma conocimiento este Juzgado. Por otra parte, vista la constancia levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, se advierte que el quejoso al momento de la notificación del proveído de veinte de los corrientes, manifestó lo siguiente: [.] No estoy de acuerdo con el informe rendido por la autoridad y para ello pide sean vistos los videos de todas las cámaras de ese Modulo 8 y también pido sean presentados los internos que estaban en esa fecha, que fue el día 12 de octubre del 2018. [.] Al respecto es oportuno precisar que el artículo 119 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. . El precepto normativo trascrito con antelación establece que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; y que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley de amparo disponga otra cosa. Asimismo, dicho numeral dispone que la documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado; que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; que este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento; que en estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. En ese tenor, es importante invocar que de la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 219/2017, se desprende que las reglas contenidas en los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Lo anterior, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer pruebas, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Corrobora lo antes expuesto por la jurisprudencia 2a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, página: 1198, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia. Del mismo, modo es necesario señalar que mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se señalaron las diez horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho para el verificativo de la audiencia constitucional relativa al presente asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desechan por extemporáneas las probanzas ofertadas por el quejoso, consistentes en los videos de todas las cámaras del módulo ocho y las testimoniales a cargo de internos del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte; toda vez que no fueron ofrecidas dentro la temporalidad establecida por el aludido numeral. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página: 53, que establece lo siguiente: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos se desprende que el informe justificado rendido por el Director de Seguridad del Centro de Readaptación Social Federal Número Nueve "Norte", residente en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Por otra parte, vista la constancia levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, realizada al momento de la notificación del proveído de seis de los corrientes, téngase al quejoso formulando alegatos, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo; lo anterior con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, en atención a la solicitud formulada por el directamente agraviado, y tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Federal Número Nueve "Norte", lo cual le imposibilita enfrentar, al menos directamente, la etapas que se susciten en el presente asunto, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en la capital de esta entidad federativa, para que designe un defensor público que asesore al agraviado, a fin de que de inmediato entre en funciones para el desempeño del cargo conferido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.*cnv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Director de Seguridad del Centro Penitenciario Federal Número Nueve "Norte", residente en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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