Oscar Hernandez Nava

Expediente 1087/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1087/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Oscar Hernandez Nava

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1087/2022-VII. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no recurrió el auto de veintiséis de octubre del año en curso, donde se sobreseyó fuera de audiencia del presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados; y, además, no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Inexistencia de incidente. En el presente juicio no existen cuadernos incidentales porque no se solicitó la suspensión del acto reclamado. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o la quejosa, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por los Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal, con sede en Ciudad Judicial, mediante el cual rinde su informe justificado que le corresponde. Asimismo, remite copia certificada del toca de apelación xxx, de su índice, como justificación de sus actos, con los cuales se ordena formar el cuaderno auxiliar respectivo. Por otra parte, se descarta dar la vista a que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de las consideraciones que se exponen a continuación: Actualización de una causa de improcedencia. Del estado procesal de este expediente se advierte que el quejoso xxx reclamó de la Tercera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, lo siguiente: la omisión de dictar resolución dentro del toca de apelación xxx, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que fue interpuesto en contra del auto de formal prisión, emitido dentro de la causa penal número xxx, tramitada ante el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Por otra parte, la autoridad responsable acompañó a su informe justificado diversas constancias deducidas del toca de apelación xxx, de su índice, de las cuales se desprende que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictó resolución dentro de dicho toca penal. En ese mismo sentido, se advierte que, a pesar de que esa resolución fue emitida antes de la presentación de la demanda de amparo -el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós-, la misma fue notificada a la parte quejosa hasta el catorce de octubre de dos mil veintidós -fecha posterior a la interposición de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente-. Ahora bien, de las constancias aludidas por la autoridad responsable obligan a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, se hace notar que la revisión integral de la demanda -frente a las actuaciones de este juicio- conduce a visualizar que durante la tramitación de este juicio, cesaron los efectos de la omisión de dictar resolución dentro del toca de apelación xxx, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Lo anterior resulta así, pues de las documentales relacionadas con antelación, a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó la resolución dentro del toca de apelación xxx, y, si bien esto se realizó antes de la interposición de la demanda de amparo (once de octubre de dos mil veintidós), en realidad, el quejoso tuvo conocimiento de esa resolución hasta su notificación, el catorce de octubre de dos mil veintidós -fecha posterior a la interposición de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente-. En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al directo quejoso xxx en el goce de sus derechos. Bajo este nuevo escenario, es posible afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo -el cual inició con la demanda presentada el once de octubre de dos mil veintidós-, pues si bien ya existía una resolución con fecha anterior a la interposición de la demanda, lo cierto es que con fecha posterior a ésta, se notificó a la parte quejosa -catorce de octubre de dos mil veintidós-. Efectivamente, porque al momento de presentar la demanda la parte quejosa se dolía de la omisión de emitir sentencia, porque desconocía de la resolución que fue emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; pero, se insiste, durante la tramitación del sumario constitucional, la autoridad responsable la notificó al ahora quejoso. Por eso, se afirma que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas y, de esa manera, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esa circunstancia se equipara a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, pues reclamó las omisiones de referencia, las cuales durante el trámite de este juicio fueron subsanadas, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La anterior circunstancia permite la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que contempla la figura jurídica de la cesación de efectos. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. En consecuencia de lo narrado en el apartado anterior, con fundamento los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de la Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, promovido por xxx. Sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia de lo decidido en el apartado precedente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas con siete minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Con independencia de que la autoridad responsable acreditó la notificación de la parte quejosa, respecto de la resolución emitida en el toca de apelación xxx, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remítase copia autorizada de la ejecutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós al quejoso -quien se encuentra interno en el centro penitenciario de la Ciudad de Puebla-, con el objeto de maximizar sus derechos de seguridad jurídica.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Designación de Defensor Público. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, y designa como defensor público del quejoso a xxx Asimismo, proporciona el correo electrónico y número telefónico del citado defensor. Requerimiento al Defensor Público. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, cítese al defensor xxx a las DIEZ HORAS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que acceda a la videoconferencia relativa a la diligencia para aceptar y protestar el cargo de defensor público de la aquí parte quejosa.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por xxxx, por derecho propio, contra actos de los Magistrados adscritos a la Tercera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión. Debido a que se cumplen los requisitos legales establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2,33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Materia del Juicio. El acto reclamado por el quejoso en términos de la demanda, comprende: ? El retardo en la administración de justicia, consistente en la omisión de dictar resolución dentro del toca de apelación xxxx, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que fue interpuesto en contra del auto de formal prisión, emitido dentro de la causa penal número xxxx, tramitada ante el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Emplazamiento a través de oficio. Por otra parte, se considera que al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, que conoció de la causa penal xxx, así como el Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que conoció del toca penal xxx, deben ser emplazados mediante oficios. Asistencia de defensor público. Del escrito de demanda se advierte que el quejoso omitió designar defensa pública o particular que lo represente en esta instancia. Por tanto, se ordena girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que en caso de que ya tenga asignado defensor público, manifieste el nombre completo, dirección y correo electrónico para establecer contacto o, en caso contrario, le designe un asesor jurídico o un defensor público que lo asista -al aquí quejoso-.

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