Oscar Hernandez Nava
Expediente 1402/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Oscar Hernandez Nava
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, uno de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Se comunica al quejoso quien es su defensor público. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que, mediante acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, se dejó establecido que, una vez que el defensor público *compareciera a aceptar el cargo se le notificaría al aquí quejoso dicha designación. Circunstancia que ya aconteció, en audiencia celebrada por videoconferencia el doce de los actuales. Por tanto, se provee: A fin de que el quejoso tenga conocimiento del defensor público que habrá de asistirlo en el trámite de este juicio de amparo, se ordena notificarle en forma personal tanto la referida audiencia como el presente acuerdo. Pero también se hace notar al quejoso, que los subsecuentes acuerdos y determinaciones de carácter personal, le serán notificados por medio de lista y por oficio a su defensor. Sobre todo porque ya tiene un defensor público y éste ha asumido las obligaciones procesales en el presente juicio de amparo, como imponerse de los acuerdos y cualquier resolución, que le sean notificadas por medio de lista y por oficio. Notificación al defensor público de desechamiento. Al margen de lo anterior, y con el único fin de evitar violaciones procesales en perjuicio de la parte quejosa, se ordena notificarle a su defensor público el proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, para los efectos legales procedentes en cuanto a la defensa de *
- Principal
Puebla, Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Designación de defensor público. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el cual cumple el requerimiento formulado en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós, pues informa haber designado a *, como defensor público del quejoso. En ese contexto, se tiene cumplido el requerimiento formulado en el auto de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado a la citada funcionaria. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, cítese al licenciado * , defensor público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, a las nueve horas con treinta minutos del jueves doce de enero de dos mil veintitrés, para que acceda a la videoconferencia a través de la cual se llevará a cabo la diligencia de aceptación y protesta del cargo de defensor público del quejoso. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión * y contraseña *; en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior, al correo electrónico proporcionado. Al respecto, es menester precisar que, con la finalidad de permitir a los intervinientes prepararse para el desahogo de la diligencia, así como la implementación de la logística operacional, el defensor público deberá ingresar a dicho enlace a las nueve horas con veinte minutos del jueves doce de enero de dos mil veintitrés, esto es, diez minutos previos al inicio de la audiencia, para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista su identificación oficial vigente, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Además, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el horario y data señalados para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber al defensor público que, durante el desarrollo de la diligencia no puede intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevará a cabo, tiene como finalidad la exclusiva la protesta del cargo de defensor público del quejoso. Además, en términos del artículo 28, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020, el uso de videoconferencia no faculta a las partes para emitir alegatos orales que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le apercibe que en caso de incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que, en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar su correcto desarrollo. De igual forma, se deja establecido que una vez que el defensor público *, comparezca a aceptar el cargo, se le notificará al aquí quejoso dicha designación.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el caso, el peticionario de amparo *, señaló como actos reclamados, lo siguiente: ".A la autoridad que señalo como ordenadora le reclamo el Acto (sic) de Formal porción (sic) dictada en mi prejuicio (sic) el día 5 de Julio del 2021, a si mismo (sic) como el llevar acabo (sic) diligencias no legales dentro de una apelación, también reclamo no llevar acabo (sic) la resolución emitida por la Tercera Sala en Materia de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla dentro del Toca 159/2021 dentro de los autos de la causa penal 264/2013 de las de su propio índice. A la autora como ejecutora le reclamo la ejecución de esta llevando acabo (sic) de las consecuencias legales que se derivan de ilegal dentro de los autos de la causa penal 264/2013 de las de su propio índice.". La lectura de lo anterior, permite obtener como actos reclamados por el quejoso: a) El auto de formal prisión, dictado el cinco de julio de dos mil veintiuno, dentro del proceso 264/2013. b) El desahogo de diligencias en la aludida causa penal. c) La omisión de cumplir con la ejecutoria dictada en el Toca 159/2021, por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo, se advierte que el primero de los actos reclamados ya fue materia de revisión mediante un recurso ordinario, promovido por el propio quejoso, pues en los antecedentes del acto reclamados, expuestos bajo protesta de decir verdad, refiere: ".c) Habiendoceme (sic) legalizado mi detención y ordenado que se me tomara mi declaración preparatoria, de la cual me reserve el derecho, y solicitando que me fue la ampliación del termino constitucional, y concedido y vencido, me fue dictado el Auto de Formal prisión el dia 5 de Julio de 2021 al cual apele a mi situación Juridica, siendo esta radicada en la Tercera Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla con el numero de Toca 159/2021 dando fecha para audiencia constitucional, el dia 11 de Febrero de 202 (sic), siendo resuelta el 24 de Febrero del mismo año, emitiendo la resolución: REPOSICION DE PROCEDIMIENTO el cual le fue notificado al juez primer de lo penal al dia 14 de Octubre del 2022 a las 12:31 p.m. dentro del oficio no. 1806 el cual a la fecha no ha dado cumplimiento a la resolución emitida por la tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla." [Énfasis añadido] La lectura de lo anterior, evidencia que el quejoso ya se inconformó ante una sala en materia penal -a través del recurso de apelación- contra esa determinación de formal prisión, y ésta autoridad revisora radicó el Toca de apelación 159/2021, donde ordenó la reposición del procedimiento. Ello revela la actualización de la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos por sustitución procesal, prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ello, con el carácter de indudable y manifiesta. Precepto que en su literalidad, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En efecto, esa cesación puede acontecer ya sea por la revocación del acto reclamado o porque es sustituido. En el primer caso, los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. En el segundo supuesto, la autoridad responsable o un revisor, emite un nuevo acto que sustituye a la resolución impugnada. Así, aun cuando la situación jurídica del gobernado continúa afectada, ahora lo está por una nueva determinación, ésta es contra la cual procede el juicio de amparo. En similares términos se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuido, dentro de la tesis de rubro: * En el caso, como ya se expuso, el auto de formal prisión reclamado ya fue materia de escrutinio judicial. De hecho, se hace valer como un hecho notorio para esta autoridad -con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- el trámite del juicio de amparo 1087/2022-VII del índice de este juzgado, también promovido por *, donde el veinticinco de octubre de dos mil veintidós se recibió el oficio 1877 signado por los Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, al cual adjuntaron copia certificada de la ejecutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del toca 159/2021, y de la cual se desprende que dicha sala ordenó la reposición del procedimiento. En ese marco procesal, es evidente que lo resuelto por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sustituyó procesalmente al acto reclamado al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, señalado como responsable. De este modo, con lo decisión de la sala penal, la resolución de formal prisión reclamada quedó sustituida y dejó de tener efectos legales propios, pues aun cuando el quejoso continúa afectado en su libertad personal, lo cierto es que ello obedece a la reposición del procedimiento ordenada en la ejecutoria de apelación. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXI del diverso 61, se desecha la demanda de protección de derechos que originó este juicio, respecto del acto precisado en el inciso a) antes indicado.. Ahora, el segundo de los actos reclamados, precisado en el inciso b) de los indicados en párrafos precedentes, consiste en el desahogo de diversas diligencias de careos en la causa penal 264/2013, tal como se advierte de lo manifestado en el inciso d) de los antecedentes del acto reclamado: ".Asi mismo cabe mencionar las ilegalidades que el juzgado primero de lo penal ha llevado acabo audiencia de careos en las siguientes fechas: 11 de Noviembre de 2021 10:00 a.m. Enero 2022 23 de Marzo 2022 21 de Abril 2022 Esta fue la ultima para firmas el desestimiento careos, el cual anexo la copia que me entrego el secretario de acuerdos Lic. Luis Fernando Cornejo Huesca, asi como: C .Secretario del Juzgado: Pedro Romero Tecua C. Ministerio Publico: Lic. America Munive Ramirez C. Defensora Publica: Lic. Rosa Maria Diego Martinez De la cual desde la primera audiencia pregunte que si es legal llevar a cabo los careos dentro de una apelación: Respondiendo el Secretario del Juzgado "Es legal y por lo cual estas estas obligado a firmar en cada audiencia", siendo cierto que ni el juzgado primero de lo penal ni yo teníamos conocimiento de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada siendo el motivo por el cual acudo a su señoria a fin de que por medio del presente juicio de garantías se me restitulla en el goze de mis derechos fundamentales violentados." [Énfasis añadido] De esta forma es posible advertir que el acto reclamado, en realidad, carece de efectos irreparables, pues ninguna afectación produce a algún derecho sustantivo en perjuicio del quejoso. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII5 del artículo 61, relacionada con la V6 del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación: Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico, los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto, resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en la cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad7 tutelado en el artículo 1° de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos. Por ello, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución.8 Con lo anterior queda explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como quedó indicado en párrafos anteriores, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario -a través de su demanda de juicio de amparo indirecto- contra el desahogo de diversas diligencias de careo dentro del proceso que se le instruye. Sin embargo, la materia y sentido de ese acto, sólo pueden generar violaciones adjetivas, porque el resultado de los careos aludidos de ninguna manera aborda derechos sustantivos involucrados en el proceso. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las pruebas incorporadas al proceso (como los aludidos careos), con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable al aquí quejoso. Escenario que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al combatirse una cuestión procesal intermedia, se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado precisado en el inciso b) carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, el quejoso debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si el análisis de esas pruebas incorporadas al proceso resulta contraria a sus intereses; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación9. Por tanto, se concluye que el reclamo del desahogo de dichas diligencias de careos, encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, motivo por el que procede desechar la demanda. En otro orden de ideas, tocante al acto reclamado precisado en el inciso c), resulta evidente que aun cuando el quejoso se duele del retraso en la emisión del acuerdo en el proceso; y como consecuencia, que se genere un retardo en la administración de justicia; lo cierto es que, esta autoridad no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo relativo a la ejecutoria dictada en el toca 159/2021, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De lo anterior, se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos después de concluido el juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración se transcriben las indicadas porciones normativas: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquéllos que producen una afectación material a derechos sustantivos. Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima el acto reclamado no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que, por el tiempo transcurrido no constituye una abierta dilación. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia * Por tanto, como se advirtió, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto del acto indicado en el inciso c), de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Designación de defensor público para el quejoso. Se requiere a la Directora General de Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, designe a un defensor público que asistir al Quejoso *. Sobre todo porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -porque omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Se pide en forma atenta a la directora de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro siguiente:* Domicilio procesal y autorizados. Toda vez que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (San Miguel), Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene éste como domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin que se tenga a persona alguna como autorizada para recibir dichas notificaciones, dado que el quejoso omitió realizar dicha designación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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