Oscar Jesús Arias Castañeda
Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Oscar Jesús Arias Castañeda
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 247/2022-VII. Puebla, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A", que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Caratula de Expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Inexistencia de cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 247/2022-VII. Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por , por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano...., se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente:? La negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal * de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que la negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal *** tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debió agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, así como que el objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Por ello se afirma que la negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal * resulta ser una resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación, en contra del cual procede el recurso de revocación, mismo que puede ser interpuesto en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede estudiar de nueva cuenta la solicitud y, en su caso, emitir una distinta conforme a derecho proceda. Resulta orientador : "PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ." Bajo este contexto, se declara que la negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal *** encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Además, no debe perderse de vista que la negativa de ordenar la reapertura de la investigación no trastoca los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria; pues, sus alcances impactan en derechos de índole procesal. Entonces, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que se desahogue la etapa intermedia cuando las secuelas de esa negativa pueden consumarse en forma efectiva. Ello, porque si el parte quejosa refiere que no se realizó una defensa adecuada, existe la posibilidad de que, en la etapa intermedia solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, no resulte aplicable al caso particular la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien en atención al principio de continuidad, el procedimiento se desarrolla de manera continua, de tal forma que cuando alguna de las etapas en las que se divide se declara agotada, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. No obstante, en el caso particular aun esta pendiente por desahogarse la audiencia intermedia; pues, el propio quejoso refirió que está fue diferida. Entonces, será ahí donde la parte quejosa deba hacer valer sus planteamientos para evitar que se tenga por precluido su derecho a inconformarse; y, de no ser favorable a sus intereses impugnar la resolución, porque, como de manera acertada señala en la demanda de amparo el juicio de amparo en la vía directa no podrá ocuparse de la infracción a ese derecho cuando eventualmente se pueda impugnar la sentencia definitiva respectiva. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la negativa atribuida a la autoridad responsable, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación; y con independencia a ello, no constituye un acto que afecte de manera actual y real sus derechos fundamentales. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizados de la parte quejosa con las restricciones que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas referidos en el escrito de demanda, porque los mismos no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 247/2022-VII. Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por , por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano...., se hace notar que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente:? La negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal * de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. De lo referido con antelación, permite visualizar una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que la negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal *** tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debió agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así se obtiene del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, porque ese precepto dispone que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, así como que el objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Por ello se afirma que la negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal * resulta ser una resolución de mero trámite que se resuelve sin sustanciación, en contra del cual procede el recurso de revocación, mismo que puede ser interpuesto en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede estudiar de nueva cuenta la solicitud y, en su caso, emitir una distinta conforme a derecho proceda. Resulta orientador : "PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ." Bajo este contexto, se declara que la negativa de ordenar la reapertura de investigación complementaria dentro de la causa penal *** encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Además, no debe perderse de vista que la negativa de ordenar la reapertura de la investigación no trastoca los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria; pues, sus alcances impactan en derechos de índole procesal. Entonces, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que se desahogue la etapa intermedia cuando las secuelas de esa negativa pueden consumarse en forma efectiva. Ello, porque si el parte quejosa refiere que no se realizó una defensa adecuada, existe la posibilidad de que, en la etapa intermedia solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, no resulte aplicable al caso particular la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien en atención al principio de continuidad, el procedimiento se desarrolla de manera continua, de tal forma que cuando alguna de las etapas en las que se divide se declara agotada, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. No obstante, en el caso particular aun esta pendiente por desahogarse la audiencia intermedia; pues, el propio quejoso refirió que está fue diferida. Entonces, será ahí donde la parte quejosa deba hacer valer sus planteamientos para evitar que se tenga por precluido su derecho a inconformarse; y, de no ser favorable a sus intereses impugnar la resolución, porque, como de manera acertada señala en la demanda de amparo el juicio de amparo en la vía directa no podrá ocuparse de la infracción a ese derecho cuando eventualmente se pueda impugnar la sentencia definitiva respectiva. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la negativa atribuida a la autoridad responsable, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación; y con independencia a ello, no constituye un acto que afecte de manera actual y real sus derechos fundamentales. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en la Ciudad de Puebla. Además, se tienen como autorizados de la parte quejosa con las restricciones que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas referidos en el escrito de demanda, porque los mismos no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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