Oscar Hernandez Nava

Expediente 1200/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1200/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Oscar Hernandez Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso y su defensor público no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso y a su defensor público, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que el defensor público tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que * aceptó y protestó el cargo de defensor público del quejoso *. En consecuencia, téngase al referido defensor, Licenciado *, aceptando el cargo de defensor público del quejoso *, designado para asistir a este último en el presente juicio de amparo, por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. En ese sentido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del mencionado defensor público el indicado en la diligencia en comento; y se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados. Finalmente, se ordena hacer del conocimiento del quejoso la protesta del cargo mencionada y se hace notar que las subsecuentes notificaciones le serán realizadas a través de su defensor público, salvo aquéllas notificaciones que deban realizarse de forma personal.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Designación de Defensor Público. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, y designa como defensor público del quejoso al licenciado *; asimismo, proporciona el correo electrónico y el número telefónico del citado defensor. Requerimiento al Defensor Público. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, cítese al defensor * a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que acceda a la videoconferencia relativa a la diligencia para aceptar y protestar el cargo de defensor público de la aquí parte quejosa. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión * y contraseña * en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior, al correo electrónico proporcionado. Al respecto, es menester precisar que con la finalidad de permitir a los intervinientes prepararse para el desahogo de la referida diligencia, así como la implementación de la logística operacional, el defensor público deberá ingresar a dicho enlace a las nueve horas con veinticinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, esto es, quince minutos previos al inicio de la audiencia; para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista cédula profesional, para corroborar su identidad, personalidad, capacidad procesal y profesión. Además, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en cuanto al ingreso a la plataforma mencionada en el horario y data señalados para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber al defensor que durante el desarrollo de la diligencia no podrá intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevará a cabo tiene como única finalidad que manifieste si acepta y protesta el cargo de defensor público conferido. Con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, de conformidad con artículo 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le apercibe que en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se impondrá diversa multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que, en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. Se informa al defensor que la posibilidad de aceptar y protestar el cargo conferido vía videoconferencia, sólo se observará mientras continúe vigente la restricción de acceso a las instalaciones que ocupa el juzgado o hasta que el Consejo de la Judicatura Federal emita un esquema de contingencia que permita su desahogo de manera ordinaria.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. *Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclama ".el retardo a la administración de la justicia en la que a incurrido el ciudadano Juez Primero de lo Penal del distrito judicial de puebla, al ser omiso a lo ordenado por la Tercera Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el cual dentro del Toca No. 159/2021 resolvio: SE ORDENA LA REPOSICION DE PROCEDIMIENTO por lo cual se dio por notificado al Ciudadano Juez Primero de lo Penal del distrito Judicial de Puebla capital atra vez del oficio No. 1806 el dia 14 de Octubre del 2022 con hora 12:31, al cual a la fecha no a dado por cumplido lo ordenado por la Tercera Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla." (sic). [Énfasis añadido] Sin embargo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso refiere: ".no obstante a lo dispuesto por los preceptos sitados, al dia de hoy, la autoridad ejecutora no a dado trámite de manera material a lo ordenado por la Tercera Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en su resolución emitida." (sic). [Énfasis añadido] De lo anteriormente trascrito se obtiene que lo que en realidad reclama el quejoso, es la omisión del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla de acordar el oficio *, remitido por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a través del cual le remitió la ejecutoria dictada en el toca de apelación 159/2021, relativo al proceso 264/2013. Bajo ese contexto, resulta evidente que aun cuando el quejoso se duele del retraso en la emisión del acuerdo en el citado proceso; y como consecuencia, que se genere un retardo en la administración de justicia; lo cierto es que, la suscrita no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo respectivo al oficio * recibida por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el catorce de octubre de dos mil veintidós, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De lo anterior, se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, éste sólo procede contra actos después de concluido el juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración se transcriben las indicadas porciones normativas: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquéllos que producen una afectación material a derechos sustantivos. Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima el acto reclamado no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que, por el tiempo transcurrido no constituye una abierta dilación. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. *Por tanto, como se advirtió, resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Designación de defensor público para el quejoso. Se requiere a la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, designe a un defensor público que asistir al Quejoso *. Sobre todo porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -porque omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Se pide en forma atenta a la directora de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. *Domicilio procesal y autorizados. El quejoso omitió señalar un domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones, sin embargo, toda vez que se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla (San Miguel), Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene éste como domicilio para tales efectos. Sin que se tenga a persona alguna como autorizada para recibir dichas notificaciones, dado que el quejoso omitió realizar dicha designación. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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