Oscar Cado Cortes

Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
244/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Oscar Cado Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva; que en el cuaderno de incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 244/2023, mesa IV, promovido por ********************por propio derecho, en contra de la determinación de doce de mayo de dos mil veintidós, de la Secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, en el expediente ********************, de su estadística. I. ANTECEDENTES Mediante demanda presentada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, los quejosos solicitaron la declaración judicial de estado de interdicción del señor ********************, que conoció el Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, en el expediente ********************, de su estadística. En proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, la Secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, en el expediente ********************, determinó desechar la demanda de declaración judicial de estado de interdicción del señor ********************, que presentaron los aquí quejosos. (determinación que constituye el acto reclamado). II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la misma data por Oficialía Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************promovieron juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, registrándola bajo el progresivo 722/2022. En acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, por razón de la vía, al considerarse que la resolución reclamada encuadraba en el supuesto previsto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, declinando la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en Turno. Demanda que por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca, el cual, mediante auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, radicó con el número 231/2022, y afecto de proveer sobre su admisión, requirió a la responsable a efecto de que asentara al calce de la demanda la certificación prevista en el número 178 de la Ley de Amaro. En proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado aceptó la competencia declinada y admitió a trámite la demanda de amparo, posteriormente mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos a la ponencia correspondiente para la formulación del proyecto de resolución. Mediante ejecutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, determinaron carecer de competencia por razón de la vía para conocer del juicio de amparo promovido por Óscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín, debido a que el acto reclamado no se ubica dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo. La demanda fue remitida de nueva cuenta a este órgano jurisdiccional, en donde se registró con el número 244/2023, y en auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: De la Secretaria de acuerdos, encargada del Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec: La determinación de doce de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************, en la que desechó la demanda de declaración judicial de estado de interdicción del señor ********************. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Es cierto el acto reprochado a la Secretaria encargada del Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, consistente en el proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de su índice. Se sostiene lo anterior porque la autoridad responsable lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia del acto que le fue atribuido a dicho ente público: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Bajo esa tesitura, se corrobora con las constancias que acompañó la responsable a su informe con justificación consistentes en las copias certificadas conducentes del expediente ******************** y 133/2018, medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, consistente en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de declaración judicial de estado de interdicción del señor ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de apelación previsto por los ordinales 433, 670 y 889, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Fundamenta dicha consideración la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del a Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, registro 2017117, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y siete, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Conforme a esos parámetros, se estima que en relación con la determinación de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, mediante el cual se desechó la demanda de declaración judicial de estado de interdicción del señor ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que contra dicha determinación procede el recurso de apelación previsto en el artículo 889 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Previo al estudio de la procedencia del referido precepto, se considera oportuno precisar que la apelación es un medio de impugnación contemplado para las providencias de jurisdicción voluntaria que se tramitan sumariamente, el cual, tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Ahora bien, una vez asentados los alcances del recurso de apelación, se procede al estudio de los numerales 424 fracción XVI, 433 y 892 establecidos en el titulo séptimo denominado "de los juicios sumarios y de la vía de apremio", del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 424.- Se tramitarán sumariamente: (.) XVI. Las demás que determine la ley" "Artículo 433.- Las sentencias y autos que se dicten en estos juicios son apelables en el efecto devolutivo" "Artículo 892.- La declaración de incapacidad por causa de demencia que no esté declarada ya en sentencia firme, se obtendrá en juicio sumario seguido entre el peticionario y el tutor interino que para tal objeto designe el juez, reservando a los interesados, que por cualquier motivo, el derecho que pueda asistirles para ejercitarlo en el juicio correspondiente. El nombramiento del tutor interino deberá recaer por su orden en: el esposo o esposa, los hijos, el padre, la madre, los abuelos y los hermanos del incapacitado si tuvieren aptitud necesaria para desempeñarlo. Si hubiere varios hijos o hermanos, serán preferidos los mayores de edad; si hubiere abuelos paternos y maternos, se preferirá a los varones, y en caso de ser del mismo sexo, los que lo sean por parte del padre a los que lo fueren por parte de la madre. En caso de no haber ninguna de las personas indicadas o no siendo aptas para la tutela, el juez cuidará de nombrar como tutor interino a persona de honorabilidad reconocida, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del incapacitado o de sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependencia con el solicitante de la declaración" (lo destacado es propio) Del análisis de los preceptos 424 y 433 citados, se advierte que el recurso de apelación procederá contra las sentencias y autos que dicten en aquellos juicios que se tramiten sumariamente, dentro de los cuales se encuentra los que determine esta propia legislación; por su parte, el diverso numeral 892 del mismo ordenamiento establece que la declaración de incapacidad por causa de demencia que no esté declarada ya en sentencia firme se obtendrá en juicio sumario seguido entre el peticionario y el tutor interino que para tal objeto designe el juez. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos ml veintidós, los aquí quejosos ********************en su carácter de peticionario y tutora interina, respectivamente, promovieron ante Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, en la vía sumaria civil la declaración judicial del estado de interdicción del señor ********************. Demanda a la cual recayó el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, del índice de dicho órgano jurisdiccional, en la que se desechó la misma, ello en razón de que los promoventes no acompañaron con su escrito inicial el documento o documentos con el cual fundar su derecho, esto es, el documento con el cual acreditar al menos de manera indiciaria el grado de interdicción del señor ********************, así como no señalaron el tipo de interdicción que padece, ni acreditaron el carácter con el que pretendían instar la demanda en comento. Por tal motivo, es dable concluir que, en contra del acuerdo dictado por el Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, en el cual se desechó la demanda intentada, procede el recurso de apelación al haberse dictado en un juicio seguido sumariamente, como lo señalan los artículos 433 en relación con el diverso 424, fracción XVI, y 892 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Maxime que mediante ejecutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, establece que en el caso que nos ocupa al haberse tramitado la demanda en términos del artículo 892 antes citado, y dicho numeral al encontrarse inmerso en el Titulo Decimoquinto, denominado "de la jurisdicción voluntaria", la declaración de incapacidad legal, se obtiene en la vía de jurisdicción voluntaria a través de un procedimiento sumario, que se sigue entre el peticionario y el tutor interino designado por el juez. Pues bien, dentro del apartado de "disposiciones generales" (artículos 883 a 889 del Código de Procedimientos Civiles del Estado) del mismo Titulo Decimoquinto, denominado "de la jurisdicción voluntaria", el numeral 889 de dicho ordenamiento, también prevé la posibilidad de impugnar las providencias que se dicten en el procedimiento de jurisdicción voluntaria a través del recurso de apelación, en ambos efectos. Dicho recurso se justifica en el campo del principio de economía procesal, resultando que no cualquier resolución de trámite en el procedimiento es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, toda vez que sólo las providencias que deciden la petición planteada, entre las que se encuentran las que desechan la solicitud de la parte interesada, o las que decidan no recibir o dar trámite a la petición planteada, pues en ambos casos se decide el procedimiento; por tanto, si en contra de la providencia que no provee de conformidad la petición de diligencia de jurisdicción voluntaria, una vez admitida y tramitada la solicitud, procede el recurso de apelación, por identidad de razón se debe aceptar que dicho recurso también procede en contra del acuerdo que deja de recibir la petición, pues en ambos casos se tiene el mismo efecto que es no acceder a la pretensión del peticionante Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1547, Enero de 2004, Tomo XIX, registro 182384, materia Civil, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA SOLICITUD O NO LE DA TRÁMITE, ES IMPUGNABLE MEDIANTE RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 893 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o la solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, caracterizando a dicha figura por la ausencia de controversia, litigio o conflicto entre partes, esto es, no existe oposición de intereses, ni tiene partes, por falta de adversario, y al no existir oposición por alguien que se considere lesionado por ella, el acto judicial se transforma en contencioso. Por su parte, el artículo 898 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, prevé la posibilidad de impugnar las providencias que se dicten en el procedimiento de jurisdicción voluntaria a través del recurso de apelación, en ambos efectos, si el recurso lo interpone el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que recurre acude al expediente voluntariamente o llamado por el Juez, o para oponerse a la solicitud, motivo de su formación, pero no porque se esté en presencia de un agravio en particular, pues las decisiones no juzgan ni prejuzgan, por lo que no causan estado, sino que dicho recurso se justifica en el campo del principio de economía procesal, resultando que no cualquier resolución de trámite en el procedimiento es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, toda vez que sólo las providencias que deciden la petición planteada, entre las que se encuentran las que desechan la solicitud de la parte interesada, o las que decidan no recibir o dar trámite a la petición planteada, pues en ambos casos se decide el procedimiento; por tanto, si en contra de la providencia que no provee de conformidad la petición de diligencia de jurisdicción voluntaria, una vez admitida y tramitada la solicitud, procede el recurso de apelación, por identidad de razón se debe aceptar que dicho recurso también procede en contra del acuerdo que deja de recibir la petición, pues en ambos casos se tiene el mismo efecto que es no acceder a la pretensión del peticionante; por tanto, en el proveído emitido en el expediente del procedimiento de jurisdicción voluntaria, con posterioridad a la providencia que desechó la pretensión, no es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 898 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, pues éste sólo procede contra las providencias de jurisdicción voluntaria, entendiéndose como tales, aquellas que deciden favorable o desfavorablemente respecto de las pretensiones formuladas y no así las resoluciones de mero trámite. Por lo tanto, al prever dicho ordenamiento que en las determinaciones que se dicten en un juicio tramitado en la vía de jurisdicción voluntaria a través de un procedimiento sumario procede el recurso de apelación y que éste tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, es dable concluir que los promoventes no agotaron el principio de definitividad previsto por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que los justiciables reclamaron al Juzgado Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, consistente en el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de declaración judicial de estado de interdicción del señor ********************. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 244/2023, promovido por *** en contra del acto de la autoridad que se mencionará más adelante. TRÁMITE La parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, de quien reclamó una determinación emitida en expediente *** de su índice. La demanda de amparo fue recibida el diez de marzo de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 244/2023 y admitida el trece de marzo de dos mil veintitrés. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. II. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente, la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable: Juez Tercero de lo Familiar con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: Actos reclamados: El acuerdo de doce de mayo de dos mi veintidós, dictado en el expediente 159/2022 de su índice, por el que desecha la solicitud de declaración de estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros. Las consecuencias de dicha determinación, que la parte quejosa indica como la omisión a hacer efectivo el derecho a la salud de Urbano Cado Cisneros. III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, autorizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para dictar sentencias, al rendir informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. Siendo cierto el acto reclamado, procede analizar sobre la concesión o no de la suspensión definitiva. IV. SUSPENSIÓN DEFINITIVA En el caso concreto, la parte quejosa, solicita la suspensión definitiva del acto reclamado de manera genérica. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva, primero debe considerarse lo siguiente: En sede cautelar, a diferencia de la principal (la sentencia), basta que del análisis minucioso que lleve a cabo el juez de amparo, aparezca verosímil la existencia del derecho alegado y que por un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal (sentencia de amparo), declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar, a manera de una hipótesis que puede verse comprobada, o bien, refutada, con los medios de convicción que se alleguen durante el juicio. Lo anterior, con el objeto de evitar que el retraso en la impartición de justicia, tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general, relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. El análisis de la apariencia del buen derecho, de acuerdo al criterio de la Primera Sala, debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el Juez al resolver sobre la suspensión. En el caso de la suspensión provisional, ordinariamente consistirá en la demanda y los anexos exhibidos por el quejoso y, en el caso de la suspensión definitiva, además, se tienen los elementos derivados del informe previo que rinde la autoridad responsable, los que se allegue el Juez de amparo y rindan las partes en el incidente, como el tercero interesado o el Ministerio Público; según se ordena en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, en el informe previo, la autoridad responsable, además de señalar si el acto reclamado es cierto, puede expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y, a su vez, el Juez de amparo está facultado para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias para resolver sobre la suspensión definitiva, en tanto que a las partes, sólo se les recibirán documentales e inspección judicial, así como la testimonial en los casos de peligro de privación de la vida y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su artículo 128 que establece: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, se niega la suspensión definitiva solicitada, solicitada, respecto al acuerdo de doce de mayo de dos mi veintidós, dictado en el expediente 159/2022 de su índice, por el que desecha la solicitud de declaración de estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros y sus consecuencias. Lo anterior es así, debido a que tiene el carácter de consumado, por lo que resulta improcedente dicha medida cautelar, en virtud que de concederla se le darían efectos restitutorios, lo cual, es propio de la sentencia que en definitiva se pronuncie, en cuanto al fondo del asunto. También debe decirse que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Las consideraciones anteriores, dieron origen a la jurisprudencia siguiente: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. En el presente caso, el promovente del amparo reclama esencialmente -actos consumados-, pretendiendo que se le den efectos restitutorios como la admisión de la solicitud de declaración de estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros, en el expediente 159/2022 del índice de la responsable; sin embargo, de concederse la suspensión provisional, sus efectos dejarían sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, dado que la restitución que solicita la parte quejosa coincidiría exactamente, en su caso, con los efectos del fallo protector. Con motivo de lo anterior, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto del acto reclamado en cita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración I.11o.C. J/5 K (11a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga nugatoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal que en su caso se le conceda, evitándole los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle. Por tanto, es evidente que el objetivo de dicha medida es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión del acto reclamado es menester tomar en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; II. La naturaleza del acto reclamado; y, III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se hubiere ejecutado, tales efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución al quejoso en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que se pueda hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la ley de la materia. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictada la sentencia en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a los quejosos ***, por las razones expresadas en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese por lista.

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