OSCAR CADO CORTES y Otros.
Expediente 722/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- OSCAR CADO CORTES y Otros.
- Oscar Cado Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
""""San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese la documental señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de tres de agosto del año en curso, que la Magistrada Presidenta de ese órgano jurisdiccional dictó en el juicio de amparo directo 231/2022, en el que aceptó la competencia, por razón de la vía, que este Juzgado Federal declinó a favor de dicho Tribunal Constitucional para conocer de la demanda de amparo que ***** y ***** presentaron, por lo que se avocó al conocimiento de ese asunto y admitió a trámite el escrito inicial en la vía uniinstancial. Al respecto, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de las determinaciones anteriores. En otro punto, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito aceptó la competencia declinada, por razón de la vía, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, que se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal para conocer de ese medio extraordinario de defensa, por razón de la vía, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo de observancia general, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.""""
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal para notificar a los quejosos Oscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín el auto de veintidós de junio del año en curso, por los motivos que expuso. En tal sentido, dado que el domicilio que los disidentes señalaron para oír notificaciones resultó inexacto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena la notificación a la parte quejosa del citado acuerdo y las subsecuentes resoluciones judiciales, aun las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto los justiciables señalen un domicilio correcto para recibir notificaciones, o bien, designen otro para ese efecto. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de veintiocho de junio del año en curso, que la Magistrada Presidenta de ese órgano jurisdiccional dictó en el juicio de amparo directo 231/2022, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo indirecto 772/2022, en los que obran glosadas la boleta de turno y la demanda de amparo presentada por Oscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín, así como las copias de traslado del escrito inicial. b) Requirió a la autoridad responsable Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, para que integrara el expediente relativo a dicho asunto en términos de lo dispuesto por el arábigo 178 de la Ley de Amparo a fin de que esté en aptitud de acordar si acepta o no la competencia, por razón de la vía, que este Juzgado Federal declinó a favor de ese Tribunal Constitucional. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 708/2022. Incompetencia por razón de la vía. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Oscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín presentaron da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional del acto atacado, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. Ahora, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que los inconformes impugnan el acto siguiente: Del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, combaten: ? El auto de desechamiento de la demanda de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario civil 159/2022, en la que exigieron la declaración judicial del estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca considera que carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso1 en dos categorías La clasificación de los presupuestos procesales enunciada la expone Hernando Devis Echandía, en su obra titulada "Teoría General del Proceso", Editorial Universidad, Tercera Edición, reimpresión 2004, páginas 274 a 277, doctrina a la cual se acude conforme al criterio contenido en la tesis 2a. LXIII/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, Materia Común, página 448, con el epígrafe y la sinopsis siguientes DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que 'En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.'; mientras que en su párrafo tercero dispone que 'En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.'. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino que esa situación puede advertirse durante el trámite del proceso cuando se reciben los informes justificados, o bien, hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en alguna de esas fases y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se está en la posibilidad de continuar con el procedimiento dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los arábigos 107, fracciones III, inciso a), V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo. Los preceptos citados establecen lo siguiente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones Ley de Amparo Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley Artículo 170. El juicio de amparo directo procede I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte De la norma inserta en primer orden se advierte que en el Pacto Federal se establecieron las bases fundamentales que rigen al juicio de amparo, entre las cuales destacan por su importancia, las siguientes: I. Tratándose del reclamo de actos de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo es procedente, entre otros supuestos, contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio. II. Al impugnarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se pueden plantear violaciones cometidas en esas determinaciones, o bien, que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. III. Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios respectivos, salvo que la ley permita la renuncia de recursos. IV. Al reclamarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio deben hacerse valer las violaciones procesales, con la condición de que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o el medio de defensa ordinario, salvo las excepciones que en la norma constitucional transcrita se señalan. V. El amparo contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de acuerdo con la ley, en los supuestos que el propio precepto constitucional dispone. VI. En el texto constitucional citado se encomendó al legislador ordinario la tarea de establecer en la ley reglamentaria los procedimientos a los que se sujetarían las controversias de amparo, a partir de las bases fundamentales fijadas en la Carta Magna. Por otra parte, de los dispositivos de la Ley de Amparo transcritos se desprenden, en lo que importa, las premisas siguientes: a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la ley de la materia. b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo los casos en los que la ley permita la renuncia de esos mecanismos de impugnación. f) Para efectos de la Ley de Amparo el juicio se inicia con la presentación de la demanda. g) Cuando se reclame la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o el medio de defensa que, en su caso, establezca la legislación ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Tal requisito no será exigible en los amparos relativos a los asuntos que se especifican en el numeral 171 de la ley de la materia. h) Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito en la que se reclamen actos que sean materia de amparo directo declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese supuesto el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia; en la primera hipótesis mandará tramitar el expediente y concederá al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un lapso de diez días para que rinda el informe correspondiente; por otro lado, en el caso que decida no aceptar la competencia remitirá los autos al Juzgado que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre Jueces de Distrito. Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito aparece del informe justificado que la autoridad responsable rinda, entonces el Juez de Distrito se declarará incompetente y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que estime competente para el efecto de que el Presidente de este último órgano de control constitucional decida si acepta o no la competencia y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido por la Ley de Amparo. Lo anterior pone de relieve que las disposiciones citadas establecen por un lado la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa y, por otro, la regla sobre la procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, supuestos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos o que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. En este punto es preciso señalar que la vía procesal en el ámbito jurídico adjetivo alude al procedimiento que la ley dispone para la tramitación del juicio. Esa noción también se puede abordar desde el entendimiento de los llamados presupuestos procesales, pero con la variedad de que si bien los efectos de promover un juicio en una vía equivocada puede dar lugar a que no se dé trámite al juicio, también puede suceder que la prosecución del juicio ocurra en una vía equivocada, lo que técnicamente no generaría la improcedencia del juicio, sino que impediría que el Juzgador pueda emitir una sentencia de fondo; es decir, la falta de este presupuesto procesal cuando ya se ha tramitado el juicio constituye un obstáculo que impide el dictado de una sentencia de fondo del asunto. En ese contexto teórico básico se puede apreciar que la vía es el procedimiento que la ley dispone para la tramitación de un juicio. En respaldo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 que expone PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, Materia Común, página 576. o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente." Enseguida, para evidenciar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente asunto es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que los justiciables Oscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín combaten del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el auto de desechamiento de la demanda de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio sumario civil 159/2022, en la que exigieron la declaración judicial del estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros. En ese contexto, lo decidido en el proveído reclamado da pauta a considerar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver este medio extraordinario de defensa, porque el acuerdo de desechamiento de la demanda de doce de mayo de dos mil veintidós, que el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, pronunció en el juicio sumario civil 159/2022, en la que Oscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín exigieron la declaración judicial del estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; por tanto, esa resolución judicial encuadra dentro de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo para ser catalogado como una resolución que pone fin al juicio. Tal situación revela que el acuerdo de desechamiento de la demanda pronunciado en el citado contradictorio es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por los ordinales 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, al tratarse de una resolución que puso fin al juicio natural, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo dio por concluido; en este punto, es necesario señalar que la resolución de desechamiento del escrito inicial decretada en el juicio natural constituye un acto procesal que terminó la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. En ese sentido, debe tenerse presente que por sentencias definitivas o laudos se entienden las que decidan el juicio en lo principal, es decir, las que establecen el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Por otro lado, es importante destacar que una concepción que ha perdurado a lo largo de las distintas épocas del Semanario Judicial de la Federación es la relativa a que el inicio del juicio ante los Tribunales ordinarios para efectos del amparo ocurre cuando se presenta la demanda, incluso, en la actualidad así lo prevé expresamente el numeral 170, fracción I, último párrafo, de la ley de la materia y esa concepción tiene importancia en la medida en que es el parámetro de referencia para determinar cuándo y dónde inicia un juicio y cuándo y dónde concluye, que en el caso, debe ser cuando se dicta la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que le ponga fin o que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido impidiendo su prosecución o continuación. En esos términos, es inconcuso que por los efectos que produce el acuerdo de desechamiento de la demanda dictado por el órgano jurisdiccional responsable en el contradictorio de origen y en atención a su naturaleza jurídica puede concebirse como una resolución que puso fin al juicio sumario civil 159/2022 del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, pues sin decidir en el fondo el procedimiento contencioso relativo lo dio por concluido; por tanto, el amparo directo es la vía idónea a la que los justiciables pueden acudir por ser aquel el medio eficaz en el que se podrán obtener una sentencia en la que se juzgue la constitucionalidad de ese acto reclamado; de ahí que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente medio extraordinario de defensa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación3 que informa AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. 3 Registro digital: 2015687, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s) Común, Tesis: 1a./J. 97/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 241. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad En consecuencia, el auto de desechamiento de la demanda de doce de mayo de dos mil veintidós, que el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dictó en el juicio sumario civil 159/2022, en la que Oscar Cado Cortes y Delia Aurora Cado Delfín exigieron la declaración judicial del estado de interdicción de Urbano Cado Cisneros y que se pide el análisis de su escrutinio constitucional debe ser impugnado a través del juicio de amparo directo, cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo con lo preceptuado por los arábigos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo dio por concluido. En esa línea, este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente medio extraordinario de defensa, aun y cuando la parte quejosa alegue que con motivo de esa determinación el Juez responsable omitió garantizar el derecho a la salud reconocido por el ordinal 4 de la Carta Magna en beneficio de Urbano Cado Cisneros, porque en todo caso ese aspecto será analizado por un Tribunal Colegiado de Circuito al examinar la regularidad constitucional de esa resolución judicial como concepto de violación, por lo que los justiciables podrán obtener un juzgamiento de fondo sobre ese aspecto también. En atención a que el presupuesto procesal analizado se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo; así como por los puntos Segundo, fracción XIII, numeral 14 y Tercero, fracción XIII5 , del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 772/2022, en los que obran glosadas la boleta de turno y la demanda de amparo, así como las copias de traslado del escrito inicial a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para que ésta a su vez lo envíe al Tribunal Colegiado en esas materias y circuito, en turno, a efecto de que su Magistrado Presidente en términos de lo establecido por el numeral 47 de la Ley de Amparo se encuentre en aptitud de decidir si acepta o no la competencia declinada e informe a este Juzgado Federal su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con las copias certificadas de las actuaciones que revelen la historia procesal del presente asunto que deberá quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados semi-especializados: Dos en materias civil y administrativa, uno con residencia en San Bartolo Coyotepec, y otro con residencia en la Ciudad de Oaxaca; y, dos en materias penal y de trabajo, ambos con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. TERCERO. La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito es la que enseguida se indica: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Estado de Oaxaca. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de los justiciables el que señalan en su ocurso y como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a David Angel García con cédula profesional 7320999 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y a la persona restante que señalan en términos restringidos del citado precepto y del diverso 24 del propio ordenamiento para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitaron de manera expresa. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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