Oscar Bethoben Segura Fuentes
Expediente 543/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar Bethoben Segura Fuentes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Con las constancias descritas en la cuenta, fórmese el expediente 543/2022 para actuar en éste. Acúsese recibo al titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del juicio de amparo 554/2022 de su estadística. Ahora bien, en razón de que el suscrito comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente, ya que efectivamente, este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer del presente asunto, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Se convalidan las actuaciones realizadas por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Asimismo, solicítese al citado órgano jurisdiccional tenga a bien instruir al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que vincule permanentemente el juicio de amparo 554/2022 de su estadística al expediente 543/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. Compensación. Realícese el trámite correspondiente en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de realizar el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Óscar Bethoben Segura Fuentes porque en relación a la determinación emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós en el toca civil 59/2022 por el cual, el magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca acordó que no había lugar a abrir el periodo probatorio ni admitir las pruebas documentales que ofertó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, puesto que no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto, en principio, debe señalarse que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa -en su escrito de demanda- se advierte lo siguiente: Ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, se encuentra radicado el juicio sumario hipotecario 251/2020 promovido por el quejoso en contra de la institución bancaria "HSBC MÉXICO", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC y Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. Seguido el trámite en dicho juicio, en relación a la petición realizada por Óscar Bethoben Segura Fuentes referente a la resolución del incidente de falta de personalidad, el juez de origen mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, determinó que no había lugar a dictar resolución en la citada incidencia, debido a que la misma se emitiría al momento de pronunciarse en la sentencia definitiva. En contra de dicho acuerdo, Óscar Bethoben Segura Fuentes interpuso recurso de apelación y fue turnada a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien la radicó con el progresivo de toca 59/2022. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada acordó que no había lugar a abrir el pleito a pruebas, ni a admitir las pruebas documentales que indica. [DETERMINACIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO] En ese orden de ideas, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Corte puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro siete, junio de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página treinta y nueve, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página mil ochenta y seis, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva, es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, debido a que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, como se narró anteriormente, la parte quejosa reclama de la determinación emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el toca 59/2022 por el cual, el magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca acordó que no había lugar a abrir el periodo probatorio ni admitir las pruebas documentales que ofertó. Empero, se trata de una violación dentro del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que puede o no trascender al resolverse el medio de impugnación en cita o al emitirse la sentencia correspondiente en el juicio de origen y de ser el caso, deberá hacerse valer contra el fallo que se dicte por el juez responsable, de resultar adverso a los intereses de la parte quejosa. En ese sentido, al tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. Con base en lo anterior, debe establecerse que la determinación reclamada de veintinueve de abril de dos mil veintidós, no constituye actos de imposible reparación en la medida en que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera. Las consideraciones expuestas, han sido sostenidas en forma reiterada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 24/1992, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que al rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Lo mostrado patentiza que el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que se reitera, podrán ser reparados si se dicta una sentencia favorable para los intereses de los promoventes del amparo. En esa línea, el hecho de que el Tribunal de Alzada haya determinado que no había lugar a abrir el periodo probatorio ni admitir las pruebas que ofertó, no puede conducir a considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón de que no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que el afectado obtenga un resultado favorable a sus intereses al momento de dictarse la sentencia en el juicio de origen, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hayan causado. Luego, si las actuaciones reclamadas no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Óscar Bethoben Segura Fuentes, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados [en los términos indicados por la autoridad declinante] a las personas que refiere. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Con las constancias descritas en la cuenta, fórmese el expediente 543/2022 para actuar en éste. Acúsese recibo al titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, del juicio de amparo 554/2022 de su estadística. Ahora bien, en razón de que el suscrito comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente, ya que efectivamente, este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer del presente asunto, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Se convalidan las actuaciones realizadas por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Asimismo, solicítese al citado órgano jurisdiccional tenga a bien instruir al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que vincule permanentemente el juicio de amparo 554/2022 de su estadística al expediente 543/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. Compensación. Realícese el trámite correspondiente en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de realizar el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Óscar Bethoben Segura Fuentes porque en relación a la determinación emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós en el toca civil 59/2022 por el cual, el magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca acordó que no había lugar a abrir el periodo probatorio ni admitir las pruebas documentales que ofertó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, puesto que no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto, en principio, debe señalarse que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa -en su escrito de demanda- se advierte lo siguiente: Ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, se encuentra radicado el juicio sumario hipotecario 251/2020 promovido por el quejoso en contra de la institución bancaria "HSBC MÉXICO", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC y Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. Seguido el trámite en dicho juicio, en relación a la petición realizada por Óscar Bethoben Segura Fuentes referente a la resolución del incidente de falta de personalidad, el juez de origen mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, determinó que no había lugar a dictar resolución en la citada incidencia, debido a que la misma se emitiría al momento de pronunciarse en la sentencia definitiva. En contra de dicho acuerdo, Óscar Bethoben Segura Fuentes interpuso recurso de apelación y fue turnada a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien la radicó con el progresivo de toca 59/2022. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada acordó que no había lugar a abrir el pleito a pruebas, ni a admitir las pruebas documentales que indica. [DETERMINACIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO] En ese orden de ideas, es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El tramo normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otro lado, el numeral inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Corte puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro siete, junio de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página treinta y nueve, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página mil ochenta y seis, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva, es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, debido a que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, como se narró anteriormente, la parte quejosa reclama de la determinación emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el toca 59/2022 por el cual, el magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca acordó que no había lugar a abrir el periodo probatorio ni admitir las pruebas documentales que ofertó. Empero, se trata de una violación dentro del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que puede o no trascender al resolverse el medio de impugnación en cita o al emitirse la sentencia correspondiente en el juicio de origen y de ser el caso, deberá hacerse valer contra el fallo que se dicte por el juez responsable, de resultar adverso a los intereses de la parte quejosa. En ese sentido, al tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos, el particular debe esperar hasta el dictado del fallo definitivo para poder combatir en la vía directa las violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de dicho fallo. Con base en lo anterior, debe establecerse que la determinación reclamada de veintinueve de abril de dos mil veintidós, no constituye actos de imposible reparación en la medida en que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, etcétera. Las consideraciones expuestas, han sido sostenidas en forma reiterada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 24/1992, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que al rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Lo mostrado patentiza que el acto impugnado no trae aparejado una ejecución de imposible reparación, sino que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que se reitera, podrán ser reparados si se dicta una sentencia favorable para los intereses de los promoventes del amparo. En esa línea, el hecho de que el Tribunal de Alzada haya determinado que no había lugar a abrir el periodo probatorio ni admitir las pruebas que ofertó, no puede conducir a considerar que se está frente a un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón de que no produce de manera inmediata una afectación material a un derecho sustantivo tutelado en la Carta Magna o en los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, sino la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o intraprocesales, porque puede ocurrir que el afectado obtenga un resultado favorable a sus intereses al momento de dictarse la sentencia en el juicio de origen, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hayan causado. Luego, si las actuaciones reclamadas no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser consideradas como actos que producen efectos de imposible reparación. Por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Óscar Bethoben Segura Fuentes, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados [en los términos indicados por la autoridad declinante] a las personas que refiere. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)
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