Óscar Cruz Cruz
Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Óscar Cruz Cruz
- Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 849/2022, promovido por *** contra de los actos que reclama del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, llevador de la carpeta de investigación ** I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso***, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó lo siguiente: "No he cometido delito alguno que amerite pena corporal. No obstante, lo anterior, el día uno de julio de dos mil veintidós, llegaron a mi domicilio bien conocido ubicado en el paraje Tierra Blanca, barrio San Nicolás, Tlaxiaco, Oaxaca, agentes del Ministerio Público suscritos la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, quienes me hicieron entrega de un oficio S/N, con número de carpeta de investigación ***, suscrito por el licenciado José de Jesús Santos Neri, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, diciéndome que les firmara un acuse de recibido, el mismo que debería dar cumplimiento en los términos que decía el oficio, de lo contrario me aplicaría uno de los medios de apremio que establece la ley, que podría ser un arresto hasta por treinta y seis horas. AI revisar el documento, del cual anexo, me percaté que se trataba de un oficio sin número, fechado el 28 de junio de 2022, mediante el cual refiere decretar, en la carpeta de investigación número ***, medidas de protección a favor del ciudadano JESÚS CRUZ, sin fundar ni motivar las medidas de protección contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor del denunciante. Como considero que éstas medidas de protección no se encuentran debidamente fundada y motivada, además de violar diversos derechos humanos del suscrito, es el motivo por el cual solicito el Amparo y Protección de la Justicia Federal". II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Óscar Cruz Cruz, por propio derecho, presentó demanda de amparo el quince de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados el contenido en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite; se registró bajo el número 849/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: La medida de protección dictada en la carpeta de investigación número 22519/FMIX/TLAXIACO/2022. La orden de arresto dictada en su contra. V. INEXISTENCIA DE UN ACTO La autoridad responsable rindió su informe justificado y respecto al acto reclamado consistente en "La orden de arresto dictada en su contra", negó su existencia en los términos siguientes: (.) Con lo que respecta al número "2.- la orden de arresto dictada en mi contra" sic es menester establecer primeramente que no existe una orden de arresto emitida por esta autoridad en contra del quejoso ÓSCAR CRUZ CRUZ, tomando en consideración de que del estudio literal que se hace del contenido de la medida se establece que en caso de no cumplir la medida "se le aplicará alguna medida de apremio" sin que con ello se pueda establecer que ya haya sido girado la orden de la que se adolece el quejoso, pues depende necesariamente la emisión de esta de la actitud que este tenga para con el cumplimiento de dichas medidas de protección es decir si el quejoso cumple con la medida no sería necesario la aplicación de algún medio de premio caso contrario en caso de no cumplirla. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a tal acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO En cuanto al acto reclamado señalado como: "La medida de protección dictada en la carpeta de investigación número 22519/FMIX/TLAXIACO/2022", al rendir su informe de ley, la autoridad ministerial aceptó la existencia como sigue: "Con lo que compete al número 1. La medida de protección dictada en la carpeta de investigación número 22519/fmix/tlaxiaco/2022, en el presente caso dicho acto fue emitido por esta representación social en los términos que menciona incluso desde este momento hago mía la copia que anexa por ser la misma que fue enviada por esta autoridad a la parte imputada dentro de la carpeta de investigación en el presente caso lo sería el ciudadano ÓSCAR CRUZ CRUZ, siendo esta medida fundada y motivada en las actos denunciados por la víctima el ciudadano JOSÉ CRUZ, siendo emitida de acuerdo a lo establecido en el código nacional de procedimientos penales en su numera 137 haciendo para ello un análisis de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad para emitir dicha medida esto tomando en consideración que tal como se establece del acto reclamado se encuentra e esta de investigación inicial la carpeta de investigación número 22519/fmix/tlaxiaco/2022 misma que se inició en contra de ÓSCAR CRUZ por la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de AMENAZAS Y DISPARO DE ARMA DE FUEGO cometido en agravio de JESÚS CRUZ.". Dicha certeza se corrobora con las documentales que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que del oficio sin número de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado, se advierte que en la carpeta de investigación número 22519/FMIX/TLAXIACO/2022 emitió un auto el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en el que determinó dictar en favor de JESUS CRUZ diversas medidas de protección consistentes en la limitación de asistir o acercarse al domicilio del a víctima o al lugar donde éste se encuentre incluyendo su trabajo y se le prohibió realizar conductas de intimidación o molestia o personas relacionadas con ellos, lo que incluyó llamadas telefónicas, mensajes de texto y en general cualquier comunicación mediante dispositivos electrónicos, por una duración de sesenta días, los cuales acontecieron del veintinueve de junio al veintiocho de agosto del año en curso; por ende, se estima que han cesado los efectos de ese acto reclamado. En consecuencia, resulta evidente la orden restrictiva de que se duele el peticionario, ha dejado de existir. Máxime que mediante diverso oficio sin número de cinco de septiembre de esta anualidad, la autoridad responsable informó que la medida de protección ha concluido y que a esa fecha, ni la víctima o su asesor jurídico promovieron la ampliación de dicho término, sin que fuera necesario ampliarlo de oficio. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad ministerial responsable. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó demanda de amparo el quince de julio de dos mil veintidós, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que la medida restrictiva de que se duele el peticionario, dejó de surtir efectos al haber transcurrido su vigencia de sesenta días, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la determinación impugnada si los efectos de la misma quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** respecto de los actos reclamados y autoridad responsable, por los argumentos que se esgrimen en los apartados V y VII de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlaxiaco, Oaxaca, por medio del cual informa que ha concluido la medida de protección y restricción decretada en contra del quejoso ********************, al haber transcurrido el término fijado, y que al día de hoy ni la víctima o su asesor jurídico han solicitado la ampliación de dicho término, sin que sea necesario ampliarlo de oficio. En consecuencia, para los efectos legales a que haya lugar, téngasele informando dicha circunstancia. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no tendrá conocimiento del contenido de la comunicación de cuenta, con la debida anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
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