Omar Velázquez Montero
Expediente 843/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Omar Velázquez Montero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio, por lo que se ordenó el archivó en el expediente en que se actúa y se indicó que es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental. Asimismo, de autos se desprende que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que el expediente en que se actúa era susceptible de depuración y carece de relevancia documental, lo cual resulta incorrecto, en virtud de lo indicado en el párrafo que antecede. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, se procede a regularizar el procedimiento, únicamente en cuanto a dejar sin efecto el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se determinó que el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa y se ordenó archivar el expediente como asunto totalmente concluido, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Omar Velázquez Montero, hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la copia certificada del expediente laboral 2093/2017, de su índice, el cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 843/2021-9, promovido por Omar Velázquez Montero, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado el veintinueve siguiente, Omar Velázquez Montero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 2093/2017, por el que se revoca la resolución de dos de marzo de dos mil veinte. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 843/2021-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante lista de acuerdos se llevó a cabo el emplazamiento de los terceros interesados (1) Elmes Superior, sociedad anónima de capital variable; (2) Mercadotecnia Tezontle, sociedad anónima de capital variable; (3) Electra del Milenio, sociedad anónima de capital variable; (4) Servicios Laborales y Ejecutivos, sociedad anónima de capital variable; y, (5) Grupo Proasa, sociedad anónima de capital variable. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 2093/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por el que se revoca la resolución de dos de marzo de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del referido expediente. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que, respecto del aludido acto reclamado, es improcedente la acción constitucional por actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo. Efectivamente, el primero de los numerales citados prevé en la fracción XXIII: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el ordinal 107 dispone en la fracción V: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Sobre el particular, el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye lo siguiente en su fracción III: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Máximo Tribunal del país estableció que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". La primera de ellas -fracción III- dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal, reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran, en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Asimismo, sostuvo que, esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso, para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos", afectados materialmente, revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, la suscrita considera que la determinación impugnada no produce la afectación material de un derecho sustantivo, por lo que no reviste el carácter de "imposible reparación". En efecto, el quejoso reclama el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 2093/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, el cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente: ". VISTO.- Se tiene a la vista el escrito de fecha 16 de junio de 2021, recepcionado ante esta autoridad con esa misma fecha, suscrito por la Lic. Cristel Guadalupe Mayo Gómez, en su carácter de apoderada legal de las demandadas del presente juicio, el cual se agrega a los autos del presente expediente para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el cual tiene anexo copia del escrito de fecha 13 de diciembre de 2019, recepcionado ante esta autoridad con esa misma fecha, así como del escrito de fecha 26 de febrero de 2020, recepcionado ante esta autoridad con fecha 28 de febrero de 2020, y enterado de su contenido se tiene al suscrito por hechas sus manifestaciones tal y como lo dejó asentado en el escrito de cuenta; por lo anterior esta autoridad laboral tiene a bien en realizar un estudio minucioso del presente expediente, del cual se advierte que por un error involuntario en el proveído de fecha 02 de marzo de 2020, se realizó la certificación del cierre de instrucción de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, siendo esto indebido, en virtud de que aún faltan pruebas por desahogarse, tan es así que la parte demandada dio cabal cumplimiento al termino concedido por esta autoridad en fecha 19 de noviembre de 2019, tal y como se desprende del escrito de fecha 13 de diciembre de 2019, recepcionado ante esta autoridad con esa misma fecha, suscrito por la C. LIC. CRISTEL GUADALUPE MAYO GÓMEZ, en su carácter de apoderada legal de las demandadas del presente juicio, mediante el cual proporciona el número de seguridad social correcto y completo del actor el C. OMAR VELÁZQUEZ MONTERO, siendo el 81129320511, razón por lo cual se regulariza el procedimiento únicamente por lo antes citado, dejando sin efecto la certificación del cierre de instrucción de fecha 02 de marzo de 2020, así como los términos para alegatos, con fundamento en el artículo 686 de la ley federal del trabajo, ordenándose llevar a efecto del desahogo de las pruebas que aún faltan por desahogar, las consistentes en el informe que deberá rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior se asienta y se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia de lo anterior se ordena girar atento oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectos de que se sirva informar respecto a la relación que existe entre el actor C. OMAR VELÁZQUEZ MONTERO, y la parte demandada, actor que cuenta con número de seguro social 81129320511, informe que deberá rendir en un periodo de tres días posterior a la recepción del oficio correspondiente.". Como se puede advertir, el acuerdo de mérito tiene como propósito la regularización del procedimiento, con motivo de la solicitud de la parte demandada en el juicio natural, en relación al desahogo de una prueba admitida. Por ende, dicha determinación no impide al aquí quejoso el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, esto es, no afecta materialmente un derecho sustantivo. En su caso, la afectación dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Pues, la consecuencia inmediata del acuerdo reclamado es que se continúe con el trámite del procedimiento laboral, el cual puede concluir con una resolución favorable al impetrante de amparo. En caso de que no lo sea, la resolución que se dicte, puede ser impugnada a través del juicio de amparo directo, en el que se analizará, como violación procesal, dicho actuar por parte de la responsable. Lo anterior, porque la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previenen los artículos 170 fracción I, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. Por las anteriores consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXIII del diverso 61 y 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por Felipe Sarracino de la Cruz e Ilse Alejandra García García, apoderados legales de los terceros interesados Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable, Servicios Laborales y Ejecutivos, sociedad anónima de capital variable, Grupo Proasa, sociedad anónima de capital variable, Elmex Superior, sociedad anónima de capital variable y Mercadotecnia Tezontle, sociedad anónima de capital variable; porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Omar Velázquez Montero, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
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