Omar Velazquez Montero

Expediente 1704/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1704/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Omar Velazquez Montero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2.Villahermosa, Tabasco, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de noviembre del año en curso, en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 2.RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Omar Velázquez Montero, contra el acto reclamado y la autoridad referida en el resultando PRIMERO, por las razones y motivos expuestos en el considerando CUARTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  3. Principal

    MESA 2. VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el apoderado y representante legal del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, quien acredita su personalidad con la copia certificada de la escritura pública número (59,718) cincuenta y nueve mil setecientos dieciocho, pasada ante la fe del licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Número Trece de la Ciudad de México; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la ley de la materia, se tiene a la autoridad ocursante, ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que en copia simple adjunta a su informe que se provee, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo; de las cuales se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. En cuanto a la prueba superveniente que anuncia, se proveerá lo conducente una vez que manifieste de cuáles se trata. Finalmente, como lo solicita la parte ocursante, hágase devolución de la escritura pública que exhibe, y entréguese a las personas que autoriza para ello, previa copia autorizada que quede en autos, así como constancia de recibido que otorguen.

  4. Principal

    MESA 2.VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, al que anexó el original del expediente de amparo 1072/2019-I de su índice, promovido por Omar Velázquez Montero, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en virtud que dicha autoridad estimó que es a este Órgano jurisdiccional a quien corresponde el conocimiento del presente asunto, al haber conocido previamente del diverso juicio de amparo 1347/2018, del índice de este Juzgado, promovido por Omar Velázquez Montero, contra actos emanados del expediente laboral 2093/2017, de la estadística de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; por lo que fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional bajo el número 1704/2019-2. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que proceda realizar la competencia relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito). Entonces, ya que se aceptó la competencia del asunto, se hace saber a las partes que el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, dictará la sentencia en el presente juicio de amparo, lo anterior a fin de que de estimarse necesario, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hagan valer alguna causa de impedimento. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Ahora bien, como de la revisión practicada a los autos, se advierte que el juez oficiante solicitó a la autoridad responsable rendir su informe justificado; sin embargo el mismo aun no obra agregado al presente expediente. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, de nueva cuenta pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01 (99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año; de igual manera, se le apercibe de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste, por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del año en curso. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos precedentes. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora, como de los autos se desprende que en el expediente returnado 1072/2019-I, se reservó proveer respecto de la parte tercero interesada en el presente juicio; este juzgado considera que no puede reconocérsele la calidad de tercero interesado a persona alguna en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sean su contraparte en el juicio natural, no tienen interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que éste es de carácter omisivo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizada a la persona que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito, ofreciendo como pruebas en el presente asunto la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, en todo lo que le favorezca, probanzas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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