Omar Sánchez Izquierdo

Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
217/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Omar Sánchez Izquierdo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de ocho de marzo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, dos discos DVD de audio y video, derivados de causa penal 17/2022, de su índice, el que adjuntó al informe justificado que rindió y como complemento al mismo, que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad responsable, mediante el cual informa que en audiencia de tres de marzo actual, en la causa penal 17/2022, se aprobó la suspensión condicional del proceso que se le instruye al aquí quejoso OMAR SANCHEZ IZQUIERDO. Asimismo, se realizó el pago de la reparación del daño a la víctima JOSE ARIAS MAGAÑA, por la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100M.N), de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase al Juez responsable anexando a su oficio un disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia citada, derivada de la causa penal 17/2022, por lo que resguárdese la constancia en disco compacto en la mesa de trámite de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; quedando a disposición de las partes para su consulta, en el entendido de que, si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, de lo anterior se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El artículo 61 establece: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Ahora, para esclarecer la actualización invocada, deviene relevante acotar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 220/2016, estimó que en los casos donde el imputado acepta la terminación anticipada del procedimiento punitivo, ya sea mediante acuerdo reparatorio o suspensión condicional, tal condición implica el consentimiento del contenido de la audiencia de tres de marzo de dos mil veintidós, en la que suspendió los efectos la medida cautelar impuesta en la causa penal 17/2022, por lo cual, como sucede en la especie, resulta improcedente la vía constitucional. El Alto Tribunal consideró que, con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció un nuevo sistema de justicia penal, que a su vez conlleva un cambio de paradigma que replanteó la administración de justicia en esa materia; se estableció que el procedimiento será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. Esa Primera Sala, consideró que la justicia restaurativa envuelve el volver las cosas al estado en que se encontraban antes del injusto, es decir, busca que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal propios de la justicia restaurativas que propone el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. En mérito de lo anterior, la superioridad estimó que, cuando el imputado suscribe alguno de los mecanismos alternativos referidos, expresa su venia respecto del auto de vinculación a proceso del que se trata, dado que si su voluntad efectivamente es la de concluir el proceso penal por medio de una solución alterna, tal condición estriba que acepta todos los efectos legales, entre ellos el acto que lo sujetó al procedimiento. De los razonamientos anteriores se desprende el criterio de jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, décima época, materia común, registro digital 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora bien, de autos se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió auto de vinculación a proceso en contra de OMAR SANCHEZ IZQUIERDO, por el delito de Lesiones en pandilla, cometido en agravio de José Arias Magaña. Luego, la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco con residencia en esta ciudad, informó que el tres de marzo de dos mil veintidós, en la causa penal 17/2022, que se instruye al aquí quejoso OMAR SANCHEZ IZQUIERDO, por el hecho que la ley señala como delito de Lesiones en pandilla, cometido en agravio de José Arias Magaña, se aprobó la suspensión condicional del proceso, imponiéndole las condiciones establecidas en el artículo 195, en sus fracciones I, II, III, IX y XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el imputado realizó el pago total de la reparación de daños a la víctima JOSE ARIAS MAGAÑA, en la sala de audiencias en una solo exhibición por la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100M.N); por lo que, se decretó que dicha suspensión del proceso tendrá una duración de seis meses. Lo antes expuesto pone en evidencia que el aquí quejoso aceptó ajustarse a la figura de la suspensión condicional, motivo por el cual deviene exactamente aplicable los razonamientos acotados en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) y por ende, debe considerarse que el quejoso consintió las condiciones para cumplir durante el periodo de suspensión condicional que dure el proceso. Por lo anterior, resulta lógico afirmar que el peticionario de amparo ya consintió el acto reclamado y, por ende, tal cuestión no puede ser analizada en esta vía constitucional, por lo que se actualiza en toda regla la causal de improcedencia invocada de oficio. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE ESTE AÑO. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveer al respecto el diverso oficio signado por la autoridad responsable, en virtud de lo acordado en párrafos que preceden. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Incidental

    En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las nueve horas con diez minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, día y hora señalados por este juzgado de distrito para que tenga verificativo la presente audiencia incidental; encontrándose presente Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistida de la secretaria Marseye Sánchez Bautista, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes. A continuación, se declara abierta la audiencia a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo. La Secretaria procedo a hacer relación de las constancias de autos consistentes en copia simple de la demanda de amparo, auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el cual se aperturó el presente incidente, proveído de veinticinco de febrero siguiente, en el que se señaló fecha y hora para la audiencia incidental y con el auto de uno de marzo actual, con el que se dio vista con los informes previos rendidos por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco y Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco . A lo que la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta y por rendidos los informes previos de las autoridades responsables, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con la documental exhibida por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, al rendir su informe previo, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza; asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: No habiendo pruebas pendientes por desahogar, ni promoción pendiente dirigida al presente expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 217/2022-4; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO: El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se aperturó el presente incidente de suspensión, en virtud de la demanda de amparo promovida por OMAR SÁNCHEZ IZQUIERDO, contra los actos que reclama del JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la causa penal 17/2022. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. Acepta el acto reclamado. 2 Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. Acepta el acto reclamado. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. ACEPTACION DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco y Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en el contenido de sus informes previos manifestaron que es cierto el acto que se les reclama, por lo que así deberá tenerse para los efectos de la presente suspensión. TERCERO. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, se considera conveniente referir que la naturaleza de la figura jurídica de la "suspensión" en el juicio de amparo, es el de una medida cautelar, esto es, que tiene como finalidad que de manera previa, se impida la realización del acto y objeto del juicio, que pueda causar un daño de difícil o imposible reparación para el quejoso. Así, la suspensión sólo es susceptible de otorgarse contra actos futuros que aún no se han ejecutado, pues de ésta manera se impide que puedan irrogar perjuicio al impetrante del amparo. Aplicando los anteriores lineamientos al caso que nos ocupa, se establece que los requisitos de procedencia para otorgar la suspensión, parten del supuesto de que el acto que se reclame sea susceptible de suspenderse, de lo contrario, por más que se surtan esos requisitos no podría concederse la medida cautelar ante la presencia de un acto que por su naturaleza no pueda ser suspendido. Lo anterior, salvo aquéllos casos en que el otorgamiento de la suspensión sea necesaria para mantener viva la materia del juicio o cuando los efectos del acto se prolongan en el tiempo. En ese orden de ideas, cabe reiterar que el impetrante reclama la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 17/2022, del índice de la autoridad responsable. Así, respecto del citado acto SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, toda vez que resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, por tratarse de un acto consumado; y, por tanto, su estudio será materia del fondo de la sentencia que en el juicio de amparo se pronuncie y no en el incidente de suspensión. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 910, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1029, del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte SCJN Novena Sección- Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN. No obstante lo anterior, y en razón de que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta que se encuentra privado de la libertad, en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco; en virtud de lo anterior, conforme a lo establecido por los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder la suspensión definitiva, para el efecto de que el quejoso OMAR SÁNCHEZ IZQUIERDO, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal en el lugar de su reclusión y a disposición del Juez de la causa por lo que hace al procedimiento que se le instruye; lo anterior hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en los autos del juicio principal del que deriva el presente cuaderno incidental. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5328, Tomo LXXVII, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto rezan: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en innumerables resoluciones, que la suspensión procede en todos los casos en que haya una restricción de la libertad personal, cualquiera que sea la gravedad del delito que se le imputa al quejoso y la duración de la pena correspondiente, porque el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece sin excepción alguna, la procedencia de la suspensión, respecto de los actos restrictivos de la libertad, para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, sólo en lo que aquélla se refiere, y a la autoridad que debe juzgarlo, por lo que toca a la continuación de procedimiento penal. Si el quejoso queda a disposición del Juez de Distrito, es para protegerlo no sólo en cuanto el ataque de la libertad, sino también en lo que se refiere a su integridad personal, a fin de evitarle todas aquellas molestias y maltratos que pudieran resultarle de su condición de preso, pudiendo otorgarle la libertad condicional, si procediere, y tomando las medidas de seguridad adecuadas para devolver al acusado al Juez de la causa, en caso de que no obtenga el amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO: Se niega a OMAR SÁNCHEZ IZQUIERDO, la suspensión definitiva que solicitó, por las autoridades señaladas en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO: Se concede a OMAR SÁNCHEZ IZQUIERDO, la suspensión definitiva que solicitó, por las autoridades señaladas en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese.

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