Omar Velázquez Montero
Expediente 530/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Omar Velázquez Montero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Omar Velázquez Montero; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 530/2021-5, promovido por Omar Velázquez Montero. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, consistentes en las siguientes: ? Copia simple del acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente 2093/2017 del índice de la junta responsable (foja 5). ? La instrumental de actuaciones (foja 4). ? La presuncional legal y humana (foja 4). Asimismo, con las constancias que la junta responsable anexó a su informe justificado consistentes en: ? Copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral 2093/2017, del índice de la junta responsable (fojas 17 a 19) Asimismo, con las constancias que la junta responsable anexó a su informe complementario consistentes en: ? Copia certificada del proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral 2093/2017, del índice de la junta responsable. Al respecto el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 530/2021-5, promovido por Omar Velázquez Montero, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial y en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido a este órgano jurisdiccional, por razón del turno, al día siguiente, Omar Velázquez Montero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de cerrar instrucción y dictar laudo en el juicio laboral 2093/2017. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11), se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 530/2021-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La omisión de la junta responsable de cerrar instrucción y dictar laudo en el juicio laboral 2093/2017, de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado (foja 16), negó la existencia del acto que se le reclama y remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 2093/2017, de su índice (fojas 17 a 19), a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sin embargo, resulta inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de cerrar instrucción y dictar laudo en el expediente 2093/2017 del índice de la junta responsable, no obstante que en proveído de dos de marzo de dos mil veinte (fojas 17), la secretaria de acuerdos certificó ordenó el cierre de instrucción; empero, en diverso proveído de dieciocho de junio del año en curso, la junta responsable regularizó el procedimiento, dejando sin efecto la aludida certificación de cierre de instrucción y los términos para formular alegatos en razón de que aún quedan pendientes por desahogar, consistente en el informe que deberá rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social. De lo antes expuesto, se evidencia que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no estaba en condiciones de decretar el cierre de instrucción y emitir el pronunciamiento relativo al dictado del laudo en el expediente laboral 2093/2017 de su índice. De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 1173 de la Ley de Amparo, el cual le fue notificado oportunamente, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna que demostrara que la aludida controversia laboral, al momento de la presentación de la demanda de garantías (veintisiete de mayo de dos mil veintiuno), se encontraba en aptitud de dictar el laudo, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 1194 del aludido ordenamiento 3Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. 4Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. jurídico. En efecto, el segundo párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo instituye que una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulara por escrito el proyecto de laudo. Como se puede apreciar, el presupuesto procesal indispensable para que surja la obligación de dictar laudo por parte de la responsable, es que se haya cerrado instrucción, lo cual a la fecha de la presentación de la presentación de la demanda aun no acontecía. Por el contrario, de las copias certificadas remitidas por la autoridad de mérito, se obtiene que no obstante que en proveído de dos de marzo de dos mil veinte (fojas 17), la secretaria de acuerdos certificó ordenó el cierre de instrucción; empero, en diverso proveído de dieciocho de junio del año en curso, la junta responsable regularizó el procedimiento, dejando sin efecto la aludida certificación de cierre de instrucción y los términos para formular alegatos en razón de que aún quedan pendientes por desahogar, consistente en el informe que deberá rendir el Instituto Mexicano del Seguro Social, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de mayo de dos mil veintiuno). Por ende, se considera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en cuestión, la autoridad responsable no se encontraba en aptitud legal de cerrar instrucción y dictar el laudo relativo. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926, cuy rubro y texto es: ACTOS OMISIVOS. CUANTO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 635 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales 5 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Omar Velázquez Montero, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, mediante el cual remite copia certificada del proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 2093/2017; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éste a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarla en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Notifíquese.
- Principal
mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 2093/2017, de su índice; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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