Omar Machado Sillas

Expediente 970/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
970/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Omar Machado Sillas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Actuario Judicial del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit; haciendo constar que se recibió por medio digital, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República de rubro: *** En tales condiciones, visto su contenido, téngasele manifestando a este juzgado federal que acepta la competencia declinada para conocer de la demanda que dio origen al presente asunto y acusa recibo del original del juicio de amparo 970/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por OMAR MACHADO SILLAS y otros; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruible. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Visto el libelo de amparo promovido por ***, contra los actos del DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", TEPIC, NAYARIT, y otra; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 970/2019. INCOMPETENCIA Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por ***, se advierte que señalan como autoridades responsables al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", TEPIC, NAYARIT, ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN y ENCARGADO DEL ALMACEN DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", TEPIC, NAYARIT; a quienes les reclaman lo siguiente: "1) Someternos a la humillación de tener que. Utilizar y Portar roPa Para Vestir y Calzado en muy mal estado. 2) el no querer ProPorcionarnos ropa Para vestir y Calzado nuevo que reemPlace la que Portamos y utilizamos en muy mal Estado.". Tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado anteriormente referido, se advierte que a este juzgado federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. Al respecto, debe destacarse que en conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado tenga ejecución será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que: a) Deba tener ejecución; b) Trate de ejecutarse; c) Se esté ejecutando; o, d) Se haya ejecutado. En el caso, los impetrantes reclaman la negativa de proporcionarles ropa para vestir y calzado nuevo que reemplace los que portan y utilizan pues están en muy mal estado, así como la negativa de que sus familiares se los proporcionen, lo que constituye un acto negativo con efectos positivos, que conllevan una ejecución material, por lo que para determinar la competencia del juez para conocer del asunto se debe atender al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, el acto reclamado. En esa tesitura, es necesario precisar que los quejosos de amparo refieren, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran recluidos en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE" EN NAYARIT; por ende, es inconcuso que la ejecución del acto que tildan de inconstitucional, se surte en aquella entidad federativa y, en consecuencia, tiene que conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: PC.XVI.P. J/3 P (10a.), visible en la página 2124 décima época del Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. Por tanto, al consistir el acto reclamado en la negativa de proporcionarles ropa para vestir y calzado nuevo que reemplace los que portan y utilizan, así como la negativa de que sus familiares se los proporcionen, esto es, un acto negativo con efectos positivos, cuya ejecución material tiene lugar en donde los inconformes guardan prisión; por tanto, es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que los quejosos se encuentran recluidos, en el caso, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, de conformidad en los acuerdos segundo, fracción XXIV, y cuarto, fracción XXIV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, el original del presente juicio de amparo. Máxime que en el caso, el acto reclamado y su ejecución son atribuidos únicamente a autoridades residentes en aquella entidad. Asimismo, se solicita al homólogo federal se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y, una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", CON SEDE EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit, para que en auxilio de la labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique personalmente el contenido del presente proveído a los quejosos, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CUATRO "NOROESTE", CON SEDE EN EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos ***, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación "Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla", así como el número de expediente -juicio de amparo 970/2019; d) Les notifique el presente acuerdo; e) Les corra traslado con copia del presente acuerdo; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso, como corresponda, quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. Solicitándole que, una vez que se encuentre diligenciada dicha comunicación, remita a este juzgado por la misma vía. Se solicita al juez exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al servidor público encargado de practicar la notificación ordenada en este proveído, para que de ser necesario la realice aun en días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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