Omar Heriberto Sánchez Zepeda
Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Omar Heriberto Sánchez Zepeda
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de abril de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra los actos de la agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla (Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Atlixco); fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número ********************. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: Único.- Se reclama la falta de emisión acuerdo o determinación alguna sobre la solicitud de devolución de la unidad de mi propiedad ******************** del Estado de Puebla, causando de tal manera una dilación injustificada. Sin embargo, contra dichas omisiones el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, en el caso, acordar el escrito formulado por el quejoso el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el que solicitó se le devolviera el bien mueble que aduce es de su propiedad. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la falta de respuesta al escrito formulado por el quejoso el veintidós de julio de dos mil veintidós no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no puede reclamarse de manera autónoma. Sirve de apoyo a lo anterior por la Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2008884, Instancia: Primera Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el quejoso no implica que se le esté vulnerando algún derecho fundamental, debe desecharse la demanda respecto de dicho acto, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver, porque no se advierte la afectación real y directa de un derecho, en tanto que, conforme al criterio transcrito, no está en aptitud de reclamar de manera autónoma la omisión de respuesta en términos del artículo 8o. constitucional, puesto que las reglas que rigen esa etapa del procedimiento penal son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido. Entonces por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a ******************** y********************en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por estar debidamente registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas y a las demás personas que indica, solo para recibir notificaciones personales, por así haberlo manifestado expresamente. SE NIEGA ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con relación a su solicitud de que se le permita el acceso al expediente electrónico, se le hace saber que una vez que proporcione el usuario respectivo, este juzgado estará en condiciones de proveer sobre su petición SE NIEGAN NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. INVITACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Se invita a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, debe realizar los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra los actos de la agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla (Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Atlixco); fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número ********************. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: Único.- Se reclama la falta de emisión acuerdo o determinación alguna sobre la solicitud de devolución de la unidad de mi propiedad ******************** del Estado de Puebla, causando de tal manera una dilación injustificada. Sin embargo, contra dichas omisiones el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, en el caso, acordar el escrito formulado por el quejoso el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el que solicitó se le devolviera el bien mueble que aduce es de su propiedad. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la falta de respuesta al escrito formulado por el quejoso el veintidós de julio de dos mil veintidós no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no puede reclamarse de manera autónoma. Sirve de apoyo a lo anterior por la Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2008884, Instancia: Primera Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el quejoso no implica que se le esté vulnerando algún derecho fundamental, debe desecharse la demanda respecto de dicho acto, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver, porque no se advierte la afectación real y directa de un derecho, en tanto que, conforme al criterio transcrito, no está en aptitud de reclamar de manera autónoma la omisión de respuesta en términos del artículo 8o. constitucional, puesto que las reglas que rigen esa etapa del procedimiento penal son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido. Entonces por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a ******************** y********************en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por estar debidamente registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas y a las demás personas que indica, solo para recibir notificaciones personales, por así haberlo manifestado expresamente. SE NIEGA ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con relación a su solicitud de que se le permita el acceso al expediente electrónico, se le hace saber que una vez que proporcione el usuario respectivo, este juzgado estará en condiciones de proveer sobre su petición SE NIEGAN NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. INVITACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Se invita a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, debe realizar los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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