Omar Hernández Hernández

Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
401/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Omar Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Con relación al cuaderno incidental, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DEL BILLETE Finalmente, se advierte que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo fue exhibida garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional otorgada a la parte quejoso en auto de cuatro de mayo del año en curso, y dado que se ha ordenado el archivo como totalmente concluido en el presente asunto; se ordena devolver el billete de depósito N 878473 expedido por Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. que ampara la cantidad de DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. Ello así, pues en la especie no es aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, pues con los billetes de depósito en comento no se garantizó daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar sino, como se dijo, en dicha interlocutoria, la exhibición de la aludida garantía fue un requisito de efectividad impuesto con la finalidad de que la parte quejosa no se sustrajeran de la acción de la justicia con motivo de la orden de búsqueda, detención, aprehensión, localización y presentación, así como su ejecución, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se llegará a dictar en el presente asunto, como en la especie ha ocurrido, de manera que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la devolución de los billetes pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que, previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de la misma es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía, manifieste lo que a su interés convenga y, en el caso, como se dijo, con el otorgamiento de la medida cautelar, dicha garantía fue un requisito de efectividad impuesto con la finalidad de que la parte quejosa no se sustrajeran de la acción de la justicia y no la de garantizar daños y perjuicios. En tales condiciones, requiérase al quejoso OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, para que comparezca a recoger el billete de depósito N 878473, expedido por Bansefi, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. que ampara la cantidad de DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, apercibido que en caso de no comparecer en el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, la cantidad que ampara el aludido billete se entenderán prescritos a favor de la Tesorería de la Federación y se ordenará su remisión para que su importe sea ingresado al Erario Federal. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que interesa la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala 1a./J. 68/2008, visible en el Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 377, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO).La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." Empero, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la diligencia de devolución de billete, no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la parte quejosa o por conducto de su autorizado, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 32 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para consultar expedientes, donde a su vez se le permitirá que la persona a cuyo nombre la solicita y en su caso otra persona autorizada en el expediente ingrese al órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ++, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. PEDIMENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Glósese a los autos el pedimento de amparo del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito a este juzgado; con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce. Visto su contenido, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, téngase realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS Por otro lado respecto de su petición de que se le expidan copias certificadas de la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, así como del auto que la declare ejecutoriada, dígasele que mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se le dio acceso al expediente electrónico; por lo tanto, con fundamento en el artículo 36, párrafo segundo del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, al tener acceso al expediente electrónico ello le permite descargar en su equipo de cómputo copias de las constancias que obran en el expediente, las cuales son consideradas copias certificadas electrónicamente, siempre que incluyan la evidencia criptográfica, por lo que en su momento procesal oportuno podrá obtenerlas por ese medio.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del , recibido vía correo electrónico, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace constar que el oficio de cuenta se recibió vía correo electrónico oficial, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." RAZÓN ACTUARIAL Por otro lado, vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado federal, quien informa el motivo por el que no le fue posible notificar el oficio de cuatro de mayo del año en curso, siguiente: 19852/2021 DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALIÁ GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) En virtud de que el motivo que informa el actuario como imposibilidad para emplazar a esa autoridad atañen a que la denominación de ésta es inexistente, con la misma dese vista al quejoso por el plazo de tres días, bajo el apercibimiento que de que si omite corregir o aclarar el nombre de las autoridades antes citadas o no demuestra que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistentes. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial siguiente: Registro digital: 2021029 Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 153/2019 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 440. Tipo: Jurisprudencia. De rubro y texto: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió. ESCRITO AUTORIZADO DEL QUEJOSO En otro orden de ideas, intégrese al expediente en que se actúa el escrito de JESÚS DANIEL MARTÍNEZ PÉREZ, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden, lo anterior para los efectos legales correspondientes.

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